El lunes 25 de noviembre se conoció el fallo del Tribunal Penal Colegiado Nº2 de Mendoza que condenó a los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho a 42 y 45 años de prisión por abuso de menores hipoacúsicos. El jardinero Armando Ramón Gómez, empleado del Instituto, recibió 18 años.
La sentencia llega al cumplirse tres años de la terrible denuncia de los abusos sexuales cometidos por los curas y empleados del Instituto a estudiantes sordomudos e hipoacúsicos que concurrían allí.
El 5 de agosto comenzó el proceso que luego de casi 50 jornadas, con la participación de psicólogos, psiquiatras, intérpretes de lenguaje de señas, finalizó con el veredicto para los acusados de «de abusar y corromper a once chicos sordos en el Instituto Antonio Provolo».
Los casos denunciados ocurrieron entre el 2005 y el 2016, las víctimas en ese entonces tenían entre 5 y 17 años. Los abusadores aprovechaban que la mayoría de los chicos provenían de pueblos alejados, o de otras provincias, y eran dejados como pupilos por sus familias
A la espera de la elevación a juicio se encuentran dos expedientes en los que están acusados dos monjas y el personal administrativo y docente del Instituto. Las dos monjas Kosaka Kumico y Asunción Martínez pertenecen a Las Hermanas del Huerto, se encargaban de la docencia en la infancia y eran las encargadas del albergue de los niños. Las religiosas son acusadas de violencia, golpes, malos tratos y de participar activamente en los abusos sexuales contra niños y niñas.
A la espera de la elevación a juicio también se encuentran: Graciela Pascual, representante legal del instituto, Cecilia Raffo, psicóloga, Noemí Paz, cocinera y las ex directoras del instituto Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Cristina Leguiza y Laura Gaetán. En algunos casos con la imputación de “omisión de denuncia” agravada por su responsabilidad al cuidado y guarda de los niños y niñas que concurrían al Instituto mendocino.
En algunos casos, la imputación de los directivos es por “omisión de denuncia», porque todos los directivos pudieron haber accionado ante estos delitos aberrantes.
Complicidad de la Iglesia Católica
La gravedad y trascendencia de los hechos sucedidos en el “Provolo” desnuda una práctica habitual en la Iglesia Católica, frente a las denuncias de violencia, acoso y abuso de sus religiosos. En este caso el rol que tuvo la Iglesia Católica la señala como encubridora, al trasladar a otras sedes a los curas abusadores.
El cura Corradi ya había sido acusado por delitos similares en Verona, en el Instituto de dicha ciudad. De allí fue trasladado al Instituto Provolo de la Ciudad de La Plata en la década del 80, donde también está imputado por delitos de abuso sexual por la justicia de la provincia de Buenos Aires. Finalmente fue trasladado a la provincia de Mendoza en la década del 90. Estos cambios de locación muestran la estrategia y el accionar de la Iglesia frente a las denuncias de curas abusadores.
La protección, las prácticas de ocultamiento y complicidad en los casos de abuso sexual por parte de la Iglesia Católica siguen vigentes.
