El conflicto por el aumento desorbitante de las tarifas de gas, luz y agua se mueve al ritmo de los cacerolazos y movilizaciones, que el jueves 4 volvieron a escucharse en todo el país y puso en evidencia no sólo el carácter reaccionario del gobierno sino también su torpeza. El arco social que se desató contra el ajuste va desde trabajadores y organizaciones sociales hasta comerciantes y pequeñas y medianas empresas. Junto al reclamo tarifario sonó también la exigencia de renuncia del ministro de Energía Juan José Aranguren, que el macrismo busca evitar por el impacto político cuando lleva meses de gobierno.
Agobiado por las protestas y amparos judiciales en contra del aumento, Aranguren amagó con convocar finalmente una audiencia pública “informativa”, de la que luego desistieron porque contradecía su propio discurso. El gobierno sostiene que no es necesaria audiencia pública para el aumento del precio de producción de energía –que según analizamos en Vamos! Nº80 representa hasta el 70% del tarifazo energético–; y para las etapas de transporte y distribución argumenta que la audiencia ya fue realizada… ¡el 6 de mayo de 2004!
En este contexto, numerosos amparos judiciales frenaron los aumentos insistiendo en la necesidad de la audiencia pública. Incluso la pro-aliada Elisa Carrió había salido a plantear la realización de la audiencia, pero para entonces aplicar el aumento en forma “retroactiva”. El detalle es que las audiencias habilitan cambios tarifarios posteriores, no previos. Por lo que el gobierno estaría operando para una pronta resolución de la Corte Suprema, que hasta el momento no ocurrió. Buscan entonces acelerar para el 22 la asunción del nuevo juez Carlos Rosenkrantz, que suponen volcaría al magistrado a favor de dar por válido lo actuado por Aranguren.
¿Qué nuevas explicaciones dará el ministro en la reunión del martes 16 con comisiones del Congreso de la Nación que finalmente fue convocada? Veremos. La única certeza es que el rechazo popular no se agotará en la Corte.
