La imagen de la Plaza de Mayo desbordada del “acto relámpago” de la CGT y las numerosas movilizaciones en el interior del país muestran que, mas allá de los resultados electorales, hay voluntad de lucha. Y que será encarnizada con un gobierno envalentonado que se predispone a llevar a fondo el ajuste si gana en octubre y, en particular, en principal distrito del país: la provincia de Buenos Aires.
El gobierno el mismo lunes después de las PASO, escondiendo las urnas de la elección en la provincia de Buenos Aires para que la noticia no sea que perdieron, arremetió con el decreto 652/2017 firmado por el presidente Macri, que habilita al ministro de Transporte Dietrich para clausurar ramales y estaciones, levantar vías y desmantelar estructuras ferroviarias que no den ganancias. Así mientras se mantiene el manejo por parte de monopolios privados y se continúa con el desguace del menemismo.
Ni lerdo ni perezoso dio vía libre para el aumento de tarifas de energía y combustible. En la misma semana firmó el acuerdo para la compra de carne de cerdo proveniente de EEUU, dando un salto en la larga crisis de la producción chanchera en manos de medianos y pequeños productores.
Posteriormente a ese acuerdo, Macri recibió a Mike Pence, vicepresidente de los EEUU que salió de gira por Latinoamérica para buscar apoyo para la intervención a Venezuela, tal como lo había anunciado Donald Trump. No ha logrado apoyo en general en la región. En el caso de Argentina, llevaría a perjudicar los acuerdos del gobierno con socios de peso como Alemania, Rusia o China entre otros (en este último caso, se acaba de aprobar la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic). La respuesta de los “amigos” yanquis nos e hizo esperar elevando al 57% la carga impositiva al biodiesel exportado desde nuestro país que llevaría a perder cerca de 1200 millones de dólares. En respuesta, “El presidente instó a encauzar la negociación aunque evitó ‘quejarse’ señalaron en Casa Rosada” (diario Perfil 25-08-17).
Estos rápidos movimientos muestran que de ganar en octubre el gobierno acelerara el proceso de medidas estructurales como la flexibilización laboral y reforma previsional, entre otras.
Buscan quebrar al movimiento obrero
La respuesta inmediata de Mauricio Macri al acto de la CGT fue echar a Luis Scervino, Superintendente de Servicios de Salud. El cargo es el más importante que tienen los sindicatos en la estructura estatal. Desde allí se controlan las obras sociales, que desde siempre fueron receptoras de la mayor caja que manejan los sindicatos con más de 20 mil millones de pesos o 3.000 pesos por mes de cada trabajador en blanco. Ahora amenazan con investigar los patrimonios de los dirigentes que controlan las obras sociales.
Macri hace un juego a varias bandas. Por un lado golpea una caja millonaria y fuente de corrupción de los jerarcas sindicales para tensar más la soga y obligar a negociar el paquete flexibilizador posterior a las elecciones. Y por otro los pone de blanco atacando a las “mafias sindicales” en el marco de la campaña electoral sabiendo del desprestigio que cultivan en gran parte de los trabajadores. Los chantajea con los negocios y la corrupción para avanzar sobre la jornada de trabajo y descanso, días por embarazos y demás conquistas históricas del movimiento obrero.
Lo cierto es que la CGT está al borde de la fractura, con un ala que ya aparece aliada con el gobierno, otra que se presta a negociar y otra que resistirá el avance del oficialismo. Este sector, liderado por el moyanismo, fue el que hegemonizó el acto del 22 de agosto y es proclive a tomar acuerdos con las CTA’s y la Corriente Federal de trabajadores liderada por el bancario kirchnerista Sergio Palazzo.
El gobierno va a trabajar fuertemente la división y exacerbará el odio a los jerarcas sindicales, sabiendo que recoge cierta simpatía en sectores asalariados y de otros sectores del pueblo. Pero no lo hace desde posiciones democráticas, sino desde los intereses de los monopolios y en alianza con determinados jerarcas contra otros para obligar a negociar y poder ir sobre los convenios, seguir interviniendo sindicatos que no se subordinan, abrir causas judiciales y meterse en la vida interna de las organizaciones gremiales. Ya avanzó sobre los juicios con nuevas leyes, avanza con las listas negras sobre los abogados que promueven juicios laborales.
