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Francia, movilizada contra la reforma laboral antiobrera

Desde hace más de dos meses, en toda Francia el movimiento obrero y los estudiantes vienen librando una dura pulseada contra el gobierno socialdemócrata de Francois Hollande. Se trata de impedir la aprobación de la reforma laboral ultrarreaccionaria y antiobrera con que el gobierno, a través de la ministra de Trabajo Myriam El Khomri, pretende descargar los efectos de la crisis económica mundial sobre la clase obrera y sobre la juventud trabajadora en general (ver recuadro). En Francia la crisis ya provocó una desocupación de más del 10% de la población activa.

Una verdadera ola de huelgas, marchas y protestas obreras y estudiantiles sacuden a París y las grandes ciudades de Francia. Varias de ellas desembocaron en duros enfrentamientos contra la represión policial. El jueves 26/5 se movilizaron 300.000 personas en todo el país. Los trabajadores salieron a cortar rutas, bloquear refinerías de petróleo y ocupar centrales eléctricas nucleares. Al cierre de esta edición de Vamos! cuatro refinerías siguen totalmente paradas y en otras dos la actividad es muy reducida. El martes 31/5 se iniciaron paros en los ferrocarriles; algunas organizaciones de los ferroviarios levantan sólo reivindicaciones específicas, pero la CGT y Sud-Rail incluyen en sus reclamos el rechazo a la “ley El Khomri”. El jueves 2 de junio se inició también un paro por tiempo indeterminado en el transporte colectivo de París. Y el viernes 3 comenzaba una huelga de 3 días de los controladores aéreos, que vienen paralizando rotativamente los aeropuertos de la capital, con la anulación de centenares de vuelos.

El evidente repudio popular dividió a la bancada oficialista de socialistas, ecologistas y el llamado Frente de izquierda. El gobierno, conciente de que no tiene el apoyo parlamentario necesario para aprobar la medida, quiso imponer la reforma mediante una maniobra y, recurriendo a un polémico artículo constitucional, adoptó la ley sin una votación en la Asamblea Nacional (la Cámara baja) antes de que la discuta el Senado. Lo que no hizo más que profundizar el repudio general.

Ahora se avecina una nueva semana de huelgas, protestas y bloqueos en los transportes públicos y en la producción de energía; la CGT anunció, además, que si el gobierno sigue adelante con la reforma adoptarán medidas para impedir la realización de la Eurocopa 2016, el campeonato continental de fútbol que se inicia en Francia el 10 de junio.

Todas estas protestas son el preludio de la gran jornada de movilización general en todas las grandes ciudades francesas que las siete centrales sindicales programan para el 14 de junio, el día en que el Senado empieza a debatir el proyecto, y ya en pleno curso del torneo futbolístico europeo.

Liberalismo con perfume francés

El gobierno de Hollande machaca los mismos mentirosos argumentos que en la Argentina conocimos de sobra bajo el menemismo, y que ahora volvemos a padecer con Macri. Dice que facilitando a las empresas el despido de trabajadores “habrá más empleo”. Tanto el presidente como el primer ministro Manuel Valls aseguraron cínicamente que la reforma es “progresista”, y que el repudio popular y las manifestaciones no les van a torcer el brazo (aunque ya hay rumores de que Valls “volaría” del gabinete). El 27 de mayo Hollande machacó desde Tokio su decisión de imponer la reforma. En la capital japonesa participaba de la cumbre del G-7 (siete de las mayores potencias imperialistas del mundo). Evidentemente sus socios le insistieron allí en que lleve a cabo a rajatabla la reforma antiobrera porque les sirve de precedente para medidas similares que sin duda están preparando.

A mediados de los ‘90, el entonces primer ministro Alain Juppe trató de imponer una reforma de las pensiones tan antipopular como la actual (básicamente la suba de la edad jubilatoria), pero tuvo que dar marcha atrás después de semanas de huelga y protestas. Ahora, el Gobierno se encuentra bajo presión para encontrar una solución antes del 10 de junio, día de inicio de la Eurocopa y del debate en el Senado.

