“No conozco casos de mujeres asesinadas por el hecho de ser mujer. Conozco hombres que han asesinado mujeres por celos, por envidia, por depresión, por drogas, pero no por el hecho de ser mujer”.
Las palabras son del presidente del bloque Fuerza Republicana Ricardo Bussi, hijo y defensor del genocida Antonio Bussi.
El bloque Fuerza Republicana que lidera Bussi, está integrado por los legisladores Walter Berarducci, Raúl Albarracín y Nadima Pecci, presentó un proyecto alternativo a la Ley Micaela, que capacita en materia de género a lxs agentes estatales de los 3 poderes.
En diálogo con Futurock, Bussi atacó la ley justificando que está cargada de “tinte ideológico”. El legislador planteó que el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación es “una Gestapo (la policía secreta nazi) ideológica, ultra feminista y abiertamente abortista».
En ese sentido planteó que quieren una ley “propia”, que solo trate de “la violencia como tal” y que no esté abordada desde el “punto de vista feminista”. Bussi aseguró que no es necesaria la deconstrucción, afirmando que “la moda del feminismo nació hace seis años y el país antes funcionaba”.
Finalmente, manifestando que no adhiere a la ideología de género, aseguró que el feminismo “explica la realidad actual desde una perspectiva sesgada“. insistió el legislador.
Tucumán es la única provincia que no adhirió a ley 27499. Así mismo no adhirió al protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y la Educación Sexual Integral.
La provincia donde desapareció hace 18 años Marita Verón (secuestrada para trata y explotación sexual), donde desde hace 14 años el poder judicial no determina quién cometió el femicidio contra Paulina Lebbos o donde se encarceló a Belén durante 3 años tras haber sufrido un aborto espontáneo en un hospital.
Las declaraciones de Bussi son un claro ejemplo de por qué son necesarias las capacitaciones en la materia para las autoridades provinciales.
Repudiamos enérgicamente los dichos del Legislador Bussi sobre los Femicidios y el feminismo y exigimos la adhesión a la Ley Micaela, se deben tomar medidas sobre los funcionarios que ejerzan violencia de género o actúen revictimizando a las mujeres.
Así mismo exigimos la adhesión de la provincia al protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y la Educación Sexual Integral.
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