El gobierno se asienta en una realidad dramática para el movimiento obrero, como es la división entre los que trabajan en blanco y los que lo hacen en negro, y entre los sindicalizados y los que no lo están. Con un dato destacado: esta última parte está superando a la primera. De un total de trabajadores públicos y privados que suman aproximadamente más de 14 millones: 9 millones son relaciones de dependencia formales (en blanco) –entre 6 millones privados y 3 millones del sector público– y 5 millones son los llamados “informales” (en negro), a los que habría que sumar más de 3 millones de monotributistas y monotributistas sociales.
Desde esta realidad el gobierno trabaja el desprestigio de los jerarcas sindicales que solo se ocupan por una parte de los trabajadores en blanco, los afiliados. Sobre esta base elabora nuevo sujetos o figuras como la de los “emprendedores”, que no son otros que los precarizados, monotributistas o cuentapropistas, pero los “blanquea” en la inestabilidad laboral como moneda corriente, avanzando hacia el modelo de Brasil con la nueva Ley laboral con acuerdos por día, productos, al margen de los convenios, franjas horarias establecidas y sindicatos. Para ellos, en la “sociedad monotributizada” predomina el individualismo por sobre la solidaridad de clase y ésta siempre ha sido una gran necesidad para las clases dominantes.
Para avanzar en este sentido el gobierno tiene que cambiar una estructura sindical argentina “atrasada”, de pos guerra, ubicada –dicen– “en otro país y otro mundo”. “El mundo está mucho más flexible en materia laboral”, argumentan desde las usinas empresariales en su ofensiva para bajar los costos.
Para este plan hace falta un acuerdo nacional, donde el gobierno se presta a parase en el centro del tablero de las clases dominantes, donde sectores como el Frente Renovador derrotado en las PASO se postula para sentarse en esa mesa como afirmó Margarita Stolbitzer: “no se elige gobierno. No está en juego el gobierno de Macri, sino con quiénes el presidente podrá dialogar y acordar leyes”. Lo mismo hará Randazzo (candidato a perder lo poco que le queda en octubre). Pero para este objetivo el gobierno necesita salir fortalecido de las elecciones de medio término para poder aspirar a “revalidar título” en el 2019, ya que para los cambios estructurales que se proponen las clases dominantes no alcanza solo con un mandato de cuatro años.
El camino hacia octubre
La desaparición de Santiago Maldonado ha ganado el centro de la vida política y social del país. No hay marcha o actividad social que no se muestre la cara de Santiago. Se vuelve a cantar “aparición con vida” y la Ronda de las Madres de los jueves se vuelve a erigir el centro de resistencia. El gobierno, a medida que más defiende a la Gendarmería, más se embarra ya que es harto evidente que fue la responsable de la desaparición forzada en el operativo dirigido por el defensor de genocidas y jefe de gabinete de Patricia Bullrich, Pablo Noceti. El grado de compromiso con la impunidad que muestra el gobierno, blindado por medios como Clarín, es de una gravedad extrema y buscan instalar que se va a avanzar a “sangre y fuego” de ser necesario. Especulan con que el “el caso del artesano”, como lo llama Clarín, no les moverá el amperímetro en octubre.
Por otro lado, en la carrera electoral ya no pueden volver a jugar a las escondidas con las más de 1.500 mesas como en las PASO. Entonces ya ensayan ir enrareciendo el clima con operaciones de servicios como la quema de autos en la puerta del Ministerio de Seguridad bonaerense y las molotov dentro del Senado bonaerense para instalar eso de “los aprietes a una gobernadora con ovarios”, mientras con total obscenidad destinan miles de millones para la obra pública y compra de voluntades en la provincia de Buenos Aires… Nada nuevo bajo el sol.
Pero a lo que sí le teme el gobierno es a la lucha popular. Y esa voluntad se mostró el 22 de agosto, aunque la cúpula de la CGT hace rato que no gravita desde las necesidades de los trabajadores, anunció un confederal dentro de un mes y sin ponerle fecha al paro nacional, dejando un margen precioso al gobierno para avanzar.
Las fuerzas combativas del movimiento obrero y popular deben buscar romper los diques de contención y darle continuidad a la jornada de lucha del 22, para desgastar al gobierno en este terreno y castigarlo en las lecciones de octubre y así crear las condiciones para derrotar el ajuste y cualquier pacto de gobernabilidad con el pueblo en las calles.
