Luego del acuerdo con el FMI por 50 mil millones de dólares, se inicia una nueva fase del período de gobierno tras la debacle del plan económico el mes pasado. Con el acuerdo el gobierno pretende lograr una gobernabilidad que le permita llegar al conjunto de las clases dominantes a las elecciones del 2019. Pero es el propio acuerdo justamente el que apunta a lo contrario, ya que en materia económica no solo elevará la conflictividad social sino que agudizará la contradicción con las provincias.
Es un acuerdo ajustador, entreguista y recesivo donde se garantizarán, en primer lugar, los dólares para respaldar la timba de las Lebacs y pagar los intereses de la deuda externa de este año. Los propios economistas de los sectores dominantes son escépticos –hasta reconocen– que no habrá dólares para reactivar la economía. De hecho, los recortes anunciados solo en la construcción serán mayores al 80%, o sea nula reactivación en un sector donde se encuentran reconocidos por la UOCRA y la Cámara de la Construcción más de 400 mil trabajadores. Estas obras serán reemplazadas por los PPP (Participación Publica Privada) que fracasaron en economías inestables con altas tasas como la Argentina y donde los monopolios se fugaron dejando al Estado el peso de terminar la obra o no.
De lo poco que se conoce, el FMI exige una reducción del 48% de subsidios a las tarifas energéticas y de transporte hacia el 2020, que significa un 1,1% del PBI que lo pagará el pueblo con nuevos tarifazos. Está contemplado la reducción del plantel estatal y el recorte del 13% de salarios que se realizará por erosión de atraso inflacionario y la devaluación. El acuerdo contempla recortar un 74% la transferencia a las provincias que fueron 135 mil millones en el 2017, lo que traerá un fuerte ajuste en las provincias sobre todo aquellas más pobres donde el Estado nacional destina más fondos. A esto hay que sumar el impacto que causará la devaluación en los alimentos, luz, gas y combustibles y derivados.
Esta película ya la vivimos
En diciembre de 2000 el presidente De La Rúa anunciaba por cadena nacional el “Blindaje” de 30.000 millones de dólares diciendo “que lindo es dar buenas noticias”. Es inevitable tener allí una referencia porque el hambre se profundizó, donde morían 48 chicos por día, con las economías regionales destruidas emitiendo cuasi monedas para pagar sueldos y gastos corrientes. Un año después, en diciembre del 2001, estallaba el Argentinazo que barrió con ese gobierno.
No podemos comparar todavía la crisis social de ese año con el presente, pero si igualar las consecuencias de las recetas del FMI y lo acelerado de la descomposición económico-social que llevó a minar de luchas el país haciendo estallar la crisis política. Es un cortometraje que ya conocemos y recién comienza.
Precisamente las enseñanzas de ese doloroso período es que, partiendo de las necesidades populares, es preciso profundizar la lucha social con un amplio reagrupamiento popular para terminar con esta política antes que sea demasiado tarde, ya que toda ecuación que se plantee dar gobernabilidad para llegar a las elecciones 2019 será sobre más penurias para el pueblo y la Nación. Dicho de otro modo, la gobernabilidad que propone el gobierno a través del Gran Acuerdo Nacional es para hacer pasar el ajuste.
Es allí donde es necesario que el centro coordinador de las luchas como el 21F, las CTA’s, la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) y otras organizaciones gremiales, sociales y políticas puedan incorporar un programa que vaya más allá de lo gremial o reivindicativo y gane el centro del escenario político en caso de agudización de la crisis económica y social con su derivado en crisis política.
El plan no pasa sin represión
El gobierno se preparó desde el primer día para abordar una situación de desborde de la lucha de masas. La compra de millones de dólares para materiales como municiones, equipamientos, transporte y software para control de la represión interna fue una de las prioridades ya que la hipótesis de conflicto es el interno para el gobierno, mientras abandonó a los tripulantes del submarino San Juan y permite que se asienten bases de la CIA y el FBI en nuestra frontera y provincias del NEA, así como no denuncia la presencia de un escudo misilístico en Malvinas apuntando a Tierra del Fuego con tecnología israelí, denunciado por dirigentes del Grupo Forja de esa provincia, o la presencia de tropas de EEUU e Israel en el sur de nuestro país, como denuncian diputados de la oposición.
El asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel y la muerte en situación de represión de Santiago Maldonado, las razias, apremios y golpizas a dirigentes y periodistas de la revista “La Poderosa”, el accionar de las fuerzas represivas con zonas liberadas en las barriadas y villas, la represión y persecución a los inmigrantes que venden en la calle, muestra claramente el desprecio por el pobre y dónde está la principal hipótesis desestabilizadora para el gobierno.
Pero el gobierno sabe que la lucha se agudizará. Por eso es que ofrece la zanahoria de que el acuerdo con el FMI no tocará la ayuda social “característica del nuevo FMI”, dice. Pero mientras tanto, aumenta las tarifas, servicios y alimentos. Pero es la propia advertencia quitada del informe del FMI la principal hipótesis que ellos manejan: el empeoramiento de la situación económica, la recesión y la conflictividad social.
El gobierno mira atentamente como su aliado Temer en Brasil es acorralado por la crisis económica y las luchas como la de los camioneros, que bloquearon cientos de rutas en el país. Esta lucha, a la que se sumaron los petroleros, hizo fracasar la represión del Ejército, dividió a las fuerzas con la negativa a reprimir de la policía, y logró que se dejara sin efecto el aumento del combustible y otras reivindicaciones. Temen que el conflicto de camioneros en nuestro país se puede contagiar del brasilero. Pero también saben que será echar nafta al fuego si pretende sacar el Ejército a la calle.
Con la fuerza de las mujeres
Al cierre de esta edición se concentraban las decenas de miles de mujeres escribiendo una página que quedará en la historia de nuestro pueblo de su lucha por las conquistas democráticas donde las mujeres son las protagonistas de esos cambios y marcan que hay un pueblo que ha madurado y mira naturalmente a su liberación. La lucha por el aborto legal, seguro y gratuito abrió debates de fondo donde millones lo protagonizan y buscan respuestas. Vivimos jornadas históricas donde el gobierno abrió por necesidad el debate democrático, pero no abandonó sus convicciones retrógadas que llevan a la muerte de miles de mujeres, donde la ideología patriarcal –expresada en la Iglesia– juega un papel activo en los poderes del Estado. Esto, lo viejo, va dejando paso no sin resistencia a las conquistas democráticas, a lo nuevo. Ya nada será igual.
Garantizar el paro nacional
La movilización de miles marca un comienzo de ascenso de la lucha de masas. El gobierno atraviesa su peor momento y, lejos de virar, ratifica su política de ajuste, represión y entrega. Es un punto agudo de antagonismo con el pueblo. Éste busca avanzar en la unidad.
En esa dirección se inscribe el paro nacional y movilización de las CTA’s, camioneros, CFT y organizaciones sociales y estudiantiles, que ya se han transformado en un centro coordinador de la lucha. Así van dejando en el aire las maniobras divisionistas como las del sector de Hugo Godoy (de ATE nacional) que llamó a “parar” el 19, aunque ahora lo levantó frente al anuncio de la CGT de realizar un paro el 25 de junio. Al cierre de esta edición se concretaba el paro nacional de las CTA’s resuelto en un plenario conjunto.
Ahora, el paro de la CGT del 25 fue arrancado por la situación de abajo, como la lucha de los docentes y estatales de Chubut, que ocupan Ministerio y cortan la ruta bajo el hielo y la nieve. Y por la decisión de ese centro coordinador forjado el 21F de promover ese camino poniendo la fecha al paro. Es necesario fortalecer esta instancia. En esa dirección se inscribe las elecciones de la CTA-A de próximo 28 de junio que conduce Pablo Micheli, donde somos parte de la Lista 1 “Germán Abdala” que empuja la línea de “unidad en la acción” con un criterio amplio de coordinación para la lucha, una eventual crisis política y las elecciones. Y hacia el 25 de junio, necesitamos garantizar desde cada lugar de trabajo el paro nacional contra el ajuste y el acuerdo con el FMI.
