Este mecanismo tuvo un salto muy significativo los últimos 4 años, cuando la deuda pasó de 240.000 millones de dólares a 325.000 millones de dólares, a un promedio de más de U$S 20 mil millones por año.
Durante este periodo se tomó deuda con el FMI por 44 mil millones, un préstamo que no tiene precedentes ni en la historia de nuestro país ni en la del Fondo.
¿Para qué se destinaron esos miles de millones?
Básicamente, a garantizar la fuga de capitales a través de distintos mecanismos:
- Pagar deuda anterior y sus intereses;
- Cubrir el déficit fiscal que se acrecentó por el recorte de impuestos a grandes monopolios exportadores;
- Garantizarle a las empresas de servicios que puedan pasar las tarifas de pesos a dólares para llevárselos afuera.
- Especulación financiera.
Este gigantesco endeudamiento fue un gran negocio para unos pocos, debido a que funcionarios del gobierno de Cambiemos, como el ex Ministro Caputo, habían sido empleados de los colocadores de esos bonos, y también de compradores como el Deutsche Bank, de quien Caputo llegó a presidente de la filial Argentina.
Todas esas vinculaciones le permitieron a este operador y a otros como el Vicejefe de Gabinete Quintana, y al Secretario de Finanzas Bausili, emitir bonos por un lado y comprarlos por el otro, o comprar Lebac, y venderlas para pasarse al dólar sabiendo de su posterior aumento.
Para darse una idea: en 2015 las lebacs tenían una tasa de interés que en algunos casos llegaba al 27% y eran a 300 días. Cuando vino el macrismo, esas lebacs dieron enormes ganancias, el gobierno las cambió por leliqs que únicamente podían comprar los bancos, con tasas del 85%.
En estos cuatro años esos bonos pasaron del 26% al 85%, y se emitieron por 1 billón 280 mil millones de pesos. Esta es una operatoria siniestra que autorizaron los presidentes del Banco Central, eso amerita una investigación.
El rol de Caputo y de Quintana ya está investigado y denunciado en la justicia federal, por, entre otros Alejandro Olmos Gaona.
Se podrían señalar muchos ejemplos de estas responsabilidad o complicidades, pero uno que es contundente y muestra que estos buitres grandes y chicos compraban sabiendo que la Argentina no iba a poder pagar, y que iban a terminar negociando y reestructurando siempre a favor de ellos, lo muestra la suscripción del demencial bono a 100 años, emitido en junio del año 2017. Es un negocio de 2750 millones de deuda y se va a pagar 21.000 millones de intereses.
Entre los que compraron el bono, está una empresa offshore del ministro Caputo. También hay una denuncia penal del fiscal Federico Delgado porque en el momento que se arregló con los buitres, se emitieron bonos y los compraron empresas vinculadas también a Luis Caputo.
Este año hay que pagar aproximadamente 33.000 millones de dólares a los acreedores privados. Esa suma equivale a 275.000 departamentos de tres ambientes o a 228 millones de AUH, es decir a 5 años de las mismas o 148 millones de jubilaciones mínimas o la compra de 8 petroleras de la dimensión de YPF o 8 años de subsidios a la energía y 7 años al transporte.
Esta situación hace que en el presupuesto 2020 aprobado por el macrismo el año pasado, 1 de cada 5 pesos va a la deuda o por cada $100 destinados al pago de deuda, se invierten $30 en Educación y $21 en Salud.
¿Qué se puede hacer?
En este contexto, el gobierno inició la negociación con el FMI, que seguramente se extenderá varias semanas.
Los primeros vencimientos de la deuda con el Fondo comenzarán a partir de 2021, pero esta negociación es clave porque según cómo se resuelva, condicionará la posterior negociación con los fondos privados, a quienes ya habría que pagarles este año, tal como lo muestra el bono que vencía en febrero y fue pateado hasta septiembre por el ministro Martín Guzmán.
