Más de doscientas organizaciones sociales, colectivos, asambleas, espacios universitarios y políticos presentaron un manifiesto en rechazo al actual proyecto del Código Urbanístico y del Nuevo Código de Edificación y su tratamiento mientras fue elaborado y que se proponen tratar en la Legislatura porteña. Y proponen una Planificación Ciudadana, participativa e integral basada en el Derecho a la ciudad.
En marzo de 2017, organizaciones de la ciudad se vieron obligadas a presentar un amparo reclamando un tratamiento participativo e integral de las modificaciones de los instrumentos legales que rigen la construcción en la ciudad, que el gobierno de Rodríguez Larreta elaboraba a puertas cerradas y solo con los referentes de las grandes empresas constructoras, desarrolladores e inmobiliarias. Esto los obligó a armar, durante el año, una serie de reuniones no vinculantes en distintos espacios para “hacer como que” se consultaba a los “vecinos de la Ciudad”. Estos días ingresaron a la Legislatura los proyectos oficiales para ser tratados y aprobados.
El rechazo al proyecto
El rechazo y la petición de la suspensión del tratamiento de los proyectos de ley del Código Urbanístico y del nuevo Código de Edificación reúnen el cuestionamiento por los aspectos democráticos de la forma de su tratamiento y por el contenido de sus propuestas:
• Sin participación: “no surgieron de un participación ciudadana real, adecuada y eficaz tal como lo establece la Constitución de la Ciudad y el Plan Urbano Ambiental. Son una clara muestra de la falta de reconocimiento de las aspiraciones de la comunidad”.
• Sin un diagnóstico participativo e integral. No contempla: la crisis ambiental y habitacional, las privatizaciones y ventas de inmuebles públicos, el colapso de los servicios públicos, el proceso de inquilinización y de gentrificación expulsando a la población de sus barrios, la concentración del suelo en menos manos, la desigualdad y fragmentación como consecuencia de la privatización y la mercantilización de la vida urbana, las dificultades de las economías populares, y los efectos negativos de la desregulación y especulación inmobiliaria, entre otros.
• Impulsa la concentración de la población metropolitana en la ciudad, aumentando la capacidad constructiva de los lotes en forma genérica proponiendo que la habiten 6 millones de habitantes. Legaliza los permisos de obras ilegales otorgadas en la última década. Garantiza la seguridad jurídica y judicial a las desarrolladoras inmobiliarias. Incrementa el precio del suelo y de los alquileres alentando y manteniendo las desigualdades que expulsan a los habitantes.
• Consolida los intereses de grandes proyectos inmobiliarios en terrenos públicos de la ciudad y nacionales, el sacrificio de espacios verdes públicos, la privatización de los servicios públicos, el vaciamiento del banco de inmuebles de la ciudad, y la pérdida de la diversidad cultural, patrimonial y de la identidad de los barrios. Avanza con la transformación de la ribera del Riachuelo con construcción suntuosa de gran altura.
• Abandona su rol de resguardo de la habitabilidad y accesibilidad: se permiten viviendas y escuelas con dimensiones críticas y no se exige accesibilidad en el ingreso de comercios.
El rechazo fue creciendo y asambleas y colectivos, apoyados por cátedras y profesionales, organizaron talleres que fueran recogiendo las problemáticas, expectativas y propuestas de los vecinos de los barrios. Así, con la más amplia unidad de organizaciones sindicales; civiles y profesionales, asambleas, espacios universitarios, organizaciones territoriales y sociales, medios vecinales y partidos políticos, se presentó este manifiesto en rechazo al actual proyecto del Código Urbanístico y del Nuevo Código de Edificación y se sigue coordinando para impedir su aprobación.
Corresponsal
