Las imágenes dantescas donde se exhuman cadáveres en los cementerios para enterrar otros, se repiten y dan la vuelta al mundo. Brasil es el centro mundial de la pandemia. Hasta la fecha Brasil acumula 331.433 muertes sobre 12.984.956 infectados.
El doctor Dimas Covas, director del Instituto Butantan, el mayor fabricante nacional de vacunas contra la enfermedad, afirmó al periódico “Valor Económico” en una entrevista este lunes, que “los próximos 15 días serán muy dramáticos. Hemos superado los dos mil (muertos al día), ya hemos pasado la barrera de los tres mil, vamos hacia los cuatro mil y llegaremos a los cinco mil muertos”.
También se refirió a la dificultad para agilizar la disponibilidad de antígenos contra la Covid-19 que ocurre en un momento trágico para Brasil por la rápida diseminación de una nueva variante y el avance de las pérdidas de vida, que superaron la marca de 330 mil. “Además de las vacunas, se necesita urgentemente una política amplia y coordinada a nivel nacional para conseguir que las personas se queden en casa”, afirmó.
A esta extrema realidad, se le suma el hambre y la pobreza que avanza desenfrenada en la población. Según un estudio e informe de la Red Brasileña de Investigación sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Rede PENSSAN), aproximadamente 19 millones de personas pasaron hambre durante la pandemia de coronavirus en Brasil. Una encuesta realizada entre octubre y diciembre del año pasado muestra que más de 116 millones de personas vivieron con algún grado de inseguridad alimentaria en el período.
Esto significa que más de la mitad de los hogares brasileños han sufrido algún tipo de privación. La tasa exacta de familias en esta situación alcanzó el 55,2%.
La conclusión es que el aumento del hambre en Brasil es más acelerado en los últimos años. Entre 2018 y 2020 el aumento fue del 27,6% anual. Entre 2013 y 2018, este ritmo no superó el 8%.
Unido al desmantelamiento de instituciones impulsado por el gobierno, a la devastación ambiental y al agravamiento de los cambios climáticos, el escenario hace víctimas principalmente entre las poblaciones más vulnerables y no es solo el resultado de la crisis del coronavirus, señala el mismo informe.
Esta “tormenta perfecta” no estalló antes por los parches y paliativos en materia social que destina el Estado, pero la propia política asesina que lleva adelante Jair Bolsonaro, han llevado al colapso de áreas enteras en la salud y sociales, derivando en una crisis política sin precedente en el período de gobierno.
La renuncia de los jefes militares de las tres armas y otros seis ministros son la evidencia de esa crisis del país más importante de la región. La respuesta a estas renuncias sin dudas podemos traducirlas como un mayor desafío a la deteriorada democracia de ese país. El gobierno de Bolsonaro es un gobierno cívico militar, donde estas instituciones cuentan con más de cinco mil efectivos repartidos en los ministerios, secretarias y gobiernos provinciales y municipales, de hecho, el Ministro de defensa saliente es un general de reserva Fernando Azevedo e Silva, y su reemplazo es otro militar, el general Walter Braga Netto quien lo primero que hizo fue reivindicar a 57 años, el golpe de Estado de 1964, difundiendo una nota en la que exalta el quiebre constitucional señalando la necesidad de “pacificar el país” como objetivo golpista, sentenciando que “el movimiento de 1964 es parte de la trayectoria histórica de Brasil”. Toda una clara señal de los tiempos que se están viviendo, donde no se descarta hasta un autogolpe con apoyo militar.
Pero las FFAA no están impolutas y hay muestras de un estado deliberativo en varios sectores dentro. La renuncia de la cúpula muestra la división vertical de esas fuerzas, pero es sabido que si ello ocurre la división es más grande y abarca a los grados más bajos.
La descomposición del gobierno es sin pausa y ha llevado a un serio riesgo para los intereses de los EEUU y otras potencias europeas como Inglaterra o Alemania en la región.
Si bien Bolsonaro da señales fuertes hacia fuera, no puede impedir que avance el Juicio Político pedido por varios sectores parlamentarios. Para evitar el escenario de un posible “impeachment” (juicio político), trata de tejer alianzas con sectores conservadores a los que busca tentar con algunos cargos en Ministerios.
Por otro lado, las encuestas no lo favorecen, de cara a las elecciones que se deberían celebrar en el último trimestre de este año para renovar su actual mandato. “Una encuesta que acaba de publicarse destacan el problema en el que se encuentra Bolsonaro. Una pregunta donde se podía mencionar a más de un candidato presidencial da como resultado que Lula es citado en el 50% de los casos; Bolsonaro en el 38%; el ex ministro Sergio Moro en el 31%; un locutor de de la Televisión O Globo, en un 28% y Fernando Haddad, candidato del Partido de los Trabajadores en la última elección, en un 27%” (Resumen Latinoamericano 04-04-2021).
