La grave emergencia sanitaria que se extiende en el mundo y en nuestro país, pone en el centro de las miradas las problemáticas de la vida urbana, y la construcción de ciudad desarrollada en las últimas décadas.
Ante el agravamiento de la crisis sanitaria entrelazada con la crisis habitacional y ambiental que viven los sectores populares en particular los más pobres, luces rojas se encienden reclamando reflexión y posicionamiento.
En nuestro país, en los barrios populares (más de 4.400 relevados en el año 2017 por las organizaciones sociales) se acumulan miles de familias en las periferias de pueblos, de las principales ciudades, en los bordes del Área Metropolitana y en las zonas degradas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, viviendo en condiciones de pobreza, indigencia, hacinamiento y precariedad habitacional, sin terrenos propios, sin infraestructura, sin vivienda y sin un trabajo estable.
Los necesarios cuidados de distanciamiento e higiene, claves para garantizar la salud y la vida de millones, presentan grandes dificultades en pequeñas viviendas sin espacio disponible, sin infraestructura de agua y cloacas, con luz con medidor, en las que conviven varias generaciones y familias y en barriadas con precarios sistemas de salud pública.
hay 4.400 barrios populares en nuestro país
Un 40% de la población está debajo de la línea de la pobreza, más de la mitad de les niños del país son pobres y una de cada diez personas no tiene lo básico para sobrevivir. La desigualdad y la pobreza están íntimamente ligadas y se agudizó la crisis habitacional en los últimos años.
La contracara son los inmuebles-mercancía vacíos, producto de la especulación inmobiliaria; que, solo en la ciudad de Buenos Aires ascienden a 138.238, según reconoce el gobierno local.
Esta situación evidencia que las problemáticas de vivienda y hábitat son uno de los principales asuntos sociales pendientes de resolución, las barriadas populares y los asentamientos y villas son expresión de la desigual lucha de los pueblos del mundo por tener o mantener un lugar donde vivir y trabajar, ante la ofensiva anti-popular de las últimas décadas que han avasallado logros, conquistas y derechos ganados con años de reclamos y movilización popular.
Según datos de CEPAL (2018), en promedio, en 2017, el 21% de la población urbana en América latina y el caribe vivía en vivienda precaria, ello representa más de 100 millones de personas viviendo en asentamientos vulnerables urbanos.
solo en la ciudad de Buenos Aires hay a 138.238 inmuebles-mercancía vacíos
El derecho a la vivienda adecuada es hoy una cuestión de vida o muerte. Según definiciones de la Naciones Unidas, el derecho “a disponer de un lugar donde poder abrigarse si se desea, con espacio, seguridad, iluminación y ventilación adecuadas, infraestructura básica y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable”, y “el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos”.
Y es hoy uno de los derechos democráticos más violados del mundo, derecho que solo puede garantizarse entrelazado con el derecho al trabajo, a la educación, a la alimentación que son necesarias para garantizar la salud y la fortaleza inmunológica.
“Los habitantes que habitualmente carecen de agua limpia y saneamiento no pueden distanciarse socialmente y no tienen alimentos y una nutrición saludable para mantener el sistema inmunológico fuerte. La crisis nos recuerda que la vivienda, la alimentación y la nutrición adecuadas, el agua potable, el saneamiento, un medio ambiente sano y la asistencia sanitaria son necesidades humanas universales y, por lo tanto, derechos humanos” (HIC, 2020).
Dos tareas con perspectiva de futuro: identificar y llevar adelante respuestas a la crisis y emergencia generada por la COVID-19; y ahondar en las causas de esta situación con la perspectiva de un cambio estructural del contexto de desigualdades y segregación en las ciudades, y de reconfiguración del territorio en función de las necesidades nacionales y populares, uniendo a las trabajadoras y los trabajadores y al conjunto del pueblo para una estrategia con perspectivas de emancipación social.
a) Cuidar el barrio: el pueblo toma la lucha por la salud en sus manos.
En los barrios y asentamientos de vivienda precaria, con habitantes de bajos ingresos y/o informales, enfrentar la pandemia radica enfrentar múltiples situaciones de vulnerabilidad que se entrelazan necesitando estrategias de cuidado particulares ya que las recomendaciones para prevenir los contagios (lavarse las manos, aislarse a sí mismo y físicamente mantener distancia) no se pueden cumplir.
Abordar “la vulnerabilidad epidemiológica -que refiere a las condiciones de vida prexistentes-, la vulnerabilidad de transmisión -que refiere a la capacidad de realizar de modo efectivo el distanciamiento social y a la infraestructura de higiene existente-, la vulnerabilidad del sistema de salud -vinculada a la capacidad de atender en cuidados intensivos- y la vulnerabilidad de las medidas de control – asociada a los fallos derivados de las medidas de protección social» (Social Science in Humanitarian Action. SSHAG, 2020), requiere constituir comités de crisis barriales, que articulando las organizaciones populares locales (juntas vecinales, delegados de manzana y barrio, escuelas, salas de salud, clubes, etc.) con las autoridades municipales y con programas y políticas públicas apropiadas, realicen de un diagnóstico con democracia participativa para “cuidar al barrio” en su conjunto, creando en colectivo con dicha comunidad.
