Miles de personas se vienen movilizando en pandemia, denunciando los incendios en distintos puntos tan distantes entre sí como Córdoba, Catamarca, Corrientes o en el Delta del Paraná y el Gran Buenos Aires y reclaman la sanción de la ley de protección de humedales y de bosques que se encuentra en el Congreso Nacional.
Los humedales en la Argentina están en disputa
Los intereses extractivistas de las corporaciones de agronegocios interrelacionadas con los negocios inmobiliarios (en periferias, costas y paisajes), usan la quema para apropiarse de tierras.
Los incendios son provocados en lugares donde hay fuertes intereses de corporaciones y negocios por apropiárselos como Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Buenos Aires, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán y Misiones. También en el AMBA (Laferrere, Berazategui, Quilmes), en reservas codiciadas por corporaciones industriales e inmobiliarias. Puede ser para habilitarlos para usos agropecuarios o para barrios privados, principalmente.
Se calcula que la superficie de las zonas quemadas y/o afectadas por los incendios, es equivalente a 50 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que se deforestaron 38.852 hectáreas de bosques nativos durante la pandemia.
A las causas “naturales” como factores climáticos estacionales (menos lluvias, los ríos y arroyos están bajos y es época en la que se queman pastizales para el rebrote) se le suman los intereses económicos y de los agronegocios que encienden todas las mechas en búsqueda de maximización de ganancias, destruyendo los bienes comunes.
«Estamos viviendo un ecocidio, una destrucción suicida de los espacios que garantizan la calidad del agua, la tierra y el aire», se afirmó en la mesa que reunió especialistas como el doctor Damián Verzeñassi del Instituto de Salud Socio Ambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario y al ecologista Emilio Spataro integrante de Guardianes del Iberá y coordinador del área Bosques y Diversidad de Amigos de la Tierra de Corrientes. Esta iniciativa virtual fue seguida por cientos de argentinos demandando por la sanción de la Ley. Se planteó la necesidad de fortalecer las movilizaciones colectivas, solidarias, a partir de los principios de respeto y cuidado de la diversidad de la vida, y el respeto de las generaciones futuras.
Como conclusión del intercambio se advirtió que si se destruyen los bosques vamos a tener inundaciones graves, pandemias, sequías, ecosistemas enfermos. Hoy está probado a nivel académico, y alertado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), todo lo que la destrucción ambiental afecta la vida diaria de las personas. Y se relacionó la emergencia sanitaria como expresión de la destrucción de los sistemas inmunológicos colectivos y sociales. «Para que haya inmunidad individual necesitamos las defensas inmunológicas colectivas, que son la solidaridad, el mutualismo, la cooperación y la recuperación del vínculo con el territorio».
Ley de protección de humedales
La Ley de protección de humedales se elaboró en las asambleas ciudadanas del litoral, que junto asambleas de San Juan y Mendoza le dieron fuerza. Tuvo dos medias sanciones en el Senado y las corporaciones la voltearon dos veces en Diputados.
Actualmente se ha vuelto a presentar en Diputados, en la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente que preside Leonardo Grosso.
La Ley propone presupuestos mínimos para la protección de los humedales, desde principios y enfoque de derechos ambientales; un inventario y un ordenamiento territorial, el fortalecimiento de los pobladores isleños, comunidades campesinas e indígenas que son quienes aportan sustentabilidad al sistema y una moratoria de toda actividad que dañe los humedales y se establece un régimen penal de sanciones.
En la mesa virtual se denunció que el rechazo a la Ley está centralizado en medios como Clarín y La Nación, que no sólo representan intereses, sino que tienen intereses directamente ligados a proyectos agropecuarios e inmobiliarios que destruyen reservas y humedales.
