Los sucesos en Costa Salguero volvieron a poner en primera plana el problema de la droga y la corrupción de Estado. No fue en cualquier lugar, sino el que elije el PRO para sus festejos electorales, que eligió el propio Macri para su casamiento y que ha recibido escandalosos beneficios por parte del Gobierno de la Ciudad.
Sumando más de 20 mil personas dentro de la fiesta y contabilizando la entrada ($900), el precio de cada botella de agua (alrededor de $100) y las “pastis” (de consumo masivo por al menos $200), el narco-negocio recauda al menos 25 millones de pesos por noche.
Mostró también la zona liberada a cargo de la Prefectura, que es apañada por la ministra de “Seguridad” Patricia Bullrich, si bien aún faltan algunas precisiones sobre la droga que consumieron, la forma en que les llegó y las condiciones en que se desarrolló la fiesta electrónica Time Warp (Túnel del Tiempo).
Evidencias
En unos días se conocerían los resultados toxicológicos de las víctimas, mientras ya circulan diversas hipótesis: que alguien estaba “probando” una droga, que contendría veneno para rata, que estaría en forma líquida, que es sencillamente uno de los riesgos del uso de estas drogas, etc. Sea como sea, la droga estaba dentro de la fiesta electrónica, bajo la vista gorda o más bien en connivencia con la Prefectura y la organización del evento.
Cualquiera que haya participado de alguna de estas fiestas sabe por experiencia propia lo alevoso de la venta de droga. Diversos relatos afirman que, ni bien se pasaba el ingreso al lugar, se acercaba una persona y ofrecía pastillas: “Chicos, ¿quieren pastis?” (Clarín, 19/4/16). Imposible pensar que no haya complicidad de las fuerzas de seguridad. Y más imposible es creer la versión que la Prefectura le dio al fiscal Abraldes cuando se hizo presente en el lugar afirmando que habían hecho controles y no había droga. Pero la mentira tardó apenas unas horas en caerse cuando la propia Prefectura debió informar a las 18hs del sábado de una bolsa con drogas que había recibido a las 3am de parte de la “seguridad” del boliche.
Tras el primer lógico allanamiento judicial en dependencias de esa fuerza, el Ministerio de “Seguridad” a cargo de Patricia Bullrich salió en defensa de la Prefectura e hizo una presentación donde insistió con la versión de que dos secretarios del juzgado –que esa noche estaban de turno– le habían dado instrucciones a los prefectos de “no molestar a los chicos que iban a divertirse” (Clarín, 19/4/16). La versión fue desmentida por el juez federal Sebastián Casanello, que quedó a cargo de la causa judicial. Recién luego de hacerse públicos los cruces fueron pasados a disponibilidad seis prefectos. Evidentemente, para Bullrich el problema no es el narcotráfico, sino quién lo controla.
La otra parte es la responsabilidad de la organización: hacinamiento, falta de ventilación e incluso el agua cortada en los baños. Se habría comprobado que hubo 20.490 personas en un lugar habilitado para 13 mil. Son condiciones que, no sólo son un negocio para los aguateros top, sino que agrava los riesgos para la salud y especialmente a los consumidores de la “diversión” en pastillas. Sólo con esto bastaría para imputar a los organizadores, aún sin lograr demostrar vínculos directos con los dealers dentro del propio evento. Por eso hay pedido de captura para Adrián Conci, presidente de Dell Producciones, que para demostrar su culpabilidad seguía prófugo.
Y, naturalmente, nada de esto hubiera sido posible sin el consentimiento del gobierno porteño a través de varios de sus organismos: concesión, habilitación, control, etc., etc. Hubo tres inspectores durante la fiesta electrónica, a los que todo les pareció normal. Incluso luego de la tragedia el gobierno porteño informó que había habido 10.900 personas, menos de la mitad de lo que está comprobando el juzgado.
Resulta que el gobierno porteño beneficia a la empresa Telemetrix cobrándole un cánon cien veces menor que el precio de mercado por la concesión de Costa Salguero, que esta empresa subcontrata a 23 empresas. Además, Telemetrix comparte su directorio con Costa Salguero S.A., que administra los pabellones en los que se hizo la fiesta electrónica. En el directorio de esta subconcesionaria figura Fernando Polledo Olivera, marido de la macrista Carmen Polledo: la actual vicepresidenta primera de la Legislatura (Página/12, 18/4/16).
Impacto político
Este déjà vu de corrupción y desprecio por la vida recién acaba de aflorar y ya está desbarrancando la credibilidad del presidente Macri. Se suma a sus poco creíbles explicaciones sobre las sociedades offshore de varios funcionarios de Cambiemos, incluido el propio Macri. Patricia Bullrich habla de combatir el narcotráfico y viajó a EEUU a consultar “expertos en seguridad”. Pero con tanto asesoramiento… ¿cómo circulan los dealers tan tranquilamente bajo sus propias narices?
Y ahora la “ocurrencia” PRO es prohibir las fiestas electrónicas. O sea: si hay fiesta, que sea con droga. Pero si no hay droga, ¡que no haya fiesta!
Macri llegó al gobierno de la Ciudad luego de que los familiares de Cromañón lograran la destitución de Aníbal Ibarra por su responsabilidad en la muerte de 194 chicos. Luego, en una compleja elección presidencial, aprovechó el rechazo social al narcotráfico (que a Aníbal Fernández no le “mueve el amperímetro”). Ahora le toca a Macri y Cambiemos desmentir lo que ya salta a la vista de cualquiera.
