Micaela García tenía 21 años cuando la violaron y asesinaron. Pasó a ser parte de la lista de más de 250 víctimas de femicidio en nuestro país del año 2017. Su femicida estaba preso y lo liberó el juez Carlos Rossi tres años antes de cumplir su condena por dos violaciones.
El nombre de Micaela está ahora en una ley votada en diciembre de 2018, que obliga a los tres poderes del Estado en todos sus niveles y jerarquías a capacitarse en perspectiva de género. No fue casualidad.
En materia de perspectiva de género en la Justicia, los datos hablan por sí solos: de las 260 víctimas de femicidios en el 2018, 50 ya habían denunciado previamente a su agresor; solo uno de cada 1000 abusos sexuales en la infancia tiene condena; y son moneda corriente los fallos aberrantes como en el caso de Lucía Pérez, donde aún con pruebas contundentes los femicidas quedaron libres.
¿Hay mujeres en la Justicia que trabajen para revertir esta situación? Sí. Pese a tener un cargo equiparable al de una jueza de primera instancia, Flora Acselard nos recibe en una oficina a la que se llega al fondo de un pasillo y se ubica al lado de los baños.
Flora tiene 26 años de trayectoria en el Poder Judicial y es especialista en temas con perspectiva de género, formada de la mano de una gran precursora de los derechos de las mujeres dentro del Poder Judicial como lo fue la ministra de la Corte Carmen Argibay.
“Antes un juez tardaba tres meses en darte una perimetral, Argibay fue una de las juezas que impulsó la creación de la OVD (Oficina de Violencia Doméstica) que entre otras cosas facilita y agiliza la respuesta del Estado ante una situación de riesgo para la mujer. Antes de eso,veías a las mujeres dando vueltas de oficina en oficina en tribunales y muchas de ellas venían golpeadas”.
Flora dirigió la Oficina de la Mujer, creada en 2009 que, a diferencia de la OVD, está dedicada la incorporación de la perspectiva de género en la planificación institucional, tanto en el servicio de justicia que se brinda, así como en quienes trabajan en ella. La OM fue la que impulsó el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina que se dio a conocer en diciembre de 2015, después de la puesta en agenda por parte de las grandes movilizaciones al grito de la consigna “Ni una menos”. Realiza investigaciones sobre sentencias de la Justicia en materia de género, la calidad de atención a las mujeres que se acercan a denunciar (“si quienes atienden a las mujeres les creen o no”), los cargos que ocupan las mujeres dentro de la Justicia y de la capacitación en perspectiva de género a todas las personas que trabajan en la misma. Flora trabajó en este tipo de proyectos y cuenta que costaba mucho que a las capacitaciones fueran las personas de mayor jerarquía del poder judicial. “La mayoria de las jurisdicciones, no habían dispuesto la obligatoriedad para realizar estas capacitaciones”.
Carmen Argibay murió en 2013. Dos años después, el último día hábil del 2015, Flora recibió un e-mail en el que se le informaba de su intempestivo traslado a la Cámara Criminal. La resolución de su traslado tiene menos fundamentos de los que se requiere para trasladar a un mueble del Palacio de Justicia. Según le comentaron algunas personas allegadas a los supremos, se trató de un castigo por llevar adelante la campaña “más mujeres, más justicia” que buscaba que las mujeres ocupen cargos de mayor decisión en el poder judicial (actualmente ocupan tan solo el 26% en los cargos más altos), en tiempos en que se produjeron las designaciones de las dos vacantes que había en el máximo Tribunal.
Pese a ser un reclamo de la sociedad y a sus amplios conocimientos cuenta que en la Cámara fue muy bienvenida pero que no le otorgaron ninguna tarea vinculada con el tema. No era la primera vez que Flora parecía molestar a gente poderosa. Hacía muchos años había denunciado por acoso sexual a un juez. El sindicato la defendió. Esta situación terminó con un sabor amargo “a mí me cambiaron de lugar y a él lo ascendieron, solo tuvo una condena social ya que sus compañeros de trabajo sabían perfectamente que mis dichos eran ciertos”.
