En solo 24 horas, entre el 9 y el 10 de septiembre la Policía Nacional Colombiana asesinó a 17 jóvenes en manifestaciones. Hay más de 100 personas heridas y 20 comisarias incendiadas. Los organismos de DDHH advierten que cualquier persona puede ser asesinada por las fuerzas represivas del Estado. “Nos están matando”, gritan al mundo.
17 personas de entre 17 y 45 años fueron asesinadas por la policía en el marco de protestas contra la violencia policial que se desencadenaron en respuesta al asesinato del abogado Javier Ordoñez, quien falleció luego de recibir numerosas descargas eléctricas de pistolas táser el miércoles 9 de septiembre por la madrugada.
«En vez de derivarlo a un hospital lo llevaron al Comando de Acción Inmediata (CAI), que es un destacamento de la fuerza pública, y se desconoce lo que sucedió adentro», según señala la Revista Amazonas. Este asesinato, que ocurrió en Engativá, Bogotá, fue grabado por personas que se encontraban en el lugar y generó la indignación de miles de personas que se autoconvocaron para repudiar el abuso policial en otras ciudades del país como Cali, Medellín, Barranquilla, Neiva, Tunja, entre otras.
El gobierno habla de «manzanas podridas» o «intolerancia social». Los datos de la realidad son más que descriptivos de una situación de abierta represión y abusos de poder por parte de las fuerzas de seguridad que actúan impunemente. Según el registro de la ONG Temblores, entre el 2017 y el 2019 hubo al menos 639 homicidios, 40.481 hechos de violencia física y 241 casos de violencia sexual cometidos por la fuerza pública en Colombia.
A la par de esto, el Estado avanza sobre las libertades democráticas obligando, a través de la policía, a requisar celulares y páginas de internet. Lo cierto es que Colombia vive días de fuerte levantamiento popular contra el mal gobierno y sobre todo apuntando a la represión sin límites desencadenada contra los sectores populares.
Un gobierno aliado de los EEUU
Esta reacción popular, no nace de la noche a la mañana, ni tampoco los crímenes de Estado, son una constante desde hace mucho tiempo, muchos años de acumulación y resistencia. Colombia es uno de los principales aliados de los EEUU en la región, tiene una influencia directa política, económica y militar.
El gobierno de Iván Duque es la expresión de los sectores aliados a esa superpotencia, el propio Duque vivió y forjó su carrera política en los más de diez años que vivió en Washington, y cuando regresó fue apadrinado y catapultado por Álvaro Uribe de vieja relación con su padre. Ahora, aprovecha el «acuerdo de Paz» con la FARC firmado en el 2016 para llevar adelante el verdadero objetivo, profundizar la política de ajuste y saqueo de las riquezas naturales estratégicas, y para ello necesita profundizar la represión y escarmiento al pueblo.
Colombia pasó de un desempleo de 9,4% en junio de 2019 a uno de 19,8%. Con una política laboral de alta precarización y bolsones de pobreza. En este marco de crisis económica y ajuste, con la pandemia que no sede y más de 770 mil infectados, el gobierno avanza en profundizar las medidas que buscan recaudar remachando la precarización laboral. El ejemplo más claro es el decreto 1174 que establece básicamente que las personas que ganan menos de un salario mínimo en negro, deban “aportar a una pensión”, siendo que siguen perteneciendo al régimen subsidiado en salud (el mal llamado “Sisben”). Esta medida incluye a las personas que no tienen una jornada completa de trabajo y están en negro. Es decir, quienes trabajan menos de ocho horas al día, 48 a la semana o 205 (aproximadamente) al mes. También, las personas que se mueven en el rebusque y que no alcanzan a ganar al menos un salario mínimo. De los 22 millones de personas económicamente activas, hay trece millones de personas que no están aportando ni en salud ni pensión.
Ahora, más que nunca el gobierno necesita plata. Si esos trece millones cotizan sobre cien mil pesos (27 dólares), es decir, aportan 15% sobre sus ingresos, que es lo que establece el decreto, estarán aportando quince mil pesos mensuales (4,04 dólares). Es decir, el Estado estaría recibiendo mensualmente $195.000 millones que no está recibiendo actualmente.
Pero el decreto establece una flexibilización laboral expuesta, ya que habilita a las empresas a contratar mano de obra por horas, sin límites y sin obligación de pagar prestaciones. El trabajadxr se pagará su prestación como establece el decreto.