Los sindicatos, y los trabajadores en general, centran su lucha en especial contra el artículo 2 del proyecto de reforma, que en aspectos claves da prioridad a los convenios por empresa por encima del código laboral y de los convenios colectivos, apuntando a achicar el rol de las organizaciones sindicales por rama y debilitar así la fuerza del movimiento obrero.

La lucha de la clase obrera francesa asume ya ribetes épicos. A fines de mayo, en el 20% de las estaciones de servicio de todo el país escaseaba la nafta como consecuencia de los cortes y huelgas. Las 19 centrales nucleares de Francia, que producen más del 75% de la electricidad del país, estaban de paro. El 28 de mayo la policía desalojó un bloqueo en el complejo petrolero de Donges, en el oeste de Francia, que llevaba 10 días ocupado por un piquete de la CGT. Pero el mismo día los trabajadores de la terminal petrolera de Le Havre, en el noroeste, decidieron continuar con el paro en esa instalación que abastece los aeropuertos de París.

Muchos rememoran las jornadas del “Mayo Francés” de 1968 en que el proletariado, en unidad con el movimiento estudiantil, obligó a renunciar al presidente, el conservador Charles De Gaulle. Y muchos también recuerdan que las oleadas combativas y revolucionarias del pueblo francés suelen ser —desde la Revolución Francesa de 1789 y las revoluciones de 1830 y 1848, y el propio Mayo Francés del ‘68—la avanzada de grandes oleadas de luchas sociales a lo largo y a lo ancho de Europa…

La reforma antiobrera

Presentada bajo el verso de “combatir el desempleo”, la reforma laboral de la ministra de Trabajo Myriam El Khomri busca, como en toda Europa, descargar sin piedad los efectos de la crisis capitalista mundial sobre los trabajadores despidiendo en masa y precarizando el trabajo. Esta reforma reaccionaria, proempresarial y antiobrera, va en la línea de las reformas que la Unión Europea exige desde hace años a Francia y a todos los países integrantes de la UE.

Según el proyecto (una especie de menemismo a la francesa, basado en un ultraliberalismo antiobrero y promonopolista ya ni siquiera encubierto bajo un barniz socialdemócrata), los empresarios tendrían el derecho de cambiar según su necesidad o conveniencia las leyes laborales nacionales.

Aunque formalmente no se elimina la semana laboral de 35 horas, el proyecto prevé “circunstancias excepcionales” —como “reestructuraciones” o “apertura de nuevos mercados”—, en que los empleados podrían ser puestos a trabajar hasta 60 horas a la semana, en 6 jornadas de 10 horas o 5 jornadas de 12 horas, según la necesidad o conveniencia de la empresa. El proyecto incluye explícitamente, como opción de las compañías, la jornada laboral de 12 horas.

La reforma simplifica y facilita el procedimiento de despido (una caída en las ventas o la pérdida de un negocio serían causales suficientes para despedir personal). Las indemnizaciones a los trabajadores despedidos podrán ser rebajadas de 4 a 3 meses de sueldo si la antigüedad del trabajador es menos de 2 años, y de 27 a 15 meses —¡casi la mitad!— si la antigüedad supera los 20 años.

Las patronales, además, tendrán el derecho de negociar el pago de las horas extras directamente con los empleados en forma individual — es decir por fuera del sindicato — “si el comité de empresa lo acepta”. Las patronales y los sindicatos propatronales de las empresas también podrán pactar bajas salariales.

La esencia del proyecto, como se ve, es restablecer a costa de los trabajadores la tasa de ganancia de las empresas deteriorada por la crisis iniciada en 2008. La avanzada de estas reformas reaccionarias fue Alemania, que sobre la base de recortar salarios y eliminar conquistas sociales mejoró la “competitividad” internacional de sus monopolios. Y en Francia (como en Alemania, y como ya hizo Macri siguiendo el “modelo europeo” en Cresta Roja) si las empresas y en particular los grupos monopolistas “crean trabajo”, será trabajo “flexibilizado”, es decir en peores condiciones salariales y laborales.

Con razón los sindicatos y organizaciones estudiantiles franceses dicen que el proyecto en marcha es un retroceso a la situación laboral del siglo 19; impulsado, para peor, por un gobierno que se autodenomina “socialista”…

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