En el marco de las 165º Sesiones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en Montevideo, se realizó la audiencia sobre la situación de los derechos laborales y sindicales en Argentina. Junto con representantes de la OIT, estuvieron presentes integrantes de las CTA’s, la Bancaria, la Federación Gráfica Bonaerense, AGTSyP, de sindicatos de trabajadores de los ingenios Ledesma y La Esperanza, Judiciales, de Sipreba y del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF).
En un comunicado el SUTEF destacó que “las irregularidades en los procesos judiciales contra los dirigentes fueguinos fueron parte de una denuncia presentada por el SUTEF, a través del CELS, la Asociación de Abogados Laboralistas” y otras organizaciones gremiales. Se detalló un “cuadro de hostigamiento y criminalización de dirigentes sindicales, la ‘intervención’ de diversos sindicatos y la estigmatización y persecución de jueces del fuero laboral y de abogados ligados a la defensa de los trabajadores”.
“En la presentación –continúa el comunicado– se realizó una descripción sobre los ataques a ‘los mecanismos de tutela y protección de los trabajadores y trabajadoras’, entre los que se encuentran ‘la autonomía de las organizaciones sindicales, su libertad para actuar y la seguridad e indemnidad de sus dirigentes elegidos democráticamente’”.
Uno de los presentes fue Horacio Catena, secretario general del SUTEF que ha sido enjuiciado junto a otros 16 docentes por un encabezar reclamo sindical. Afronta además la quita de tutela sindical para ser despedido como trabajador del Estado. Afirmaron que este sindicato “se enfrenta a un proceso de persecución que involucra a las fuerzas policiales, el poder judicial y el ejecutivo de la provincia”.
El conflicto se remonta a una protesta sindical en 2013, cuando las fuerzas policiales reprimieron y un grupo de trabajadores fue imputado penalmente. Luego siguieron el armado de causas penales impulsadas por el gobierno. Tras condenas irregulares –que ni siquiera están firmes–, la actual gobernadora dispuso la exoneración de 17 delegados sindicales. Se apartó así incluso de la sanción recomendada por el sumario administrativo: que era una suspensión.
El CELS y las organizaciones argentinas culminaron su exposición solicitando que el Estado argentino “cese en la persecución contra dirigentes sindicales como represalia por el ejercicio de su función de representantes de los trabajadores y en particular por el desarrollo de acciones como la huelga y la protesta”.
