El viernes 4, el Presidente Alberto Fernández -junto a la Ministra de Seguridad Sabina Frederic, el Gobernador Axel Kicillof, el Ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni e Intendentes de la provincia- dio a conocer los detalles del Programa de Fortalecimiento de Seguridad para el Conurbano en el que se destinarán 38.000 millones de pesos para los distritos bonaerenses del AMBA, donde se incluirán 10.000 nuevxs policías; 2.200 nuevos móviles policiales; 4.000 «Paradas Seguras»; 12 Unidades Carcelarias y 3.957 nuevos efectivxs de las Fuerzas Federales en el Gran BuenosAires.
Así se profundiza un esquema que busca atender a un reclamo de «mayor seguridad» y no desentona con el esquema de Patricia Bullrich de «saturar para garantizar la seguridad ciudadana», que resultó en un gran fracaso porque no solo no disminuyó el delito, sino que se acentuó. Ese esquema fue denunciado por el propio Axel Kicillof en la campaña electoral.
Como bien señala la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), «con la incorporación de esos 10.000 nuevxs bonaerenses, (…) la policía de la provincia de Buenos Aires superará lxs 102.000 efectivxs, particularmente desplegadxs en los partidos del conurbano. Si a eso agregamos lxs 4.000 integrantes de Fuerzas Federales, estamos frente a una tropa combinada de tal envergadura que superará los 1.000 uniformadxs armadxs cada 100.000 habitantes y convierte a la provincia en el lugar con más proporción de efectivxs en las calles del mundo».
Se refuerza un paradigma donde no se ataca la desigualdad social que genera marginalidad, sino que por el contrario se «estigmatiza» al pobre y la juventud. No se aplica una política integral de generación de trabajo masivo registrado y con salarios dignos para que lxs jóvenes se incorporen al mercado laboral, achicando el radio de acción de aquellos que delinquen. No se prepara una batalla cultural que acompañe semejante desafío de cambio de estructura económica.
El marco de este anuncio no es otro que el crecimiento de la pandemia que profundizó las desigualdades sociales y las condiciones de vida del pueblo. La pobreza se acrecentó y son lxs sectores reaccionarios los que piden mano dura y saturan a través de los medios de comunicación hegemónicos instalando «el crecimiento de la inseguridad». El gobierno cede a esa presión, militariza y da más poder a personajes como Sergio Berni que promueve la mano dura para con lxs pobres y reclamos populares en esos medios hegemónicos.
El Gobierno se ha unificado en condenar las ocupaciones de tierras como un delito, igualándolas con los ladrones o narcotraficantes, como si Mariela Ordoñez de 38 años con tres hijxs cargando a las dos de la mañana en la ocupación de Solano con frío y sin comer, se dedicaría al «curro» inmobiliario.
El gobierno vuelve a mirar encuestas en modo electoral, pero no mira que también hay otras que dicen que la mayor cantidad de efectivos no resuelven la inseguridad, todo lo contrario. Vuelve a ponderar a una institución que no solo no garantiza la seguridad, sino que muchxs de sus efectivxs están manchadxs con las desapariciones y asesinatos como el de Facundo Castro, el narcotráfico y el gatillo fácil.
Esta «nueva normalidad» atrasa. Nos rompimos el alma en la lucha y en el trabajo del Frente de Todxs para superar el período nefasto de Juntos por el Cambio y emprender otros caminos, empoderando a la juventud y no poniéndoles en la calle más represión y verdugueo.
Con 38 mil millones de pesos se podría empezar caminar en la creación de trabajo y educación para lxs pibxs, para sacarlxs de la calle. Si le sumamos lo que se recaude del impuesto a las grandes fortunas, sería un buen comienzo, sin dudas. También sería un buen comienzo para empezar la construcción de viviendas en vez de cárceles o ampliar comisarias. Sería un buen comienzo poner en discusión un plan productivo y no un plan de seguridad.
Sería un buen comienzo empezar a pensar soluciones estructurales que son las que necesita nuestro pueblo y no más de lo mismo.