Restringen a 800 metros las fumigaciones terrestres en Sastre

La localidad de Sastre y Ortiza no podrá ser fumigadas a una distancia inferior a 800 metros, pese a la resistencia de productores, el municipio y la Provincia.

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Foto del Facebook de Unión Ciudadana por la vida y el ambiente

El juez en lo Civil, Comercial y Laboral Nº 1 de Rafaela, Duilio Hail, hizo lugar a una medida cautelar presentada por la familia de Zoe Giraudo, una niña de dos años que está en tratamiento oncológico y su vivienda está expuesta a las fumigaciones de lxs productores.

Si bien se había pedido una medida cautelar de mil metros de exclusión para las fumigaciones terrestres y de 1.500 para las aéreas, el fallo determinó el alejamiento de la aspersión terrestre de todo tipo de agroquímicos a 800 metros de las plantas urbanas de las localidades de Sastre y Ortiz, a pesar de la resistencia de los productores, el municipio y el gobierno provincial.

La actuación preventiva estará en vigencia por el tiempo que dure el juicio ambiental colectivo -que incluye a más de 40 vecinxs- contra la Municipalidad. Es la primera acción judicial en Santa Fe que impone esa distancia para las aplicaciones terrestres.

El juez rebatió las acciones judiciales presentadas por la Municipalidad, lxs productores y el Gobierno Provincial, que argumentaron a favor de continuar con las aplicaciones en cercanías del ejido urbano.

Lxs vecinxs autoconvocadxs de Sastre, agrupadxs en Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente, emitieron un comunicado de prensa donde celebraron el fallo «aunque fuere con demora a raíz de distintas alternativas acontecidas en el transcurso del proceso -que serán objeto de análisis y explicación en otra oportunidad-, toda la población de Sastre obtenga algo de alivio a tantos padecimientos causados por las fumigaciones cercanas».

Realizaron un llamado a la población a «estar atentos y denunciar cualquier hecho violatorio de la orden judicial, a los productores a tomar conciencia y respetar las leyes y los mandatos judiciales y a la Municipalidad a revertir la postura asumida tanto en la ciudad como dentro del juicio de amparo, que incluso mereció el reproche del magistrado interviniente». «Es necesaria la colaboración de todos, especialmente de los funcionarios que deberán promover alternativas agroecológicas no contaminantes para la actividad económica de los campos en la zona comprendida por la cautelar» advirtieron en el comunicado.