Seguimos contando mujeres muertas víctimas de femicidio en esta cuarentena: Camila Tarocco de 26 años y Olga Verón de 37, ambas de de Moreno, Pcia de Buenos Aires; Jesica Magalí Minaglia de 30 años, docente de Santa Cruz y Priscila Ayelén Martínez de 15 años de La Banda, Santiago del Estero. Hubo 22 femicidios entre el 20/3 y el 15/4.
A los femicidios hay que sumarle la infinidad de situaciones de violencia de género y abuso sexual que no salen en las noticias pero que sufren de manera intensificada miles de mujeres y niñxs que pasan las 24 hs. encerradxs con sus victimarios.
Las medidas que se tomaron impulsadas por el Ministerio de mujeres género y diversidad eran necesarias. Fortalecer la línea 144, habilitar otros canales de contacto, permitir la circulación de las víctimas y sus hijxs para hacer la denuncia, etc.
Sin embargo, no atacan el problema real, que en la mayoría de los casos no tiene que ver con no poder de denunciar, sino con otras cuestiones. Por un lado con poder resolver económicamente la vida de ella y sus hijxs si denuncia y se separa; y además la protección ante la reacción del violento al ser denunciado. Con una justicia y unas fuerzas de seguridad que parecen exclusivamente abocadas a la persecución y el encarcelamiento (en muchos casos de manera violenta y arbitraria) de quienes incumplen la cuarentena, al “Ciberpatrullaje”, pero que no cumplen con la tarea de proteger a mujeres y niñxs cuya vida e integridad física está en peligro y se agudiza en este marco.
Hace años que desde sectores del movimiento de mujeres y feminista venimos pidiendo la “Declaración de Emergencia en Violencia de Género”, buscando poner de relieve que es necesario presupuesto y decisión política para implementar medidas urgentes y acordes a la magnitud del problema.
Resolver el ingreso, la alimentación y la vivienda de las mujeres y sus hijxs víctimas de violencia es fundamental, es lo principal. Las mujeres tienen que saber que el Estado les va a garantizar eso antes de hacer la denuncia, incluso es lo que va a generar las condiciones para que la hagan. Sin un trabajo, sin saber dónde van a ir a parar, es muy difícil que denuncie, ya sea por teléfono, whatsapp o en la farmacia. En muchos casos no tener resueltas esas cuestiones es lo que lleva a que haya retractaciones de denuncias y mujeres que vuelven a vivir con el violento. Sin embargo hoy ni siquiera está garantizado un plan social para las víctimas de violencia de género.
Y a la par está la actuación de la justicia y las fuerzas de seguridad, que sabemos que es un tema difícil, porque en ese ámbito la ideología patriarcal y las prácticas machistas y misóginas tienen su caldo de cultivo. Pero se sancionó la ley Micaela que tiene que implementarse y se deben tomar medidas sobre los funcionarios que ejerzan violencia de género o actúen revictimizando a las mujeres.
Esto es también de vital importancia, porque otro punto crítico es qué pasa después que la mujer hace la denuncia. Porque nos encontramos que muchas de las víctimas de femicidios habían denunciado a sus victimarios, como el caso de Camila Tarocco, que había logrado llevar a su ex pareja a un juicio por violencia de género (la mayoría de las denuncias no llegan a esta instancia), pero el juicio se aplazó por la pandemia y el violento estaba en una “prisión domiciliaria” que no cumplía al punto de que pudo ir buscarla y matarla. El femicida de de Priscila ya había violado y golpeado y estaba libre, los ejemplos son muchos y muy dolorosos.
El lugar de los violentos, violadores y femicidas es la cárcel. Tenemos que poder afirmar y exigir esto, sin caer en la tentación de postular soluciones del estilo pena de muerte, y sin dejarnos correr por quienes desde una crítica al sistema carcelario -que en general compartimos- plantean un antipunitivismo que deja a las víctimas a merced de los violentos. Tienen que estar presos, no porque la cárcel los vaya a reeducar, sino porque en este sistema no tenemos otra manera de mantener a las pibas a salvo.
El problema de la violencia de género y la opresión patriarcal es un problema de fondo que para alcanzar su resolución hace falta la transformación revolucionaria de la sociedad. Pero para parar los femicidios hay medidas que se pueden tomar hoy en nuestro país. El Ministerio de las mujeres, género y diversidad está conformado por compañeras que se formaron en esta lucha, saben lo que hace falta hacer y cómo hacerlo.
Es necesario que las instituciones trabajen coordinadamente entre sí y con las organizaciones sociales que estamos en los territorios, y fundamentalmente que se destine el presupuesto necesario, que si el Estado no lo tiene, lo salga a buscar de las grandes fortunas que se amasaron en estos últimos años, para resolver ésta y todas las demás urgencias populares en este contexto tan difícil.