En este contexto, varios gobernadores tomaron decisiones locales sobre el cierre de actividades económicas durante la Semana Santa, como forma de contener la pandemia. Bolsonaro quiso derribar esos decretos apelando a la Corte Suprema. El Fiscal General de la Nación, José Levi no obstante, se negó a firmar el documento, hecho que habría sido el motivo para que Bolsonaro lo despidiera.
LAS CONSECUENCIAS DEL NEOLIBERALISMO
Las concepciones neoliberales, retrógradas se expresan en la cuestión sanitaria y fueron puesta a prueba con la pandemia, ya no solo en cuanto al recorte de presupuesto y la destrucción del sistema de salud, sino en las concepciones ideológicas evidenciadas en la no implementación de medidas de control, de la distancia social, del uso de mascarillas y la pérdida de mucho tiempo en cuanto a las vacunas y el plan de vacunación. Las consecuencias están a la vista. Brasil es todo lo que está mal en cuanto a la pandemia.
En cuanto a la economía estiman un crecimiento del 3% para el 2021, sin que hasta el día de hoy no haya habido un desbarranco de la economía. Este es un factor clave para la estabilidad política de Bolsonaro y sus planes de perpetrarse a como dé lugar. El propio FMI ha cambiado su perspectiva sobre el crecimiento de la región elevándolo a un 4,6%.
Esta realidad no evita el crecimiento exponencial de la pobreza, es la consecuencia del plan neoliberal de Ministro de Hacienda Paulo Guedes. Las multinacionales, monopolios locales y terratenientes exigen ir mas afondo en el ajuste que les posibilite recuperar lo perdido en el 2020 y estabilizarse para poder imponer en acuerdo con un sector de las FFAA una “tercera vía” sin Bolsonaro ni Lula, pero manteniendo la esencia política de la economía. Desde esta premisa empujan a Guedes a avanzar en las privatizaciones en áreas energéticas y de servicios, buscando huecos para hacerlo ya que no le aprobaron el presupuesto en el Parlamento.
Mientras tanto crecen las luchas en el interior y en las principales Ciudades de Brasil y se van multiplicando la exigencia de la destitución de Bolsonaro. El fallo de la justicia eliminando los cargos contra Lula, dejó en evidencia el Lawfare que lo llevó a la cárcel y se garantizaron el triunfo electoral de Bolsonaro. Esta resolución es producto de la resistencia y la lucha que se estimula sumando fuerzas y presión en el parlamento para lograr el Juicio Político (impeachment).
¿AUTOGOLPE?
La “vía boliviana” alude a la influencia del bolsonarismo sobre las policías militares. Los bajos y medianos rangos en estas fuerzas de orden han sido uno de los principales apoyos al mandatario y sus hijos, que, actualmente, ocupan puestos en el Senado, en la Cámara de Diputados, en la Asamblea del Estado de Río de Janeiro y en la Consejería de San Pablo. Las policías militares, en especial la de Río, están íntimamente relacionadas con grupos del crimen organizado llamados “milicias”. Estos grupos están formados por policías o ex policías, y actúan en un largo abanico de actividades ilícitas. Mientras, los Bolsonaro están siendo investigados en varios procesos relacionados con milicianos.
En Brasil, cada Estado cuenta con un cuerpo de policía militar, de tipo gendarmería, bajo la autoridad de los gobernadores. Sin embargo, la Constitución autoriza que las policías militares queden bajo mando del Ejército en situaciones de convulsión social, de guerra o de amenaza a las instituciones. En casos así, el texto constitucional también autoriza que las Fuerzas Armadas sean empleadas en funciones de seguridad pública.
De hecho, en las dos últimas décadas ha aumentado el despliegue de militares en actividades contra el crimen organizado. Una de las más importantes fue la intervención federal en la seguridad pública del Estado de Río de Janeiro en 2018. Dicha operación fue comandada precisamente por Braga Netto. La “hipótesis boliviana” conllevaría la posibilidad de que, ante una derrota electoral en 2022 o ante un proceso de impeachment, Bolsonaro impulsaría una sublevación de policías militares (y de las milicias), justificando una intervención militar –apoyada por el ministro de Defensa– que le confiriera poderes extraordinarios en nombre del orden público (“El País” de Madrid).