Tal como solicitó La Nación a través de su repudiada editorial del día siguiente del triunfo electoral de Macri para la presidencia, los genocidas presos en cárceles comunes están siendo enviados a sus domicilios. Según difundió –y defendió– recientemente Clarín, ya van 50 casos a los que se les concedió prisión domiciliaria “por problemas de salud” (24/7/2016).
Uno de los represores que tuvo resolución a favor de su prisión domiciliaria es Miguel Etchecolatz, aunque no se hará efectiva –por el momento– debido a que tiene en su haber varias causas (y la resolución fue sólo en una de ellas). Se trata del policía bonaerense condenado en 2006, tras la desaparición de Jorge Julio López que había declarado en su contra durante el juicio. En 2014, mientras escuchaba una nueva condena, se mostró con un papel en la mano con el nombre de Jorge Julio López.
En la resolución judicial se argumenta la “avanzada edad” del represor de 87 años, y sus “incuestionables problemas de salud” (entre los que se cita su hipertensión). En minoría, uno de los jueces se manifestó en contra porque “de las constancias de la causa no surgen elementos suficientes para determinar que el alojamiento de Etchecolatz en el establecimiento penitenciario en el que actualmente se encuentra alojado, conduzca indefectiblemente a un agravamiento de su estado de salud o implique un trato degradante o inhumano” y agrega que “las patologías del imputado pueden ser tratadas dentro del Hospital Penitenciario Central de Ezeiza en el que se encuentra alojado y con la asistencia médica que su estado de salud requiere” (Agencia Telam, 22/7/2016).
En su momento, la editorial de La Nación había sido ampliamente repudiada, incluso por sus trabajadores. “Ha llegado la hora de poner las cosas en su lugar”, exhortó cínicamente aquella editorial en referencia al debate sobre el balance histórico de los 70’s y a los juicios. Entonces instó a resolver “el vergonzoso padecimiento de condenados, procesados e incluso de sospechosos de la comisión de delitos cometidos durante los años de la represión subversiva y que se hallan en cárceles a pesar de su ancianidad. Son a estas alturas más de trescientos los detenidos por algunas de aquellas razones que han muerto en prisión, y esto constituye una verdadera vergüenza nacional.”
Después de estas nefastas palabras, jueces y el gobierno las hacen efectivas. Pero el pueblo jamás dejará de exigir verdad, justicia y cárcel común y efectiva a los genocidas.
