Detrás de una solución coyuntural a los juicios de los jubilados para cobrar el haber que les corresponde, el gobierno de Macri abre paso a una política privatista y de ajuste en el sistema provisional. Paga los juicios pero con recorte
El gobierno, que fue tan blando y dócil para reconocer “deudas” con los fondos buitres, se presenta duro con los jubilados: ofrece pagar la deuda previsional reconocida en los juicios por el mal cálculo de los haberes pero con un recorte que llevaría el monto incluso a menos de la mitad. En lugar de aplicar el Índice de Salarios Básicos de la Industria y Construcción (ISBIC), que utilizó la Corte para calcular la deuda y que aumento 435% desde 1995 hasta 2009, lo reemplaza por el de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que aumentó 139%. Esto afecta a 50.000 jubilados que ya tienen sentencia firme.
Por otra parte, limita el pago de retroactivo a un máximo de 4 años para los 300.000 jubilados que no tienen sentencia firme aún, recortándole aun una porción más de lo adeudado. Y finalmente, no reconoce ningún tipo de deuda para los 2.000.000 que no iniciaron juicio pero tendrían los mismos derechos que los que sí iniciaron y quieren ver actualizado el cobro de sus haberes de aquí en adelante: para percibir esta actualización de sus haberes deben renunciar a reclamar algún retroactivo. Además, los retroactivos estarán sujetos al descuento por el impuesto a las ganancias.
Perspectiva privatizadora y ajuste
No está claro el financiamiento a largo plazo para cubrir el costo fiscal de la iniciativa, pero ya se estipula la habilitación para vender los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad Previsional (FGS): las acciones que el Estado tiene en sus manos de empresas y monopolios como consecuencia de la estatización de las AFJP, y que éstos siempre pretendieron recuperar. Esas acciones –a través de las cuales, además, el Estado participa de sus directorios y asambleas de accionistas– están valuadas en 93 mil millones de pesos. El 78% del total de ese valor corresponde a las acciones del Estado en diez firmas: los bancos Macro, Galicia, Francés y Patagonia, Telecom, Siderar, Molinos Río de La Plata, Consultatio, Transportadora de Gas del Sur y el Grupo Clarín. Además de Aluar, Edenor, Petrobrás Argentina, y otras que integran un total de 40 empresas.
Por otro lado se propone reformular el régimen previsional de acá a tres años, discutiendo la “sustentabilidad del sistema”. Las medidas de ajuste y modificación del sistema jubilatorio implementadas por la gobernadora Rosana Bertone en Tierra del Fuego muestran hacia dónde se encaminan cuando hablan de “sustentabilidad”. Allí, luego de años de desfinanciar la Caja Previsional, votaron en la Legislatura fueguina: aumento de la edad jubilatoria de los trabajadores estatales; aumento de los años de aportes; y la quita del 82% móvil que estaba vigente. Ahora en la isla, dejarían de calcular el 82% móvil de la jubilación en base a los 24 mejores salarios de los últimos 10 años, actualizado según las paritarias del sector. En cambio, con un nuevo cálculo del “82%” mentiroso, se pasaría a calcularlo en base al promedio de los últimos 10 años con una actualización independiente de las paritarias, lo que termina representando en realidad sólo un 61,5%. Además, se pretende aumentar los descuentos por aportes jubilatorios de los docentes y estatales y se impone una quita compulsiva “solidaria” de entre 1% y 4,5% del salario. Estos son algunos de los motivos que desataron el conflicto fueguino que ya lleva tres meses.
Menos que la mínima y aumento de la edad para las mujeres
Otra de las reformas estructurales del proyecto de Cambiemos es la creación de la Pensión por Vejez y las restricciones para la moratoria de los que no tengan todos los aportes jubilatorios. Se restringe la posibilidad de jubilarse a todos los trabajadores que no tengan completos sus 30 años de aportes (millones de trabajadores en negro, por ejemplo), confinándolos a cobrar una pensión –de sólo el 80% de la jubilación mínima, $3.967– y elevando de 60 a 65 años la edad para las mujeres que accedan a la misma.
