Entre el 20 y el 27 de julio de 1976, la dictadura cívico-militar y la empresa Ledesma organizaron las operaciones en las que se secuestraron a 400 trabajadorxs, estudiantxs, militantes y profesionales en distintas localidades de Jujuy, de lxs cuales 33 permanecen todavía desaparecidxs.
La medianoche del 20 de Julio Libertador, Gral San Martín y Calilegua se quedaban sin suministro eléctrico. En un principio nadie sabía que aquella noche sería el primer despliegue de policías, gendarmes, militares y capataces de la empresa Ledesma, en el que allanarían viviendas y comenzarían a secuestrar personas.
Lxs detenidxs en Calilegua fueron alojadxs en la Seccional N° 42 y luego trasladadxs en vehículos de la empresa Ledesma y del Ejército a la Comisaría N° 24 y a la delegación de Gendarmería, que funcionaba dentro del Ingenio azucarero. En esta base de la gendarmería se concentró a lxs secuestradxs de distintas localidades para la derivación de algunxs de ellxs a la Comisaría N° 9 de San Pedro o al Regimiento de Infantería de Montaña 20, entre otras dependencias transitorias. Todxs fueron posteriormente llevadxs a una hostería en la localidad de Guerrero, donde funcionó un centro clandestino de detención y exterminio quesóloalojó detenidxs vinculadxs con el Ingenio Ledesma y su zona de influencia, incluyendo a un grupo de estudiantes universitarios oriundxs del departamento que habían sido secuestradxs en la ciudad de Tucumán.
Las víctimas no fueron elegidas al azar, sino que la represión tuvo un sesgo anti sindical. La mayoría había tenido enfrentamientos políticos, laborales o sindicales con Ledesma. De hecho, varios testigos contaron sobre listas de personas a secuestrar confeccionadas por la empresa y aportadas a las fuerzas de seguridad. Numerosos testimonios coincidieron en señalar la participación de personal jerárquico de la empresa perteneciente a los Blaquier en los operativos de secuestro o en los centros clandestinos de detención.
Los Blaquier
El ingenio azucarero Ledesma fue fundado hace más de un siglo y adquirido por la familia Blaquier. En la década del ‘70 ya tenía en su propiedad 233.157 hectáreas, dedicándose a distintas actividades además del azúcar como la elaboración de jugos y aceites, emprendimientos ganaderos y petroleros.
Dentro de sus dominios se encontraban los barrios obreros que la empresa había construido: esta controlaba las viviendas, las escuelas, los hospitales, las iglesias, los caminos, los servicios públicos y hasta los cementerios. De esta manera, Estado y Ledesma tenían un límite bastante difuso. Al edificio que usaba la administración en el ingenio le llamaban “la Rosadita”.
En ese entonces trabajaban en el ingenio unos 12.000 obrerxs. Los salarios de miseria, el pago con papeles de crédito de la empresa, los problemas de salud por el trabajo, la falta de atención médica y las condiciones de vivienda deplorables habían sido motivo de la organización del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL).
Pero el SOEAIL fue fuertemente perseguido por la empresa, habiendo colocado una seccional de Gendarmería en el interior del predio del ingenio para reprimir y controlar las actividades sindicales.
Noticias de la Megacausa
«A contramano de lo que sucedió en otras provincias, en Jujuy los juicios de lesa humanidad se venían desarrollando sucesivamente», dice Eva Arroyo -integrante de HIJOS y querellante en la Megacausa por varios casos de víctimas de la Noche del Apagón y víctimas de la obra social del sindicato Ledesma.
«Terminaba uno y a los dos o tres meses comenzaba otro. Pero ahora, con la pandemia, estamos en un momento complicado. En el sexto juicio sólo faltaba una testimonial, que se podría haber trabajado virtualmente, pero también faltaban cuatro o cinco inspecciones oculares en lugares clandestinos de detención. Justamente, esas cuatro o cinco inspecciones son de las causas que implican a Blaquier, porque hay que hacerlas en la comisaría de Calilegua, en las dos de Libertador General San Martín y en un destacamento de Gendarmería que también está en Libertador».
«Lo bueno de este juicio –continúa Eva- es que varios de los testigos es la primera vez que declaran sobre la Noche del Apagón y sobre la persecución política que practicaba la empresa Ledesma sobre los referentes sindicales. Tengamos en cuenta que la obra social del Sindicato ya había sido diezmada y encarcelados sus dirigentes antes del golpe del 76».
«Ledesma es la que digitaba todo, porque las intendencias siempre han estado muy atentas a lo que la empresa quiere o lo que la empresa decide. De modo que es muy importante la oralidad. Tiene que ver con lo público, con poder sacar afuera todo eso que no podemos hacer en la instrucción. Y a pesar de que los responsables civiles de Ledesma no estén en el banquillo, el juicio pone en evidencia que la empresa fue la ideóloga y que facilitó los secuestros. Y entonces Ledesma ya no es una empresa pujante del Norte argentino, sino que es una empresa vinculada con el terrorismo de Estado».
