El 19 de mayo de 2022, durante el gobierno derechista de Guillermo Lasso en Ecuador, fueron detenidos nueve compañeros y compañeras vinculadas al Movimiento Guevarista Tierra y Libertad, una organización que desde hace años su trabajo político y social entre las capas más pobres y marginadas de la clase trabajadora del campo y la ciudad. Todos los allanamientos, realizados a altas horas de la madrugada y de las formas más violentas posibles, incluso delante de las niñeces y familiares, dieron como resultado que durante tres meses fuesen detenidos en total hacinamiento. Con el paso del tiempo, a algunos y algunas se les dio la posibilidad de pasar el tiempo en espera de la resolución procesal en sus domicilios, con restricciones.
La acusación que pesaba contra ellos era grave: trata de personas con el fin de reclutamiento para la guerrilla. Una guerrilla que no existe, y una red de trata que no solo no pudo probar el Estado, sino que se encuentra en las antípodas del pensamiento y la acción de las compañeras y compañeros. Es que el objetivo siempre fue criminalizar a la organización y hacer lo imposible para que el pueblo no los vea como parte del mismo. Pero pese a que la causa judicial no se sostenía con ninguna prueba, fueron condenados. Evidentemente se trataba de una decisión tomada por los altos mandos del imperialismo yanqui y sus aliados del Ecuador, como más de una vez ha quedado comprobado en el transcurso del juicio por parte de la defensa. Finalmente, el compañero Omar Campoverde recibió una sentencia de 16 años, el dirigente indígena y campesino Carlos Carguachi una pena de 13 años, mientras que la compañera Gabriela Gallardo, una de 5 años, pudiendo ella en un principio obtener el arresto domiciliario debido a una enfermedad catastrófica (un tumor cerebral) que exige cuidados. No obstante, tiempo después sería devuelta la cárcel.
Con el gobierno posterior del fascista Daniel Noboa, la situación empeoró terriblemente, no solo para los detenidos y procesados, sino también para la población en general. La intervención militar en las cárceles, la represión en las calles.. Con la ya conocida excusa de combatir el narcotráfico, la sociedad ecuatoriana fue envuelta en una crisis humanitaria que alcanza niveles terribles. Más que nunca se hace necesario romper el cerco informativo producido por lo sectores de poder.
La situación que hoy atraviesan los compañeros atenta contra las garantías más elementales de cumplimiento de los tratados internacionales a los que adscribe Ecuador y consagra en su constitución: no hay derechos humanos en lo más mínimo para las personas privadas de libertad. En ese marco, cabe señalar lo siguiente: en el caso de Omar Campoverde, quien se encuentra alojado en una cárcel de máxima seguridad, ha sufrido amenazas, palizas, gaseamiento, falta de comida, falta de atención médica, torturas por ahogamiento y electricidad, y ha sido víctima de violación, todo ello perpetrado por agentes militares. No puede recibir visitar familiares ni de su abogado. Se ha presentado un recurso de hábeas corpus y le fue denegado. Incluso pudo denunciar que en el transcurso de una audiencia los militares le apagaron el micrófono y la cámara con las que se comunicaba vía telemática y le amenazaron. El tribunal más de una vez ha demostrado hacer caso omiso de estas aberraciones y aquí no fue la excepción.
En este contexto, la solidaridad internacionalista constituye un deber para quienes luchan por la vigencia de la democracia, los derechos humanos y en defensa de la vida.