Compleja tarea que aun en las difíciles condiciones, llevan adelante miles de vecinos, familias y organizaciones populares con comedores, merenderos, ollas populares, limpiezas colectivas, identificación y apoyo de los más vulnerables, son un importantísimo ejemplo, que se suma a la solidaridad entre sectores del pueblo.
Se vuelve urgente: el mejoramiento de las condiciones de los barrios articulando programas que remuneren a las personas que se ocupan de los cuidados y a los equipos que trabajen en la construcción de infraestructuras y equipamientos; se provea de vivienda de emergencia, adecuación de vivienda temporal y suspensión de desalojos.
Y tomar medidas extraordinarias, declarando al Sistema Sanitario de interés público, para brindar «un tratamiento igualitario para todos los argentinos» durante la pandemia.
Las acciones a tomar en esta emergencia pueden y deben ser un punto de partida para construir una política a largo plazo que revierta la precariedad en la que viven miles de personas.
b) Causas estructurales y políticas antipopulares.
La pandemia que aparece como una crisis primordialmente urbana, pone en foco las graves condiciones de vida de nuestro pueblo, obliga a repensar las formas de urbanización.
Las causas estructurales profundas del problema de la vivienda y el hábitat en nuestro país, lleva la marca de un país dependiente y saqueado, que han modificado y ordenado el territorio y el hábitat rural y urbano, en función no de los intereses y necesidades populares y de independencia nacional, sino de los intereses de los grandes propietarios de la tierra rural y urbana, y de las corporaciones de negocios ligadas al capital financiero entramado con el capital extranjero.
Entrelazando políticas económicas extractivistas de «desarrollo» de la Argentina, la desertificación del campo producto de la concentración de la propiedad de la tierra rural que requiere la hiper-especialización sojera, y la urbanización «salvaje» con crecimiento urbano excluyente y desigual producto de la concentración de la propiedad de la tierra y los inmuebles que ha desarrollado la ciudad como objeto de especulación inmobiliaria, han modelado el hábitat urbano y rural al son de sus intereses y necesidades.
Todo enmarcado en procesos de densificación de las ciudades llevadas adelante por políticas públicas a lo largo de los últimos 40 años. Un hacinamiento planificado con la justificación pretendida de mejorar las condiciones ambientales.
El área metropolitana Buenos Aires, expresando en sus formas la historia de este desarrollo deformado, creció un 70% en los últimos 40 años a expensas del despoblamiento de otras áreas del territorio nacional. Recibiendo en promedio cada 7 años una población equivalente a la ciudad de Rosario, reúne hoy 15 millones de personas –más del 35 % de la población total del país- en una pequeñísima parte de su territorio. Proceso que también ha impactado en las ciudades intermedias del país.
Final abierto…¿Qué hay que cambiar?
Estos son momentos en que las sociedades se ponen en suspenso. Todas las respuestas y todas las maneras que hasta este momento se daban por válidas, empiezan ser discutidas, y otras que se descartaban cobran validez.
Encarar una solución efectiva y de largo plazo a un problema que sigue siendo acuciante requiere un programa que ataque las bases estructurales que diariamente recrean condiciones que expulsan a cientos de miles de su derecho a la ciudad mientras siguen volcando a la gran urbe nuevos cientos de miles provenientes del GBA, de las provincias o de países hermanos en busca de trabajo o de mejores condiciones de vida.
Esto hay que revertirlo y la reflexión y posicionamiento sobre lo que visibiliza la pandemia es una oportunidad. Si no hay políticas de tierras, producción y condiciones de vida en el campo para mantener el arraigo y por el contrario se empuja al éxodo y en las ciudades no hay banco de tierras nacionales, provinciales y municipales, ¿adónde se van a asentar los pobladores que viene expulsados del campo?
Se requiere otro urbanismo, sobre otras bases sociales y al servicio de los intereses nacionales y populares.
Hay que volver a pensar en una reforma urbana profunda, no especulativa, que respete los derechos ambientales adquiridos y de identidad de los barrios, articulada con política progresiva que vaya abandonando el monocultivo de la soja y los agro negocios hacia una reforma agraria para una producción agroecológica de alimentos, a escalas medianas y micro que reviertan el éxodo del campo y de relocalización industrial, anti monopólica, extendiendo la fronteras industriales al interior, recreando la red siderúrgica impulsada y controlada por el Estado, reactivando y modernizando la red ferroviaria y ferro portuaria.
