En una nota dirigida a Pablo Hadjes, apoderado de la empresa, la Legisladora fueguina exigió que informe la situación actual de la empresa.
Mónica manifestó que la gravedad es que lxs trabajadorxs “no tienen certidumbre de lo que les sucederá a pesar de que la ley y los sucesivos decretos nacionales prohíben despidos, suspensiones y quita de salarios”.
En la nota la Legisladora solicita que se informe la situación actual de la empresa con lxs trabajadorxs, la previsibilidad de la fábrica de quedarse en la provincia, las acciones realizadas en el marco de la Emergencia Pública, y que hicieron con los beneficios otorgados a través del Estado para paliar la situación de lxs trabajadorxs.
“Estas familias no cobran su sueldo completo desde enero de este año y la situación ya lleva un poco más de 7 meses”, denunció Acosta. Como agravante, lxs trabajadorxs no pueden acceder a cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia, y sólo cuentan con planes RedSol, bolsones de alimentos y la tarjeta alimentaria en este contexto dramático.
Así mismo pidió conocer “si la empresa tiene ya estipulado algún Plan de Acción y/o intenciones sobre la posibilidad de pensar en sostener una propuesta para los trabajadores (por ejemplo, a través de los stock existentes en la planta), con el solo fin de garantizar los derechos de las y los trabajadores a una alimentación digna y al cuidado de su salubridad, que hacen a la dignidad de toda persona y proceder en consecuencia con la premura y urgencia que estos tiempos demandan”.