«En este juicio no entraron los responsables civiles», comenta la abogada María José Castillo, querellante por HIJOS y también en la causa Avelino Bazán. «Se juzga a los responsables del Ejército, la Policía y la Gendarmería. Son 15 procesos en total, con 22 imputados. Y algo importante y novedoso de este juicio es que por primera vez se van a juzgar delitos sexuales, por hechos ocurridos en el CCD Guerrero, donde sólo hubo detenidas y detenidos vinculados con el ingenio Ledesma. De los secuestrados en la Noche del Apagón, muchos desaparecieron en Guerrero. Otros fueron llevados a la central de Policía y al penal de Villa Gorriti. Y a partir de allí, corrieron distinta suerte: algunos fueron trasladados en avión hasta Buenos Aires y terminaron en la U9 de La Plata o en Villa Devoto las mujeres. Otros, fueron liberados».
«El despliegue represivo de Ledesma fue tan impresionante –sigue Castillo- que no sólo incluyó dejar sin luz a dos pueblos enteros, además de que se utilizaran camionetas de la empresa junto con las del Ejército y Gendarmería. También incluyó el traslado de detenidos a un CCD creado especialmente en Guerrero, un pueblo cercano a la capital provincial. Allí Ledesma puso en funcionamiento dos hosterías para ‘sus’ detenidos, en un centro clandestino que fue el más cruento de Jujuy. Ahí desaparecieron estudiantes, obreros, obreras… hubo madres detenidas con sus hijos, viendo cómo los torturaban. Hasta fue un obispo castrense de Jujuy a tomar declaración a los cautivos. Esto hay que decirlo. Esto hay que resaltarlo».
«Hay que resaltar que es la primera vez que aquí se juzgan los delitos sexuales. El año pasado, en el quinto juicio, pedimos un cambio de calificación para que se condenara por delitos sexuales en la causa San Pedro, porque una de las víctimas había sufrido esa clase de delitos en reiteradas oportunidades. Estaban los imputados ahí sentados y no habían sido procesados por esos hechos, y todo por un sesgo ideológico de la Cámara de Apelaciones de Salta, que impidió que se juzgara en esa causa los delitos sexuales. Ahora, en el sexto juicio, hay dos imputados que llegan por esos delitos, y eso nos pone contentas».
«Otra cosa que nos pone contentas –concluye Castillo- es saber que durante el desarrollo de las casi 50 audiencias del juicio oral se mencionó todo el tiempo a Blaquier y a Lemos. Todas las víctimas de los Apagones, y las del 24 de marzo y las de las causas Burgos y Aredes, mencionaron a Blaquier como principal responsable. Eso es algo para destacar. Ya estamos en la etapa final del juicio. Quedan las inspecciones oculares que están pendientes. Cuando se reanude el juicio, se harán esas inspecciones. Después, vamos a alegar. Y de ahí a esperar sentencia, que ojalá se dicte este año».
Blaquier, Lemos y la “impunidad biológica”
En marzo de 2015, la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma de los jueces Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi, hizo lugar a un recurso presentado por la defensa de los funcionarios de Ledesma Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos, impidiendo que la causa específica en la que estaban procesados fuera elevada a juicio oral.
Aquella suerte de “per saltum” de Casación, que dejaba fuera de los juicios de Jujuy a Blaquier y a Lemos fue muy cuestionada e incluso un colectivo de abogados participantes en juicios por delitos de lesa humanidad hizo una denuncia ante el Consejo de la Magistratura por el mal desempeño de los magistrados, que pronto fue desestimada.
Así las cosas, la única vía habilitada para la Fiscalía y las querellas fue ir en queja a la Corte Suprema, con los tiempos “vaticanos” que ello implica.
La intervención de Casación, para el ex fiscal ad hoc y ex fiscal subrogante de la causa, Pablo Pelazzo, constituye no sólo un acto de arbitrariedad (puesto que habría habido mala aplicación de las normas de fondo y de forma), sino que reviste inédita “gravedad institucional”.
“Casación –argumenta Pelazzo- está privando al Estado que avance en una investigación de delitos de lesa humanidad y donde en particular se estaba investigando la responsabilidad empresaria”.
Según opina otro ex fiscal, éste jubilado, lo que esta clase de fallos y de trampas judiciales, que alargan excesivamente los plazos de la Justicia, lo que en los hechos producen es una “impunidad biológica”, ya que los imputados y procesados y condenados sin sentencia firme llegan a viejos y mueren, sin que haya una sentencia definitiva en las causas.