La creación de la ley
Durante sus primeros meses de estadía en la Cámara Criminal conoció al tío de Micaela García, Fabio Frontel, quien también trabajaba allí.
“Mi sobrina está desaparecida”, le dijo en abril de 2017. Flora se puso a su disposición. Una semana después Micaela apareció asesinada. Se supo que había sido violada. Se supo que hubo una disposición judicial firmada por el juez Carlos Rossi que dejó libre a su femicida Sebastián Wagner, pese a no haber cumplido su condena por dos violaciones y al informe del Servicio Penitenciario y del Equipo Técnico Crimonológico que desaconsejaba su salida anticipada.
Meses más tarde el juez, que nunca fue expulsado de su cargo por este acto, se justificaría diciendo impunemente: “No podemos tener una bola de cristal”.
Flora se comunicó con el papá de Micaela y frente a la impotencia que sentía necesitaba hacer algo. Comenzó a escribir el proyecto de ley que obliga a todas las personas que trabajan en los tres poderes del Estado a capacitarse en temas de género.
Luego de un posteo en Facebook, comenzó a recibir mensajes con aportes al proyecto y hasta se comunican de distintos partidos políticos interesados en el mismo. “Entendí que el proyecto ya no era mío, sino de quien lo tomara para hacer posible que fuera ley”.
La llamaron del FpV para unas sesiones de Familia, niñez y adolescencia y le preguntaron:“¿Por qué cree que tiene que ser obligatorio que todas las personas que trabajan en la Justicia se capaciten en materia de género?”. Ella lo explica así: “Si vos vas a una empresa te dicen “este es mi reglamento de actuación, si vos no estás de acuerdo con esas pautas te tenés que ir”. En el Estado, esas reglas están en la Constitución, en las Convenciones internacionales y en las leyes. Ahora, ¿podés trabajar en el Estado, en cualquiera de los tres poderes y decir que no queres conocer las reglas que debes seguir? No podes ser objetor de conciencia, no podes trabajar en el estado y no estar de acuerdo con las obligaciones internacionales que tiene el Estado. A la gente le cuesta verlo en estos temas pero si lo planteo en otros casos no».
«Por ejemplo yo como funcionaria presento todos los años mi declaración jurada ¿Puedo dejar de hacerlo? No. Y a la gente le parecería bien que me echen si yo no lo hago. Porque en este sistema patriarcal el tema económico tiene jerarquía, y por lo tanto, me pueden obligar a mostrar mi patrimonio, pero pareciera que no es demasiado importante saber si tengo perspectiva de género”.
Flora nos cuenta que la obligatoriedad que establece la ley de capacitación de alguna forma ya está estipulada en las convenciones internacionales como la de Belém do Pará y la CEDAW (Convenciones internacionales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y la discriminación contra la mujer) a las que nuestro país adhiere desde hace más de 20 años y que las hace de carácter obligatorio en Argentina. Pero lo que agrega la ley es un registro público, lo que conllevaría consecuencias si vos no te querés capacitar en género: para los jueces podría ser que alguien decida recusarlos.
“¿Por qué tengo que ser juzgado por un juez que no quiere interiorizarse en cuestiones de género?” O bien las personas podrían considerarse no idóneas para determinados ascensos por no tener perspectiva de género. Se las puede incluso sumariar administrativamente. Las personas que trabajan en el estado deben asumir la responsabilidad de no capacitarse, y salen publicadas en un registro en una página web.
La aprobación de la ley
A fines de 2018 ese proyecto ya estaba perdiendo estado legislativo, pero cuando Thelma Fardin junto a las actrices denunciaron la violación de Juan Darthes y el movimiento de mujeres volvió a revolucionar todo, el “mirá como nos ponemos” generó presión al gobierno. Algo tenían que hacer. Estaban fuera del periodo de sesiones legislativas.
