La ola de despidos no para. En el Estado, solo desde diciembre hasta finales de enero se registraban 7 mil despidos. Y otros 4 más en privados (ver página 7). Este fin de año brutal obedece a que en primer lugar el gobierno debe achicar los gastos ya que las cuentas no les cierran, con una economía que no detiene la marcha de la inflación, que debe endeudarse para que no se dispare el déficit y acudir a la bicicleta financiera con los Lebacs para mantener las tasas altas como medida antiinflacionaria. El gobierno volvió a tomar deuda recientemente con la colocación de Letras del Tesoro por 60 millones de dólares con vencimiento en 2019. Esta política se transforma en una bomba de tiempo tras el “lunes negro” de Wall Street, que cayó más del 4% golpeando a las economías altamente endeudadas y desprotegidas como la argentina.
Esta política necesita saquear la caja de los jubilados y utilizan la ANSES como cartera de crédito para los gastos corrientes, como acaba de ocurrir el 30/1 con la emisión de deuda por 16 mil millones de pesos suscripta a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Nada nuevo bajo el sol de de las políticas de ajuste brutal que avanzan en la región y que marcaron las penurias populares en otros momentos en nuestro país.
Pero a estas necesidades económicas el gobierno le aplica un proyecto que tiene que ver con políticas marcadas por las necesidades de los monopolios, terratenientes y burguesía intermediaria que habitan y controlan el gobierno y el Estado. El desguace de fabricaciones militares obedece también a un proyecto que abandona la defensa nacional, y pone el centro en una hipótesis de conflicto interno, represivo que estigmatiza a los pueblos originarios, a la medida de los terratenientes usurpadores de millones de hectáreas ancestrales y a las luchas populares donde tratan de naturalizar las ocupaciones de fuerzas represivas en los conflictos, incluso adentro de hospitales como el Posadas, o edificios públicos y establecimientos fabriles.
Esa ausencia de conflicto externo deja desguarnecido al país frente a la disputa inter-imperialista en el atlántico sur. Pero, como se vio con el hundimiento del submarino ARA San Juan, es una región altamente importante para las principales potencias militares del mundo, que “desinteresadamente” prestaron su ayuda.
El avance represivo
Mientras esto ocurre se avanza en la compra de 15 millones de municiones de balas gomas, y última tecnología en materia represiva. También se han comprado helicópteros livianos para las incursiones urbanas. Se ha avanzado en compras de armamentos a Israel, EEUU entre otros.
El conflicto interno es una de las prioridades del gobierno, ya que esta política económica –por más que se la maquille y se dibujen los números– se sostienen con ajuste y endeudamiento. Y de seguir esto, como afirman economistas de las propias clases dominantes, el barco chocará. El ataque y aprietes a los medios de prensa y periodistas independiente es parte de esta política de amedrentamiento a los que cuestionan al gobierno.
El cierre de Fanazul muestra el cercenamiento de fabricaciones propias de explosivos y pólvora y otros componentes militares. Esta fábrica está relacionada con la mina de Rio Turbio, ya que realiza tubos y explosivos para la mina. Allí la sangría es de 500 mineros despedidos. Le sigue el desguace de Fabricaciones Militares de Fray Luis Beltrán en Santa Fe, donde se fabrican armamentos y municiones. Junto con esto se avanza en el achique de otras plantas y reparticiones. Los negocios aparecen detrás de las medidas ajustadoras liberales, donde lo soberano es una cuestión “ideologizada que muchas veces cuesta mucho presupuesto al Estado”.
El desguace del INTI muestra el avance monopólico en ramas industriales, en detrimento principalmente de las pequeñas y medianas industrias (pymes). Monopolios que rechazan los controles en beneficio de la Nación y la salud del pueblo. Con razón, la consigna de los trabajadores es “en el INTI no sobra nadie”. Solo sobran para una política antipopular que agrava la dependencia. La confirmación de esto llega con la salida de este Vamos! con la noticia que el organismo tercerizará hacia un conjunto de laboratorios privados los controles de calidad sobre productos industriales (BAE Negocios, 6/2/18).
