El miércoles 24 de enero un tribunal de segunda instancia de Porto Alegre ratificó –e incluso extendió de 9 a 12 años– la condena en primera instancia al ex presidente brasileño Luiz Inácio “Lula” Da Silva, acusándolo de “corrupción pasiva” y lavado de dinero en el marco de la causa “Lava Jato” relacionada con la trama de coimas destapada en la petrolera estatal Petrobras. La sentencia fue unánime, incluido uno de los jueces en quien el PT alentaba ilusiones de que votara en contra de la condena, pero que no sólo votó a favor sino que recomendó que Lula sea encarcelado si su apelación fracasa.
A Lula se le atribuye haber recibido un departamento de tres pisos en Guarujá como soborno por parte de la constructora OAS. La sentencia dejó al líder del Partido de los Trabajadores (PT) al borde de la inhabilitación política ante las elecciones presidenciales del próximo 8 de octubre. La condena ratificada no anula sus posibilidades automáticamente porque todavía puede apelar, pero las obstaculizaría porque ahora la aceptación o rechazo de la candidatura queda en manos del Tribunal Superior Electoral (TSE). Si el fallo se ratifica Lula irá a la cárcel. Si no se confirma, de todos modos Lula es reo en otros dos juicios iniciados en primera instancia por el mismo juez Sergio Moro, también por coimas, en este caso pagadas por la constructora Odebrecht.
Michel Temer -que desalojó al gobierno de Dilma Rousseff mediante una maniobra golpista y encabeza un gobierno de oligarcas y corruptos todos vinculados al “Lava Jato”– dejará la presidencia de Brasil el 1º de enero de 2019, cuando entregará el gobierno al vencedor de las elecciones.
Más allá de que Lula haya recibido o no ese “regalo”, y de que efectivamente su gobierno “trabajó” estrechamente asociado con las grandes constructoras monopolistas brasileñas, toda la causa es un mamarracho antijurídico que sólo desnuda la intención del gobierno -y la complicidad de los jueces- de impedir que Lula sea candidato para las presidenciales, para las que las encuestas lo dan ganador. Como no pudieron presentar pruebas, lo condenaron basándose en su “convicción” por un conjunto de “indicios”, o sea basados en las “confesiones” de dos altos ejecutivos de OAS que denunciaron al ex presidente sin otra prueba que su palabra, y gracias a lo cual obtuvieron una significativa reducción de sus condenas. Y además no aportar pruebas, las fundamentaciones de los tres jueces estuvieron cargadas de menciones políticas sobre las responsabilidades de los presidentes, etc. …
En definitiva, un juicio que revela la podredumbre de todo el sistema político y judicial brasileño, que tanto Lula como Dilma mantuvieron intacto y al que se aliaron durante sus tres presidencias (además de al propio Michel Temer).
Los dos platos
En cuanto se conoció el fallo, hubo manifestaciones callejeras en varias ciudades brasileñas. La de San Pablo reunió más de 30.000 personas y contó con la presencia y un inflamado discurso de Lula. Al día siguiente de la condena, el PT ratificó y presentó su precandidatura a las presidenciales de octubre. Pero según algunos diarios los principales aliados del PT ya analizan la búsqueda de un candidato alternativo, en una perspectiva reformista y electoralista que se limita a protestar contra estas elecciones fraudulentas y a “advertir” que harán movilizaciones. De hecho, en la concentración de San Pablo el propio Lula sólo atinó a amenazar de palabra a los gestores del fraude: “Que se preparen porque vamos a gobernar de nuevo; vamos a volver”, dijo frente a miles de seguidores en la plaza de la República. “Ahora quiero ser candidato. Y donde quiero dar la batalla es en la conciencia de los brasileños”. Y en la “conciencia” de los jueces… que ya han demostrado ser funcionales a los intereses de los “coroneles” (la oligarquía terrateniente y empresarial del Brasil). No llamó a salir masivamente a la calle, ni mucho menos a organizarse y luchar contra al régimen golpista.
Los defensores alegan como argumento principal que Lula “no conocía” la estructura de corrupción que develó el Lava Jato, y que “no es responsable” de la designación de los directores de Petrobrás ni de hacer los contratos de la empresa, y que por lo tanto no tuvo relación con las coimas. Pero el alegato es poco creíble y en realidad da argumentos a los voceros de Temer ya que Lula era el presidente y por lo tanto el responsable político de todo lo que el gobierno hacía. Por eso, envalentonado por la sentencia del tribunal, el presidente golpista Temer se dio el lujo de declarar que una inhabilitación política del ex mandatario agregaría “tensión” al país y que preferiría que Lula fuera vencido en las urnas.
De fondo, dada la gran ventaja electoral que Lula llevaba en las encuestas, eso significa que la oligarquía empresarial y terrateniente socia de yanquis y europeos está preparando al mismo tiempo los dos platos, es decir tanto la exclusión como el fraude.
