Según el informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad publicado en diciembre de 2017, hay 1038 detenidos por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Sin embargo, la mayoría se encuentran en prisión domiciliaria: unos 549 condenados. La cifra del informe oficial muestra hasta qué punto esta maniobra es efectiva para escapar impunemente de la cárcel.
Esta modalidad consiste en declarar problemas de salud para conseguir un “arresto” en algún domicilio. Mar del Plata en el caso de Miguel Etchecolatz, genocida emblemático que fue mano derecha de Camps durante la dictadura y sospechado por la segunda desaparición de Julio López. Mar de Ajó en el caso de Norberto Bianco, culpable en el robo de bebés. A esto se suma que el control efectivo de estas “prisiones” domiciliarias es prácticamente inexistente. Así, la justicia lograda en algunos casos se vuelve a transformar en impunidad.
Claro que para acceder a este beneficio los genocidas tienen que simular problemas de salud, cuestión que se comprueba que no tienen problema en hacer. “Nadie puede venderme el discurso de la reconciliación, ni el cuento del viejito enfermo que merece irse a su casa”, publicó Mariana Dopazo sobre su ex padre Etchecolatz. También Antonio Domingo Bussi, otro genocida estrella en Tucumán, presenció sus dos juicios por delitos contra la humanidad con un tubo de oxígeno a cuestas como un intento de victimizarse.
Esta nueva impunidad no es una casualidad del destino, sino que es un artilugio propiciado por Cambiemos y defendida públicamente por editoriales del diario La Nación. Apenas Macri ganó sus elecciones presidenciales, este diario oligarca se apresuró a recordarle que se debe resolver “el vergonzoso padecimiento” de genocidas “se hallan en cárceles a pesar de su ancianidad” (editorial titulada “No más venganza”, 23/11/2015). Macri fue cumpliendo su parte del papel al relativizar el genocidio durante la dictadura al poner en duda la cifra de 30 mil detenidos-desaparecidos y asesinados. Luego vino el intento de hacer pasar el 2×1 a los genocidas.
Otro personaje destacado en esto de excarcelar represores es Elisa Carrió, que estuvo detrás de ese fallido fallo de la Corte Suprema. La diputada, que se jacta de decir lo que los funcionarios muchas veces no podrían decir, afirmó durante la campaña del año pasado –aunque sus dichos fueron conocidos luego– que “después de determinada edad tu prisión es domiciliaria”. En esa ocasión hasta propuso otra “vía”: buscar “el consenso necesario para ver juicios de revisión”, porque según ella en muchos casos no hay pruebas contra los condenados.
El aumento de las prisiones domiciliarias es entonces impulsado por este gobierno. Porque pretenden darle seguridad a los represores de hoy para que actúen sin límites. “Hay que volver a la época en la que la voz de alto significaba que había que entregarse”, había dicho Macri mientras escuchaba un informe de su ministra Bullrich sobre el operativo en que Prefectura asesinó a Rafael Nahuel (Clarín, 28/11/2017). Luego siguió el ascenso de Emmanuel Echazú, el gendarme imputado por la muerte de Santiago Maldonado que tuvo el descaro de afirmar que “si se hubiera entregado, estaría vivo”. Y finalmente vino el fuerte apoyo, tanto de Macri como de su ministra, al policía Chocobar, filmado mientras mataba por la espalda a un delincuente en fuga.
Pero, lamentablemente para este presidente, no estamos es aquella época a la que quiere volver. Lo que han vuelto en cambio son los escraches a los genocidas, al grito de “¡Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar!”.
¿Justicia?
• 1.305 imputados libres.
• 1.038 detenidos.
• 499 acusados fallecidos antes de ser sentenciadas.
• 100 fallecidos luego de su condena.
• 549 detenidos en prisión domiciliaria.
• 435 detenidos en cárceles del Servicio Penitenciario Federal.
• 53 detenidos en dependencias de las fuerzas armadas u otras fuerzas de seguridad.
• 37 personas prófugas.