El préstamo que el FMI arregló con Macri en 2018 es el más grande que dio el Fondo en toda su historia. Y lo dio a un país que estaba con un enorme problema económico y con el Banco Central quebrado.
Hay un dicho que asegura que cuando la deuda es chica el problema lo tiene el deudor, pero cuando es grande el problema lo tiene el acreedor. Y el fondo sabe que no debería haber prestado ese monto.
Sus informes, realizados por sus técnicos que tenían una oficina en nuestro país, mostraban lo que pasaba en Argentina.
Conocían minuciosamente la fuga de capitales, y nada de eso les importó para celebrar el Stand by por 50.000 millones de dólares y ampliarlo meses después.
Si bien al FMI no le está prohibido efectuar préstamos a países que transfieren capitales, sí le está prohibido a los países recibirlo, y el FMI tiene la obligación de advertir al país, y si no efectúa el control debido, tiene que inhabilitarlo.
Nada de eso ocurrió, y de allí la enorme responsabilidad de la institución que seguramente se manejó de acuerdo con las expectativas de los EE.UU. que necesitaba tener a Macri bien alineado con sus políticas, ya que este país es el único que por su nivel de cuotas, tiene un enorme poder de decisión y de veto.
En este contexto, hay condiciones para poder cuestionar fuertemente el proceso de endeudamiento de la argentina.
¿Es posible una negociación favorable a los intereses populares?
Dentro de las herramientas que tiene a mano el gobierno una clave es realizar un censo de acreedores, para conocer quiénes fueron compradores originales y quiénes fueron secundarios.
El Banco Central tiene todos esos datos, sabe quienes compraron leliq al 85%, qué bancos, qué fondos de inversión, porque esos generaron ganancias extraordinarias, y puede hacer un paneo total sobre cómo se constituyeron las obligaciones externas y cómo fue el proceso de endeudamiento de estos últimos cuatro años.
A su vez están las denuncias penales contra los funcionarios del macrismo, con pruebas documentadas que sirven para mostrar este mecanismo e impugnarlo. Denuncias que fueron presentadas por Alejandro Olmos Gaona, Claudio Lozano y Juan Grabois, entre otros.
También se puede dar lugar a una Comisión de investigación de la deuda.
Tal como informa Olmos Gaona, la mitad de la deuda pública de la dictadura fue deuda ficticia de empresas privadas, que el Estado asumió como propias en 1982. (23 mil millones de dólares), con lo cual se puede llamar a esos grandes empresarios, como el Grupo Macri, Techint, Pescarmona, Bulgheroni, todos los que defraudaron a la Nación, y hacérsela cobrar.
Hay ejemplos históricos que fortalecen esta perspectiva
Cuando Rodriguez Saa planteó el default, no se pagó desde 2001 hasta 2006. Durante ese período, Argentina creció año a año, no hubo extorsiones, ni amenazas y el FMI se tuvo que bancar todo el proceso hasta la renegociación.
Porque los buitres saben las cosas que han hecho, saben que esos bonos pueden ser muy discutidos y la enorme cantidad de negocios que hicieron. Eso da una pauta de que se puede volver a hacer.
A su vez en Ecuador, en 2007, el gobierno de Rafael Correa realizó una auditoría de la Deuda y luego ordenó la suspensión de los bonos. En este caso la deuda era con privados y no con el FMI, cuestión distinta a la actual.
Pero en este caso, tras haberse investigado, los bonistas redujeron sus pretensiones a un tercio de lo que reclamaban inicialmente. Como asegura Olmos Gaona, auditor de esa deuda, “cuando alguien le dice no a los bonistas, ahí los acreedores sea quien sea, empiezan a afinar la lapicera”.
Este es un camino posible y necesario. En 2014, el Congreso Argentino aprobó una auditoría de la deuda privada, la cual tuvo un tibio comienzo, luego fue archivada y destruida en 2016, pero está latente en el juzgado federal N°2.
Hay pruebas y toda esta información el gobierno la puede usar, lo tiene a mano. Habrá que ver si está dispuesto.
