Héctor Reyes Corvalán llegó al hospital con impactos de bala de goma y el 45% de su cuerpo quemado. Fue uno de los resultados del operativo policial que desalojó a él y su familia del lote donde viven hace 30 años en Suncho Pampa, a 260 kilómetros de Santiago Capital. Murió después de agonizar durante 10 días. En un video que circuló por las redes se ve la secuencia: Primero un oficial de Justicia dialoga con Héctor para que acceda al desalojo; pero la charla se extiende sin resultados. Héctor tiene en su mano una botella de combustible; los policías se van acercando. En un momento se escuchan dos detonaciones de balas de goma y entonces el campesino se vierte el combustible en su cabeza. Inmediatamente, las llamas incendiaron su cuerpo.
El video evidencia el estado de vulnerabilidad y desesperación a que son sometidos los campesinos. Sin embargo, no explica cómo se llegó a esta situación. ¿Cómo puede una persona sentir que no tiene más opción que volcarse un litro de combustible encima? ¿A favor de quién era el desalojo? ¿Qué rol cumplen la Justicia, la policía provincial y el gobierno?
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—La Justicia no está conmigo. Ya llevo siete años así. Tanta amenaza— se quejó Reyes Corvalán.
—Usted está ocupando el lote dos— le replica el oficial de Justicia.
—Ya llevo más de treinta años aquí y pago las boletas de este lote. Y la Cámara de Diputados lo ha declarado zona cultural, o lugar cultural. ¡Y de nada sirve!
Fueron sus últimas palabras, tras las cuales terminó incendiado y muerto en un hospital de Tucumán el 22 de octubre pasado. Transmitió así crudamente el hostigamiento que sufren las comunidades campesinas. El desalojo resuelto por la Justicia fue en favor del terrateniente Néstor Quesada. “Ellos utilizan a la Gendarmería y a la policía para que hagan estragos con el campesino”, se le había escuchado decir a Héctor en el mismo video.
“Néstor Quesada es un empresario cordobés que se dedica principalmente a la siembra de soja”, explicó Nelli Veliz del Mocase. “Es inaceptable que en esta Nación se sigan vulnerando los derechos humanos y la dignidad de las comunidades campesino-indígena para favorecer el lucro y la ambición desmedida del capital”, denunció en un comunicado conjunto la Mesa Parroquial de Tierras de Nueva Esperanza y la Mesa Parroquial de Tierras del Salado Norte el día del desalojo.
El conflicto por el terreno ya venía desde 2011. El 1º de agosto de 2012, unas 20 personas –que decían actuar en nombre del empresario-terrateniente Quesada– irrumpieron en el terreno, quemaron leñas, mataron animales, ingresaron máquinas e instalaron una casilla. El hecho quedó constatado en un informe que la Dirección de Relaciones Institucionales de la Jefatura de Gabinete la Provincia realizó al mes siguiente, tras entrevistarse con las cinco familias que vivían en esas 270 hectáreas que componen la tierra en disputa. Recientemente, el 13 de septiembre de este año, se registró otra invasión con amenazas de muerte y de violación a las mujeres, haciendo disparos, y que incluyó persecuciones por el monte. Y finalmente, el 12 de octubre rememoraron la Conquista y el genocidio indígena concretando el violento desalojo, ahora en manos de la policía y la Justicia.
Además del informe provincial de 2012, existen numerosos documentos que muestran que la familia Reyes Corvalán hace al menos 30 años que vive allí. Y previamente, también vivía allí el padre de Héctor. Los derechos están constatados por certificados de nacimiento, marcaciones sobre animales, cementerio y hasta documentos firmados por un escribano. Pero la conjunción del poder económico de terratenientes, las amenazas de sus sicarios (que en 2011 mataron de dos tiros a Cristian Ferreyra), las resoluciones de la Justicia y el accionar de la policía a cargo del gobierno provincial, van expulsando a los campesinos originarios de sus tierras.
El conflicto de fondo reside en la ampliación de la frontera sojera. Los campesinos, en cambio, viven de la cría de animales, vacas, chanchos, gallinas y de la producción de carbón. Es una producción familiar que, en una región semiárida como es el noreste santiagueño, requiere territorio más extenso que unas pocas hectáreas por familia. Los campesinos son pobres pero comparten el territorio. Una de sus principales carencias es el agua para regar o beber.
Presentado un conflicto en la Justicia, entre campesinos instalados desde siempre y terratenientes que dicen haber comprado un lote, es común que se le asignen 40 o 60 hectáreas a una familia. No les alcanza. Pero para peor la Justicia las reduce a 4 si apelan. No son sentencias de justicia sino de muerte.
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El video tampoco muestra qué pasó luego de que Héctor se prendiera fuego. Cómo fue llevado esposado a la sala de salud de Nueva Esperanza. Cómo destrozaron el terreno de su familia, según relató su hermana: “En el tiempo que mi hermano llegó a Tucumán y lo ponen en terapia, Quesada arrasó con toda la casa, cortó el alambre, largó las vacas de las que vivimos, quemó el carbón. Llevaron, o les habrá regalado a los matones que andan con él, diez rollos de alambre, motor, grupo electrógeno, motosierra, todo. Pasó la máquina para borrar que mi hermano vivía ahí, no sé por qué tanta saña, hace más de treinta años que trabajaba y vivía y antes lo hacía mi padre”.
El combustible alimentó el fuego que mató al campesino. Pero la Justicia provincial que resuelve desalojos para terratenientes, las fuerzas de seguridad que los efectiviza y la anuencia del gobierno son el fósforo que encendió la llama.
Corresponsal
