El viernes 1 de junio, con un violento operativo policial y de infantería, fue desalojado el Barrio Comunitario Parque Esperanza del Municipio de Juárez Celman en la provincia de Córdoba. Las fuerzas represivas ingresaron al predio sin orden judicial, detuvieron a diez vecinos y tumbaron con tractores las casas de madera.
En el marco de la lucha por vivienda digna, ya hace cuatro años que unas 120 familias edificaron en un terreno que permanecía ocioso desde hacía 15 años unas precarias casas de madera y lonas y un barrio comunitario, con la total ausencia del Estado y enfrentando todo tipo de maniobras persecutorias, judiciales y represivas. Lejos de brindar alguna clase de solución habitacional, esta es la respuesta que han recibido por parte de la intendenta de Miryam Prunotto y el gobernador Juan Schiaretti.
Desde Vamos! conversamos con Carlos Ávalos, uno de los protagonistas de la conformación del barrio y candidato a Secretario del Interior de la CTA Autónoma de Córdoba.
–¿Cómo fue el desalojo?
–Yo estaba durmiendo y vecinos se acercaron como a las 5 de la mañana a despertarme porque estaba lleno de policías alrededor del barrio, tenían rodeadas las 23 manzanas. Fueron 500 uniformados de la provincia de Córdoba, con cascos, escudos, perros y caballos, que actuaron a partir de las 6 de la mañana en plena oscuridad desalojando a las familias. Hubo 10 detenidos, la mayoría del barrio está compuesta por mujeres, que fueron muy maltratadas. Yo fui el último en irse, ya que soy el que me rocié con nafta en el techo para frenar el operativo. Hasta ahora todavía no se sabe que hubiera una orden de desalojo ni quién dio la orden de actuar de esa manera, pero sabemos que los uniformados son mandados por el gobierno de Córdoba.
–¿Cómo surgió el barrio y cómo se organizaron durante este tiempo?
–Ya hace cuatro años que estamos. Arrancamos un 7 de junio del 2014, donde ingresamos con 185 familias y después llegamos a ser 238. Con el tiempo, como todos los vecinos lo que queríamos era un barrio, empezamos a golpear puertas en la Universidad de Córdoba, con estudiantes y arquitectos que nos asesoraran. Y formamos la Cooperativa 12 de Junio, que está matriculada en Córdoba y Nación.
Al principio arrancamos con carpas y después de a poco a construir con materiales, con tarimas y nailon. Pero durante estos cuatro años siempre estuvimos rodeados de policía para evitar que nosotros construyamos, aunque siempre buscamos la forma de tener nuestra casita. Durante todo este tiempo nunca tuvimos agua ni luz, nos hemos manejado con un pico de una vereda cercana, donde íbamos todos, niños, grandes, viejitos, a buscar agua en carretillas y botellas. Y para la luz nos manejamos a vela y otros vecinos en grupos se compraron generadores. Tenemos muchos jóvenes que están en la primaria, la secundaria y la universidad, que han estudiado durante estos cuatro años sin luz.
Nosotros somos todos oriundos de acá de la zona. Los lotes donde armamos el barrio estaban desde hacía muchos años abandonados, llenos de yuyos, sin alambrados ni nada. Por eso nosotros planteamos la expropiación de esos lotes para la Cooperativa, y también de pagarlo. Nosotros no queremos nada gratis sino pagarlo con nuestro lomo. Acá hay gente que trabaja en blanco, otros en negro, otros que son changarines en el mercado, albañiles, amas de casa.
–¿Y qué respuestas obtuvieron por parte del gobierno?
–La respuesta del gobierno y el municipio durante estos cuatro años fue intentar dividir al barrio, hablar con los vecinos individualmente. Nunca reconoció a la Cooperativa. Mandaron punteros para ofrecer 42.000 pesos a cada vecino individualmente, que son 6 o 7 meses de alquiler, donde nosotros en asamblea les dijimos que por qué no juntaban toda esa plata, que serían como 6 millones, y compran unos lotes para nosotros. Hay negocios inmobiliarios con estas tierras.
–¿Cómo sigue la situación y la lucha tras el desalojo?
–Nosotros ahora nos encontramos todos a una cuadra y media de nuestro querido barrio, en una Iglesia católica que el padre nos abrió la puerta para refugiarnos el día del desalojo cuando nos corrían con caballos y la gente salía con sus muebles a la rastra.
Hasta ahora la única postura del gobierno sigue siendo la de dar la plata individualmente a cada familia, pero no nos da ninguna solución. Pero nosotros además perdimos todas las cosas que teníamos en el barrio. La gente se mantiene totalmente firme, somos unas 127 familias que hemos firmado un acta donde todos estamos dispuestos a seguir peleando todos juntos para que el Estado y el gobernado Schiaretti reconozca que hay une emergencia habitacional.
Nuestro compañero Andrés Villaba, presidente de la Cooperativa, también ha estado también en la Comisión de Vivienda del Congreso de la Nación planteando la situación en Juárez Celman. Porque el gobierno nacional del PRO hizo un censo, y acá hemos sido censados legalmente, por lo tanto, tanto que Macri viene a la provincia de Córdoba y dice que es amigo de Schiaretti, por qué el gobernador desreconoce este censo y manda a desalojar.