Llamaron a sesiones extraordinarias para tratar la Ley Micaela. “Yo estuve en el debate legislativo, se consideraba una ley modesta, y para mí es como un caballo de troya”.
Ahora las provincias tienen que ir adhiriendo, algunas ya lo hicieron y en estos días el INAM (Instituto Nacional de Mujeres, quien está a cargo de la implementación de la ley) firmó la aprobación de la primera capacitación. Hoy en día con esta ley hasta las personas que sacaron a Flora de su trabajo en la Oficina de la Mujer y el propio presidente Mauricio Macri tienen la obligación de capacitarse.
“El factor de relevancia que tiene esta ley es que está la familia de Micaela militándola atrás. Pude conocer a Yuyo, el papa de Micaela. Mientras se trataba la ley no pudimos hablar. La ley fue un logro pero el costo de la falta de capacitación sobre el tema demasiado alto. No quiero imaginar el dolor de la familia de Micaela y la de tantas otras. Hace dos semanas vino a tomar mate y estuvimos cuatro horas hablando. Él y la familia tienen algo especial, transformaron el dolor en algo bueno, no tenían sed de venganza, el tomó la militancia como propia. Yuyo es militante por los derechos humanos, más allá de un partido, de hecho me cuenta que cuando Micaela empezó a militar para todos era “la hija de Yuyo” y en ese entonces el dijo a su papá: “alguna vez vos vas a ser el papá de Micaela”. Ni Yuyo ni nadie pensó que esas palabras se volverían realidad, pero de la peor forma.
Hay que ir por más
Cuando le preguntamos sobre los altos índices de femicidios actuales y hacia dónde cree ella que hay que apuntar, contesta convencida de que los cambios no vienen invirtiendo sólo en cuestiones paliativas (botones antipánicos, refugios para mujeres, etc). Afirma que la inversión tiene que estar puesta en la educación.
“¿Por qué son más importantes las matemáticas que los derechos humanos? ¿Para qué queremos un genio que invente una bomba nuclear? Se tiene que implementar verdaderamente la Educación Sexual Integral en todos los niveles. No sólo hay que ayudar a la mujer en una situación de violencia sino también a los varones violentos reaprender a ser varones, lo que llaman hoy “deconstruir su masculinidad”. Habrá hombres perversos que no cambiarán nunca, como así mujeres que no van a tener nunca perspectiva de género, pero a habrá otros que sí».
«Hay que hacer la ley Micaela en el sistema educativo y en el sistema de salud. ¿Cuántos médicos de Tucumán tienen formación en perspectiva de género? Porque lo que le hicieron a Lucía no es sólo cuestión de perspectiva de género sino de falta de sensibilidad humana”.
Flora agrega que en todos estos años de formación entendió que lo que se necesita en estos temas son cambios actitudinales. Para ello, no basta con leer o escuchar a grandes teóricas feministas sino que se requiere atravesar situaciones vivenciales trascendentes. “¿Cómo voy a aplicar la perspectiva de género en mi trabajo si no puedo ver como afectó el patriarcado en las decisiones de mi vida cotidiana?”
Hace poco Yuyo García presentó la ley en Entre Ríos, exigió “que no quede en letra muerta”. Y remarcó que el punto más flojo de la ley es el tema presupuestario, ya que el mismo saldría de cada dependencia en donde se aplique la ley: “Sé por experiencia que cuando hay crisis, lo primero que se eliminan son las capacitaciones. Y además en la Argentina actual, el presupuesto total que destina el Estado para luchar contra la violencia de género, no llega a 2,40 pesos por mujer.”
Flora le mostró a Yuyo que en el grupo de mujeres del gremio de judiciales (UEJN) tienen como imagen la foto de Micaela García.
Con esta lucha lograron dar la batalla dentro de la justicia, la fuerza del movimiento de mujeres es tan fuerte que logra atravesar todos los espacios de nuestra sociedad. Porque el dolor transformado en lucha es poder y es el único camino posible si queremos cambiarlo todo.
