Por Pablo C.(*)
Como es sabido, la semana pasada Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, anunció su intención de cobrarle a los extranjeros que utilicen el sistema público de salud, presentando en la Legislatura provincial un proyecto en ese sentido. Rápidamente recibió el apoyo del gobierno nacional, en la voz de Marcos Peña, que calificó de “valiente” la iniciativa xenófoba de Morales y planteó que esa medida debería tratarse en el Congreso y extenderse a todo el país. Casi inmediatamente, legisladores de Cambiemos presentaron un proyecto de ley que contempla “un régimen de reciprocidad, compensación y arancel para extranjeros no permanentes que usen los servicios de salud”, agregando además la “la educación universitaria”.
El sistema de salud público en Argentina tiene muchas falencias, producto de las políticas de vaciamiento y privatización que viene sufriendo desde hace años y que ha profundizado el macrismo. La atención se mantiene gracias al esfuerzo, la dedicación y la lucha de los trabajadores, tanto profesionales como no profesionales de la salud. Sin embargo, el gobierno y sus aliados intentan echarle la culpa a los extranjeros de la crisis del sistema de salud y la falta de recursos tanto en hospitales como centros de salud. Quieren ocultar el tremendo ajuste que vienen aplicando en salud. En 2017 el gobierno recortó 2 mil millones de pesos del Programa de Atención a la Madre y al Niño, 200 millones a atención en el territorio, se dio de baja en distintas jurisdicciones del Programa Médicos Comunitarios, además de los despidos en el Hospital Posadas, por contar algunas.
Se utiliza al extranjero, de países hermanos, como chivo expiatorio. Si bien el proyecto hable de “extranjeros no residentes” en general, en las argumentaciones se habla de los que vienen de países limítrofes, principalmente Bolivia y Paraguay, generalmente trabajadores pobres que buscan acceder a una mejor atención de salud. Sin embargo, hay pocos datos sobre el real impacto económico sobre el sistema de salud que tiene la atención de extranjeros. Según la Encuesta de Protección y Seguridad Social, el 4,6% de la población son inmigrantes y, de ellos, el 4% se atendieron en el último año en hospitales o centros de salud públicos. Hay que destacar que la gran mayoría son residentes que trabajan y viven en nuestro país, por lo que además pagan IVA y otros impuestos. Pero el gobierno de Cambiemos decidió llevar el tema a un conflicto diplomático con Bolivia.
Si el gobierno lograra hipotéticamente imponer una distinción de nacionalidad al momento de la atención en los hospitales públicos, no se resolvería ninguno de los problemas de la salud pública. Por el contrario, se abriría la posibilidad de restringir la atención por otros motivos. Por ejemplo: el gobierno macrista desde hace años que intenta sin éxito que los habitantes del gran Buenos Aires –extranjeros o argentinos– no se atiendan en los hospitales de la CABA (para lo que ha inventado la Cobertura Porteña de Salud). Pero la atención a todas las personas que acuden a nuestros hospitales o centros de salud, sin distinción de nacionalidad ni de ningún otro tipo, es una característica de nuestro sistema público de salud que nos enorgullece y que hay que defender.
(*) Médico.
