Entre la noche del 6 y madrugada del 8 de julio de 1977, bajo la Dictadura Militar comandada por Jorge Rafael Videla, Orlando Agosti y Emilio Massera, un grupo de tareas al mando del coronel Alberto Pedro Barda secuestro en la ciudad de Mar del Plata a los abogados Norberto Centeno, Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Aláiz, Camilo Ricci, Carlos Bozzi y Tomás Fresneda. También secuestraron a Mercedes Argañaraz, esposa de Fresneda, quien estaba embarazada de cinco meses y cuyo hijx aún seguimos buscando; a María Esther Vázquez de García y su esposo Néstor Enrique García Mantica, y a José Verde y su esposa.
A ellxs se agregarían José Candeloro y su esposa Marta García, quienes fueron secuestrados en la ciudad de Neuquén el 13 de junio y trasladados a Mar del Plata.
Todos ellos fueron trasladados al centro clandestino de detención conocido como «La Cueva», un viejo radar que se encontraba en la Base Aérea Militar, a unos 15 km de Mar del Plata.
Solo sobrevivieron el Dr. José Verde y su esposa Ana de la Arena, Camilo Ricci, Carlos Bozzi y Marta García. Arestin, Alaiz, Fresneda y Candeloro permanecen desaparecidos.
Norberto Centeno, había sido artífice de la Ley de Contrato del Trabajo 20744, una de las primeras leyes que la dictadura modificó a pedido de los intereses del empresariado. Centeno era uno de los más prestigiosos abogados laboralistas de la ciudad y letrado de la CGT, murió en la mesa de torturas y su cuerpo fue arrojado en un camino vecinal el 11 de julio, donde las FFAA intentaron responsabilizar de su muerte a la corriente Montoneros.
El derecho tutelar y protectorio de lxs trabajadorxs fue uno de los blancos políticos de la dictadura. El secuestro, asesinato, desaparición y exilio de abogadxs respondió a la necesidad de eliminar a aquellxs que se ocupaban y preocupaban por la defensa de los derechos de los más oprimidos: lxs trabajadores, lxs privadxs de derechos, lxs desprotegidxs.
Ellxs no solo ejercían un rol social desde su profesión, sino que en su mayoría eran militantes políticos comprometidos con los destinos de la sociedad que habitaban, integraban activamente partidos políticos, gremios, organizaciones políticas y armadas de la época. Eran abogadxs que entre otras cosas interponían acciones de Habeas Corpus, defendían el derecho a Huelga, exigían mejores condiciones laborales, denunciaban abusos frente a las empresas que, dicho sea de paso, aún hoy el Poder Judicial adeuda establecer sus responsabilidades en el entramado de terror.
Esta deuda, como tantas otras que podrían conceptualizarse en la democratización de la justicia, simboliza la necesidad de continuar el camino de esxs abogadxs que por defender a lxs trabajadorxs y apoyar sus luchas fueron víctimas en aquellos años de la más furiosa dictadura cívico-militar, pero que han dejado como legado el ejemplo de sus valores y el compromiso social en la búsqueda de la verdad.
En la figura de los abogadxs laboralistas secuestradxs, torturadxs y asesinadxs por la dictadura cívico-militar, rendimos homenaje a todoxs aquellxs que a lo largo de su vida, desde el lugar que sea, han ejercido y ejercen la noble tarea de defender desde el derecho a lxs trabajadorxs.
Los responsables
El coronel Pedro Alberto Barda era el comandante a cargo de la Subzona XV, dentro del sistema represivo del Primer Cuerpo de Ejército, era el responsable de los distintos centros clandestinos de detención que funcionaban en Mar del Plata, como La Cueva, el de la Base Naval, el de la Comisaría 4ª, el Destacamento de Batán, y el Destacamento de Suboficiales de Infantería de Mar. Si bien fue condenado en 2008 a 25 años de prisión, cumple la condena en su casa.
El suboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Rafael Molina fue subjefe de la Base Aérea donde funcionó «La Cueva» y era el encargado de torturar a los detenidos. Fue imputado por las muertes de Centeno y Candeloro. Murió en 2012 siendo el primer condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en Mar del Plata durante la última dictadura cívico-militar.
El juez Pedro Hooft, acusado de haber cajoneado decenas de habeas corpus y ligado a la CNU, evitó investigar los crímenes de los abogados. Continúa impune gracias a sus vínculos con lo más agrio del poder judicial.