La iniciativa perdida
El gobierno tomó la batería de medidas ajustadoras tras el triunfo en las elecciones de octubre (no tenía otro momento). Pero los resultados electorales no siempre son un cheque en blanco. En menos de un mes de ese triunfo se sucedió un reguero de luchas detonadas por el paquete de medidas flexibilizadoras, previsionales y fiscales que lanzaron a sindicatos y corrientes en el movimiento obrero a la lucha como el paro y movilización del 29 de noviembre, que marcó una nueva situación donde la coordinación de la oposición en la lucha empezaba a gestarse. También mostró el aislamiento y divisiones en la CGT con su postura dialoguista y negociadora del proyecto de flexibilización laboral. La movilización agudizó la división, incluso en el bloque del PJ lo que la hizo naufragar.
Pero el gobierno siguió adelante con el acuerdo con los gobernadores ajustadores sobre la ley previsional y el pacto fiscal que beneficia principalmente a la provincia de Buenos Aires a cambio de migajas para las demás provincias. Salvo San Luis, todas lo firmaron. Pero fueron los gobernadores más cercanos al gobierno los que garantizaron con “su cuerpo” en el Congreso la votación el 18 de diciembre de la Ley Previsional –luego de que la movilización popular hiciera fracasar la sesión el 14D–. Así saquean a los jubilados más de 100 mil millones de pesos.
Con esta medida dio un salto el costo político del gobierno. La batalla de masas desatada en la Plaza Congreso –repetida hasta el hartazgo en los medios internacionales– y el cacerolazo del 18 a la noche sellaron el punto de quiebre para un franja muy importante de su electorado que decidió abandonarlo. La escalada de despidos en el Estado dieron un nuevo impulso a esa caída de la imagen del gobierno.
Frenar esta política e impedir su continuidad
El gobierno se traza objetivos a corto, mediano y largo plazo. Tiene un objetivo inmediato que es hacer pasar el ajuste con la menor conflictividad posible, con centro en el achique del Estado, con miles de despidos y jubilaciones anticipadas; y por otro lado, mantener a raya las paritarias que no le disparen las metas inflacionarias. Mientras tenga “claros”, avanzará como lo hace con los docentes, anulando la paritaria y recortando una cantidad de programas vinculados a la formación. Lo mismo hará con la flexibilización laboral. Pero su objetivo, que ya se empieza a trazar, es la posibilidad de la reelección ya sea con Macri o la fórmula que cierre para darle continuidad al gobierno. “Ningún plan de gobierno serio se logra con un mandato”, ensayan en la Casa Rosada.
Esta situación, si bien no está en la agenda diaria, fluye como un río subterráneo. Porque si bien nadie puede afirmar que es lo que pueda pasar en estos meses, tampoco está configurada una situación similar a la del 2001. Y el gobierno lo sabe. Por eso prepara las operaciones políticas para tratar de levantar su imagen y avanzar.
El PJ, frente al avance del ajuste y el desgaste del gobierno, se empieza a reagrupar con miras a las elecciones del 2019 dentro de un marco de división expresada por un lado en los sectores opositores con centro en la provincia de Buenos Aires –que repercute en otras provincias–, y por otro en la “liga de gobernadores acuerdistas”. Esta realidad repercute en la CGT, expresada en su fractura.
El reagrupamiento opositor del PJ nuclea a diferentes sectores y tiene un eje anti-ajuste. Desde la presidencia del PJ se está trabajando para acercar a sectores del massismo y Randazzo con el kirchnerismo, corriente que cuenta con la mayor cantidad de votos. Este reagrupamiento ya sacó su apoyo a la jornada de lucha del próximo 21 de febrero lanzada por sectores de la CGT y CTA’s.
La lucha popular marcará el punto principal de desgaste del gobierno y “sincerará” los reagrupamientos de uno y otro lado. Frente a esta realidad, la jornada de lucha del 21F llega como un nuevo mojón de la unidad popular para dar un nuevo revés al gobierno que trata de deslegitimar la medida desde el acuerdo con los gordos de la CGT y las denuncias contra el clan Moyano.
Trabajamos para el protagonismo de las amplias masas populares por el camino que marcan los mineros de Rio Turbio, los trabajadores del INTI, Fanazul y Hospital Posadas para transformar en activo el paro del 15 de febrero de ATE, pero dándole continuidad en la jornada de lucha del 21F en todo el país convocada por sectores de la CGT y las CTA’s. Profundicemos la lucha para arrancar un paro activo nacional con cortes de ruta y plan lucha. Desde este escenario, ir fortaleciendo un polo antiimperialista y democrático que fortalezca la unidad popular para impedir la continuidad de esta política de ajuste, entrega y represión.
