En estos más de 70 días de aislamiento, quedó demostrado que la violencia de género no hace cuarentena. Los femicidios, travesticidios y transfemicidios siguen, y la violencia en los hogares, en los barrios y en las calles se intensifica hacia mujeres y disidencias.
A la vez somos las compañeras las que venimos poniendo el cuerpo a las consecuencias de la pandemia, como la profundización de la pobreza, que ya veníamos arrastrando del gobierno macrista. Somos las que impulsamos los comités de crisis, juntamos donaciones, administramos la poca mercadería que llega, organizamos la higiene comunitaria, las cocinas comunitarias y reclamamos a los responsables, como hacía Ramona en la Villa 31.
Las medidas que se tomaron desde el gobierno de Alberto Fernández han demostrado ser acertadas para contener la pandemia, pero la ayuda social no alcanza. La mercadería no llega a una gran cantidad de barrios y localidades del interior, muchxs quedaron fuera del IFE, mientras no se avanza en fortalecer la organización de los vecinxs en los “Comités de Crisis” pero sí en la militarización.
También las medidas tomadas por el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad eran necesarias, como el fortalecimiento de la línea 144 y contacto por whatsapp. Pero estas medidas positivas no pueden darse sobre la base de la precarización laboral de las trabajadoras que sostienen la línea, de la misma manera que la lucha contra el coronavirus no puede darse con trabajadorxs sin los elementos básicos de cuidado para evitar el contagio. Somos en su mayoría mujeres las que desempeñamos las tareas esenciales en los hospitales y sanatorios, en los comercios, somos mayoría entre la docencia que hoy se encuentra extenuada trabajando más horas que antes por medio del teletrabajo. Somos quienes mayoritariamente nos hacemos cargo de las tareas del cuidado de lxs niñxs y adultxs mayores.
A la vez, sigue sin haber una respuesta concreta a las mujeres y disidencias que deciden denunciar a quien las violenta. Resolver el ingreso, la alimentación y la vivienda de las mujeres y sus hijxs víctimas de violencia es fundamental, es lo principal. Las mujeres tienen que saber que el Estado les va a garantizar eso antes de hacer la denuncia, incluso es lo que va a generar las condiciones para que la hagan. Sin un trabajo, sin saber dónde van a ir a parar, es muy difícil que denuncie, ya sea por teléfono, whatsapp o en la farmacia.
Es por esto que, desde hace años sectores del movimiento de mujeres y feministas venimos pidiendo la “Declaración de Emergencia en Violencia de Género”, buscando poner de relieve que es necesario presupuesto y decisión política para implementar medidas urgentes y acordes a la magnitud del problema.
Y a la par, está la actuación de la justicia y las fuerzas de seguridad, que sabemos que es un tema difícil, porque en ese ámbito la ideología patriarcal y las prácticas machistas y misóginas tienen su caldo de cultivo. Pero se sancionó la ley Micaela y todas las provincias han adherido. De manera que debe implementarse rápidamente y al mismo tiempo tomar medidas sobre los funcionarios que ejerzan violencia de género o actúen revictimizando a mujeres y disidencias.
El lugar de los violentos, violadores y femicidas es la cárcel. Tenemos que poder afirmar y exigir esto, sin caer en la tentación de postular soluciones del estilo pena de muerte, y sin dejarnos correr por quienes desde una crítica al sistema carcelario -que en general compartimos- plantean un antipunitivismo que deja a las víctimas a merced de los violentos. Tienen que estar presos, no porque la cárcel los vaya a reeducar, sino porque en este sistema no tenemos otra manera de mantener a las pibas a salvo.
El problema de la violencia de género y la opresión patriarcal es un problema de fondo que para alcanzar su resolución hace falta la transformación revolucionaria de la sociedad. Pero para parar los femicidios hay medidas que se pueden tomar hoy en nuestro país. El Ministerio de las mujeres, género y diversidad está conformado por compañeras que se formaron en esta lucha, saben lo que hace falta hacer y cómo hacerlo.
Es necesario que las instituciones trabajen coordinadamente entre sí y con las organizaciones sociales que estamos en los territorios destinando el presupuesto necesario, que si el Estado no lo tiene, lo salga a buscar de las grandes fortunas que se amasaron en estos últimos años, para resolver ésta y todas las demás urgencias populares en este contexto tan difícil.
Este 3 de junio no salimos a las calles pero sí a las redes, balcones y terrazas. Exigiendo:
DECLARACIÓN DE EMERGENCIA EN VIOLENCIA DE GÉNERO.
¡LA DEUDA ES CON NOSOTRAS! SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA ILEGÍTIMA, ILEGAL Y ODIOSA.
ABORTO LEGAL SEGURO Y GRATUITO.
APLICACIÓN DE LA LEY MICAELA.
CUPO LABORAL TRAVESTI TRANS.
NO A LA PRECARIZACIÓN LABORAL.