Por otro lado, el fracaso del «Acuerdo de Paz» se produce en el marco de los sucesivos asesinatos de líderes sociales y campesinos, principalmente en zonas rurales del país: 700 líderes sociales y excombatientes asesinados, además de 55 masacres que el gobierno insiste en catalogar como «homicidios colectivos» perpetrados durante el 2020 y la visibilización de abusos sexuales a niñas indígenas por parte de militares.
En las calles de las principales ciudades el asesinato del abogado Javier Ordoñez, fue una gota más que rebalsó el vaso, y como siempre pasa, el odio hace que se pierda el miedo y se gane en organización, ya que se sabe de la brutalidad represiva de las fuerzas de seguridad en Colombia. Fuerzas que están entrelazadas con el narcotráfico, las trata, las desapariciones y los crímenes.
Por eso en las calles no solo se repudia el asesinato brutal del abogado, a quien se ve en grabaciones suplicar que no lo golpearan mas, mientras se encontraban electrocutándolo con una pistola taser y asfixiándolo al mismo tiempo, para luego comprobarse por parte de Medicina Forense, que tenía más de 20 fracturas en el cráneo y que derivó en el incendio por parte de los vecinos del CAI (Comando de Acción Inmediata) porque no quieren más la presencia policial en los barrios que hostiga a los jóvenes, los reprime y los mata. La bronca en las calles se transformó en un gigantesco levantamiento harto de la política criminal contra el pueblo, también se manifiestan contra la trata de personas y el abuso sexual policial, algunos de los cuales sucedieron mujeres en las comisarias luego de ser detenidas en las movilizaciones.
El gobierno denuncia que las FARC o el ELN están detrás del levantamiento popular, pero la propia gente sostiene que «no es cierto y que realmente lo que ocurrió fue un ejercicio de alzamiento popular porque estamos cansados, la gente no aguanta más, la gente sabe que la policía realmente no los cuida. Lo que ocurre es algo que está por fuera de cualquier control o plan, no tiene sistematicidad. La gente comenzó a sentirse indignada a partir del asesinato de este abogado, es una manifestación llena de digna rabia popular».
Miles en el paro nacional del 21
El «Comité Nacional del Paro» convocó una caravana nacional para el 21 de septiembre en rechazo a los actos de abuso policial y para pedir la derogatoria del decreto 1174. Las centrales obreras y de pensionados, la coordinadora de organizaciones sociales, las organizaciones de estudiantes colombianos (Acrees y Unees) y las demás organizaciones sociales pertenecientes al Comité Nacional de Paro, afirmaron que el paro fue masivo en las principales ciudades de Colombia.
El marco del paro tuvo la nueva masacre del fin de semana por parte de grupos armados parapoliciales en Cauca y Nariño, dos de los departamentos más golpeados. Al menos seis personas fueron acribilladas en el sector de Munchique del municipio de Buenos Aires (Cauca) por un grupo parapolicial que también utilizó granadas de mano.
Pero también el marco de bronca se acentuó con la vista de Mike Pompeo Secretario de Estado norteamericano, en un claro apoyo al gobierno de Duque. Pompeo arremetió contra la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC “que se apartaron del proceso de paz”, y señalando, al igual que Duque, como responsables por la ola de violencia. Pero no se quedó allí, sino que desplegó la estrategia norteamericana en esa región afirmando que esas guerrillas “son acogidas del otro lado de la frontera con Venezuela en un comportamiento que no se puede tolerar”. El régimen “ha brindado refugio seguro, ayuda y alberge a terroristas”. Así, mostró los aprestos que en el caso de ganar en las elecciones del mes de noviembre, la administración Trump avanzará decididamente sobre Venezuela.
En las principales ciudades del país el paro se hizo sentir muy fuerte. El corte carreteras impidió el tránsito de vehicules de carga. En Medellín la concentración fue muy grande y en Bogotá hubo enfrentamientos con la policía de esa Ciudad. La represión de los grupos especiales arremetió sobre los estudiantes en la universidad de Pasto con un saldo de heridos y detenidos. la jornada que estaba llamada hasta las 16hs, se extendió en varias ciudades y se espera que en la noche haya nuevos enfrentamientos. Los organizadores alertan por el accionar de las fuerzas represivas y los grupos parapoliciales.
Se han anunciado nuevas medidas de lucha a pesar de las restricciones por la pandemia para hacer frente al avance de la política ajustadora y la violencia policial con crímenes de Estado.
Lxs manifestantes aseguraron que los crímenes no quedaran impunes y que la fuerza de la juventud es un motor para terminar con estas políticas neoliberales que no tienen consenso y se abren paso derramando sangre del pueblo.
