El pasado 15 de mayo el Tribunal Criminal N°3 de La Matanza condenó a 10 años de prisión a Diego Torales, el teniente primero de la Policía Bonaerense que estaba al frente del destacamento de Lomas del Mirador. Se demostró que el 22 de setiembre de 2008 Luciano fue detenido en forma ilegal en esa comisaría, se le negaron sus derechos como menor y fue torturado tanto física como psicológicamente durante horas por varios policías, entre los que hasta ahora se ha podido identificar a Torales.
En enero del 2009, cuatro meses después, Luciano fue detenido en la misma comisaría. Estuvo desaparecido hasta el 2014, cuando encontraron su cuerpo, que estaba como NN en el cementerio de la Chacarita. Durante todos estos años, su hermana Vanesa Orieta protagonizó una lucha inagotable para lograr verdad y justicia. Junto a su madre, debieron soportar no sólo la indiferencia de las autoridades, sino también las amenazas, descalificaciones y el manto de mentiras que se montó sobre Luciano, para intentar decir que era responsable de su propia desaparición. Muy parecido a la famosa frase “algo habrán hecho” que se montó para justificar el terrorismo de Estado. Pero también recibieron el apoyo de numerosas organizaciones y organizaciones de derechos humanos y se convirtieron en referentes para los numerosos casos similares a los de Luciano. Ahora esa lucha ha dado un primer resultado favorable.
Que un policía haya sido juzgado y condenado por torturas marca un precedente importante. La tortura es una práctica habitual y naturalizada en las fuerzas de seguridad. Sin embargo, cuando alguna vez se investigan estos hechos, se lo hace con figuras que contemplan penas menores, como apremios o vejaciones.
Por eso, es importante que en este caso se lo condenó llamando las cosas por su nombre: tortura. Así, luego de la sentencia Vanesa afirmó: “Es importante este fallo, los abogados han dicho que es el único fallo donde se condena por torturas psicológicas efectuadas sobre un joven de 16 años, un niño para la ley. Esto marca un precedente para muchas otras causas. Es también poder darle esperanzas a otros familiares a la hora de denunciar y a la hora de exigir justicia, creo que también marca el sufrimiento que hoy padecen nuestros jóvenes producto de la criminalización y la discriminación.”
Además opinó que si bien “esto no cambia para nada la situación que viven los jóvenes en los barrios”, se va haciendo posible “marcar pequeños precedentes que ayudarán a que en algún momento podamos escribir un Nunca Más y que los jóvenes no sufran más esta situación”. También destacó el rol del fiscal Luis Longobardi, como el de los abogados querellantes Juan Manuel Combi, Maximiliano Medina y María Dinard y el apoyo de APDH de La Matanza (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) y el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales). La condena de Torales es un paso, aunque los responsables políticos, policiales y judiciales siguen impunes. Por eso la lucha continúa.