Ante la respuesta masiva de prácticamente todos los sectores de la industria audiovisual al ataque contra el INCAA, el gobierno salió a plantear que eran infundadas las denuncias de que se pretendía desfinanciar al cine argentino. Sin embargo, el “Documento de Trabajo Nº 123” de la consultora FIEL, que asesora al ministro de Economía Nicolás Dujovne para una posible reforma impositiva, dice textualmente: “Se sugiere eliminar varios impuestos de bajo potencial recaudatorio y que, en algunos casos, financian fondos con asignación presupuestaria específica. Concretamente se sugiere eliminar: (…) el impuesto de 10% a las entradas de cine y videogramas grabados (…) el impuesto a los servicios de comunicación audiovisual” (www.fiel.org). Estos dos impuestos son la base del Fondo de Fomento Cinematográfico, que se desfinanciaría por completo si la “sugerencia” de FIEL prosperara.
El otro elemento es la nueva Ley de Comunicaciones Convergentes, que podría cambiar la denominación de las empresas de TV y radio y eximirlas del pago del canon establecido en la Ley del Cine, beneficiando a Clarín y otros monopolios de la comunicación. En más de un año y medio de “redacción” del anteproyecto de Ley, no se dio a conocer un sólo borrador ni fue convocada ninguna entidad del cine nacional. Peor aún, como denunció el director Luis Puenzo, la única entidad convocada para opinar fue la ¡Motion Pictures Association of America! Esta asociación reúne a los seis “grandes” de Hollywood: Disney, Sony, Paramount, Fox, Universal y Warner.
Lo que se discute de fondo es si debe financiarse el cine argentino. La línea del gobierno es que las películas son una mercancía más que debe dejarse librada al mercado y que deben “rendir comercialmente”. Pero en un mercado controlado por gigantescos monopolios, en particular de EEUU –la Motion Pictures domina más del 70% del mercado mundial–, el cine argentino quedaría reducido a un puñado de grandes producciones al año, perdiéndose miles de puestos de trabajo y una parte central de nuestra cultura y nuestra identidad. Si hasta grandes potencias como Francia protegen su cine frente al dominio norteamericano, ¿qué le espera al cine nacional si se lo deja “librado al mercado”?
La Ley de Cine tiene como base que aquellos que lucran con la difusión de contenidos audiovisuales contribuyan con su desarrollo en la Argentina. Por eso, al contrario de lo que empuja el macrismo, debería ampliarse el cobro del canon a nuevos “actores” como Netflix y otras grandes empresas basadas en internet. Y junto al mayor financiamiento de la producción, debería avanzarse en el subsidio a la distribución, por ejemplo con más salas y espacios INCAA con precios económicos para el cine nacional, en especial para el cine nacional independiente.
