Tras la reforma jubilatoria, el macrismo ha decidido gobernar directamente por decreto, echando por tierra su discurso de “diálogo”, “consensos” y “república” para pasar por encima al propio Congreso. El 10 de enero, por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el gobierno derogó 19 leyes y modificó otras 140.
Ahora, durante el mes de febrero, la Comisión Bicameral del Congreso Nacional debe analizar su validez y girarlo para que sea discutido en las dos Cámaras. Podría ser derogado si ambas lo rechazan por mayoría simple. Ante esta posibilidad, el gobierno ya está analizando la posibilidad de fragmentarlo para que se voten sus artículos por separado. Estos son los aspectos más destacados del megadecreto:
– ANSES: Se autoriza al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del ANSES a realizar operaciones financieras, permitiendo que cree fideicomisos y realice negocios en los mercados financieros y bursátiles. Así, se deja a los fondos de los jubilados cada vez más expuestos a los vaciamientos y a la especulación de los pulpos financieros.
– Reducción de castigos por trabajo en negro: Se les reducen las sanciones y multas a los empleadores que declaren tener trabajadores no registrados. Por ejemplo, se reduce el tiempo en el que el empresario queda incluido en el registro de infractores, lo que le impedía acceder a subsidios y créditos estatales o participar en licitaciones de obras y servicios públicos.
– Embargabilidad del sueldo: Se facilita a los bancos la posibilidad de embargar las cuentas sueldo de los trabajadores.
– Importaciones: Se convierte en automáticas a 314 licencias de importación que hasta ahora requerían una aprobación del Gobierno. La medida abarcará a laminados de acero, aluminio semielaborado, polipropileno, poliestireno e hilados de algodón, entre otros productos.
– Automotrices: Las empresas automotrices no deberán pedir permiso para instalarse en el país.
– Derogación de la Ley de Abastecimiento: que promovía la producción agropecuaria e industrial por parte del Ejército Argentino bajo el argumento de que pudiera existir un esquema de autoabastecimiento en caso de guerra. Así, da vía libre a la venta masiva a privados de los campos, los inmuebles y las cabezas de ganado que le pertenecen al Ejército.
– Licitaciones: Los llamados a licitaciones de obras públicas ya no tendrán que publicarse en los boletines oficiales de las provincias y/o municipios afectados. Solo deberán reflejarse en el Boletín Oficial de la República Argentina y cada organismo en su sitio web. Además, se reduce de 10 a 5 días de anticipación el plazo para publicar licitaciones de hasta 100 millones de pesos, favoreciendo a los amigos del poder.
