Consultado acerca de si se piensa en un aumento de la edad jubilatoria, el titular del PAMI respondió con un fundamento que no deja dudas sobre la política oficial: “En el mundo entero la gente a los 65 años esta muy bien y puede seguir trabajando. Y la medicina recomienda que sigan trabajando porque es lo que mantiene la mente en forma.” Esto se da a pocos días de aprobarse la Ley Ómnibus que, entre otras cosas, estipula acerca de la cuestión jubilatoria la creación del Consejo de Sustentabilidad Previsional, que tendrá a su cargo la elaboración de un proyecto de ley que contenga un nuevo régimen previsional. En esta ley también se crea la Pensión Universal a la Vejez –que en un plazo reemplazará a la moratoria para jubilarse– por la que se cobrará sólo el 80% del haber mínimo y se elevará a 65 años el requisito de edad para que las mujeres puedan percibirla.
Como señalamos en otras oportunidades, las medidas de ajuste y modificación del sistema jubilatorio implementadas por Rosana Bertone en Tierra del Fuego muestran hacia dónde se encaminan cuando hablan de “sustentabilidad”. Luego de años de desfinanciar la Caja Previsional votaron en la Legislatura fueguina: la pérdida del 82% móvil (con un nuevo cálculo de un “82%” mentiroso); aumento de la edad jubilatoria de los trabajadores estatales; aumento de los años de aportes; y aumento de los descuentos por aportes jubilatorios y de obra social. Se impone además una quita compulsiva de entre 1 y 4,5% del salario.
Básicamente, la línea esta fijada desde hace algún tiempo por el FMI –que en septiembre enviará una misión para revisar la marcha de la economía argentina y de las medidas del gobierno– en un informe publicado en 2012 (Informe sobre la estabilidad financiera mundial, abril de 2012). En el marco de sus políticas de recortes del gasto público y en el contexto de la crisis económica internacional, el Fondo reclama entre otras medidas que se recorten las prestaciones y se retrase la edad de jubilación ante “el riesgo de que la gente viva más de lo esperado”, ya que eso supondría una amenaza para sostenibilidad de las finanzas públicas. Christine Lagarde, directora gerente de FMI, exigió a los gobiernos que reconozcan que el envejecimiento les puede crear un serio problema en el futuro.
Desde ya que, para la burguesía imperialista, el aumento de la productividad del trabajo –consecuencia de las innovaciones en la producción, por las que se hace menor el trabajo socialmente necesario para crear la misma cantidad de bienes– no está destinado ni a reducir la jornada de trabajo de los asalariados, ni a nutrir las cajas jubilatorias de una población obrera eventualmente con mayor expectativa de vida, sino a reducir la proporción entre el trabajo remunerado y el trabajo excedente no remunerado, aumentando la plusvalía relativa y la ganancia capitalista. Por lo tanto su receta es clara: el informe del FMI planteaba que “es necesario combinar aumentos de la edad de jubilación (obligatoria o voluntaria) y de las contribuciones a los planes de jubilación con recortes de las prestaciones futuras”. Y el responsable del departamento de Mercado de Capitales del FMI, en la rueda de prensa al presentar el informe, fue contundente: “vivir más es bueno, pero conlleva un riesgo financiero importante”.
El jefe de gabinete Marcos Peña intentó la semana pasada calmar las aguas con declaraciones que oscurecen más de lo que aclaran: “Hoy por hoy, nosotros no hemos planteado ese debate, aunque donde sí se ha planteado es en la ley de reparación histórica de los jubilados”. Para el gobierno de Cambiemos sería una medida de fondo en su política de ajuste fiscal.
