Cada año, más de 350 mil trabajadorxs «golondrina» recorren el país. A la cosecha de la fruta, entre el Alto y el Valle Medio de Río Negro, viajan cerca de 40 mil para las tres etapas de la producción frutícola (en junio se realiza la poda, en octubre comienza el raleo y de diciembre a mayo la cosecha).
Daniel era uno de ellxs, tenía 26 años y era guaraní oriundo de Tartagal, de misión Cherenta. En septiembre del 2011 fue reclutado por la empresa Agrocosecha S.R.L., empresa tercerizada a cuenta de la multinacional belga Expofrut Argentina S.A. (ex Univeg Expofrut S.A.) para trabajar temporalmente en la cosecha de manzanas. Había recorrido 2.400 km en un colectivo de la empresa El Tucumanito, hasta Choele Choel.
La empresa Agrocosecha S.R.L. (hoy con otro nombre) contrataba jornaleros para cada una de las tres etapas de la producción frutícola, despidiendo entre etapas a la mayoría de lxs trabajadorxs y particularmente a quienes se quejen de las condiciones laborales.
Daniel vivía hacinado junto a 150 trabajadorxs en un galpón, en condiciones inhumanas y dedicaba el día entero al trabajo en pésimas condiciones laborales.
El viernes 4 de noviembre del 2011, al cobrar su primer mes por su trabajo de recolección de la fruta, Solano se había dado cuenta de que en el recibo de sueldo faltaba plata. El acuerdo que tenía era por $2.000 mensuales (90 pesos por día trabajando de 10 a 12 horas), pero le habían pagado sólo $800. Comentando la situación con otrxs compañerxs, se dieron cuenta de que a ellxs también la empresa les había pagado menos. Solano junto a otrxs planificaban reclamar en las oficinas la mala liquidación de sueldo el día lunes.
A Daniel lo vieron por última vez en la madrugada del sábado 5 de noviembre de 2011 en la disco Macuba en Choele-Choel, Río Negro. Testigos vieron cómo tres policías provinciales que hacían sus “adicionales” como seguridad del lugar lo sacaron de la disco a empujones, lo golpearon y lo cargaron en un auto. Aquella madrugada a Daniel lo emboscó la policía, lo golpeó y lo hizo desaparecer.
Su desaparición y asesinato fue planificado desde la empresa y ejectutado por la policía con el encubrimiento de la justicia.
El 2 de agosto del 2018, los efectivos de policía Sandro Gabriel Berthe, Pablo Federico Bender, Juan Francisco Barrera, Pablo Andrés Albarrán Cárcamo, Pablo Roberto Quidel, Diego Vicente Cuello y Héctor César Martínez fueron condenados como autores del homicidio y desaparición, de Daniel Solano, a pena de prisión e inhabilitación perpetua. Pero al día de hoy la impunidad sigue, los 7 policías se encuentran en libertad porque aún resta el fallo definitivo de la Corte Suprema de Justicia.
«Falta avanzar con las causas de la estafa y el encubrimiento policial: policías de distintas dependencias actuando juntos habla de una trama mayor. No hay nadie imputado por el encubrimiento», había señalado Aparicio.
La investigación por Daniel Solano destapó un entramado de corrupción policial, judicial, y empresarial que derivó en 24 causas conexas que se tramitan en juzgados provinciales y federales. Todas las causas apuntan a una trama de explotación, trata de personas, estafa y encubrimiento donde se investigan a los dueños de la empresa Agrocosecha S.R.L. (Adrían Lapenta, Gustavo Lapenta y Pablo Mercado) y sus lazos políticos, policiales y judiciales, como parte de una red que captaba trabajadores con falsas promesas, para estafarlos y explotarlos. Como definieron los abogados Heredia y Aparicio, el caso de Daniel Solano es la punta del iceberg de esa trama, y Daniel era uno de los jornaleros que se habían rebelado contra la impunidad de Expofrut.
En busca de justicia, Gualberto Solano, papá de Daniel dejó su tierra natal y se instaló en Choele Choel para buscar a su hijo. Gualberto se había encadenado frente al Juzgado Nº 30, sobre la Avenida San Martín. Luego de que la Justicia le otorgara una abogada –María Cecilia Costanzo, que trató de convencer a Gualberto de que su hijo se había ido a Neuquén–, los abogados Sergio Heredia y Leandro Aparicio se encargaron de que la causa no sea cajoneada. En ese mismo lugar, frente al juzgado, se formó un acampe que dura hasta el día de hoy pero que ya no cuenta con la presencia de Gualberto, que falleció el 3 de abril del 2018, sin haber encontrado al cuerpo de su hijo y sin que la Justicia condene a los responsables de su desaparición.
La causa Solano II avanza para poder llevar a juicio a los policías que cumplían adicionales en el interior del boliche Macuba de Choele Choel la madrugada de la desaparición de Daniel, y que fueron partícipes necesarios del homicidio. Se trata de Walter Etchegaray, Cristian Toledo y Ceferino Sebastián Muñoz.
A 9 años nos seguimos preguntando ¿DÓNDE ESTÁ?
¡Entreguen el cuerpo de Daniel!
¡Perpetua ya a los 7 policías asesinos!
¡Juicio y castigo a todxs los responsables y encubridorxs!
