Reproducimos nota de lxs trabajadorxs precarizadxs organizados del IVC en lucha.
Lxs trabajadorxs territoriales contratados por el IVC que se desempeñan en los procesos de reurbanización de los barrios Rodrigo Bueno en Costanera Sur, 21-24 en Barracas, Barrio 20 en Villa Lugano, Barrio Ricciardelli en el Bajo Flores (1-11-14) y Playón de Chacarita, se enteraron a principio de mes que no recibirán el aumento prometido. Se trata del 10% correspondiente a la segunda cuota del aumento del 30% anual por paritarias 2020, que fue informado por Sutecba a través de un comunicado oficial, donde constaba que el sindicato había negociado con las autoridades efectivizar el aumento garantizado para las plantas transitorias y permanentes, también para aquellxs trabajadorxs contratadxs mediante Contrato de Locación de Servicios directamente por el IVC o tercerizadxs mediante la UNSAM. Además, al abonar la primera cuota en marzo, el IVC y el Ministerio de Desarrollo refrendaron y legitimaron dicho acuerdo que hoy incumplen.
Esta es la realidad que enfrentan lxs más de 1.000 contratadxs del IVC y del Ministerio de Desarrollo en general, pero es particularmente acuciante para lxs trabajadorxs territoriales ya que hace un año y medio soportan una demanda desgastante. Desde el principio de la pandemia se desempeñaron como esenciales brindando asistencia alimentaria a las familias más vulnerables, en la entrega de bolsones a contactos estrechos y adultxs mayores, en los dispositivos detectar, postas de salud y vacunatorios. Todo esto sin recibir el bono decretado para esenciales. Todavía resistiendo a la primera ola y con muchxs compañerxs contagiadxs debieron retomar las tareas propias de los procesos de reurbanización, pero con menos presupuesto para obras y más exigencias y presiones para terminar las mudanzas antes de las elecciones.
Lxs trabajadorxs del IVC tienen contratos de locación de servicios como si fueran proveedores externos del Estado, cuando se trata en realidad de relaciones de dependencia encubierta. En muchos casos, con más de cuatro años de antigüedad, violando la Ley 471 de empleo público y el Convenio Colectivo suscripto por Sutecba.
Esto implica que lxs trabajadorxs territoriales tengan que realizar tareas muchas veces insalubres en situación de absoluta precarización: sin ART ni estabilidad laboral, sin aguinaldo ni paritarias aseguradas por ley y a merced de las arbitrariedades de lxs funcionarixs.
En este sentido, en el petitorio que enviaron a la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat María Migliore y al Presidente del IVC Gabriel Mraida, lxs trabajadorxs territoriales reclaman el cumplimiento del aumento del 10% en julio y 10% en octubre, según lo acordado entre dichas autoridades y representantes de Sutecba. Así mismo reclaman la reapertura de paritarias atendiendo al 45% de inflación actual y la vacunación contra el Covid-19 de los equipos en su totalidad.