Con un tercio de la población en la pobreza, desocupación de dos dígitos y salarios y jubilaciones por debajo de la canasta básica, no hay nada que negociar con el FMI ni el resto de los especuladores y saqueadores. Ellos pretenden seguir cobrando sus ganancias usurarias e ilegales a costa nuestra.
La deuda que reclaman cobrar está fuertemente cuestionada por ser ilegítima, ilegal y odiosa. Ésta atravesó los distintos gobiernos y fue acrecentada por el macrismo de manera histórica.
No benefició al país sino a unos pocos bolsillos, con vinculaciones espurias entre funcionarios y fondos de inversión. Tenemos derecho a no pagar lo que no debemos.
No es perpetuando esta deuda y las condiciones del FMI, pateando los pagos para más adelante y reduciéndolos un poco, lo que va a resolver la crisis social, económica y ambiental que recae especialmente sobre nuestres pibes y mayores, la clase trabajadora y los pequeños productores de la ciudad y el campo, las comunidades de pueblos originarios, las mujeres y disidencias.
El presidente se ha pronunciado a favor de investigar la fuga de capitales y, sin embargo ratifica la voluntad de pagar la deuda y ha contratado notorios bancos saqueadores para organizarlo.
Avanzar en la negociación con los bonistas y sostener los pagos implica validar la estafa. Por eso rechazamos la llamada “ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda», aprobada entre el nuevo gobierno y la oposición con muy pocas y honrosas excepciones. Es un cheque en blanco al Poder Ejecutivo para pagar sobre la base de la impunidad.
ACTIVEMOS LA CAMPAÑA NACIONAL
FRENTE A LA DEUDA Y EL FMI, HAY OTRO CAMINO
La prioridad debe ser otra: garantizar nuestros derechos y necesidades básicas. Por eso planteamos suspender todo pago e iniciar una investigación integral y participativa de los reclamos.
Cuestionar el origen y uso de la deuda y del acuerdo con el FMI, conocer las responsabilidades y los beneficiarios, denunciar su carácter fraudulento y su funcionamiento como mecanismo de dominación, antes de negociar su pago, es una necesidad para cualquier decisión soberana.
Tiene que haber justicia – sanción y restitución – para lograr el NUNCA MÁS. En una encuesta reciente, el 70% de la población se mostró favorable a la investigación.
Suspender los pagos, mientras se investiga, es necesario para no convalidar el fraude y para poder reactivar la economía, generar empleo, salarios dignos, educación, salud, vivienda y oportunidades.
La exigencia para la sostenibilidad de la deuda pública, la imperiosa necesidad de acumular divisas para su pago, implica la aplicación de políticas de saqueo, contaminación, exclusión y pérdida de derechos laborales y sociales. La eliminación de las cláusulas gatillo, la anulación de la movilidad jubilatoria y un modelo productivo basado en la extracción minera, hidrocarburífera y el agronegocio son ejemplos de ello.
Invitamos a todo el pueblo a autoconvocarse para juntes construir una amplia campaña activa, independiente e inclusiva en cada rincón del país.
Llamamos a la clase trabajadora, a las organizaciones sociales, feministas, disidentes, ambientales, políticas, religiosas y de derechos humanos a activar la campaña llevando el petitorio, mesas, debates, a los barrios, las calles, plazas, escuelas y lugares de trabajo. Desarrollemos juntes un JUICIO POPULAR A LA DEUDA Y AL FMI, para visibilizar y denunciar cómo nos afecta, por qué es una estafa criminal y, quiénes son sus responsables. ¡Movilicémonos!
¡QUE PAGUEN LOS QUE SE BENEFICIARON DE LA ESTAFA DE LA DEUDA!
AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA
