Según la información oficial del gobierno bolivariano, el domingo 15 de octubre el oficialismo chavista habría obtenido la victoria en las elecciones regionales. El PSUV habría alcanzado un triunfo con el 54% de los votos emitidos y se alzó con 18 gobernaciones de las 23 que estaban en disputa, entre ellas las de algunos estados decisivos como Amazonas, Barinas y Carabobo, y especialmente Miranda (un amplio distrito que abarca parte de la capital Caracas) que hasta ahora era gobernado por el caudillo opositor Henrique Capriles de Primero Justicia (PJ). La Mesa de Unión Democrática (MUD) habría ganado sólo en cinco estados, en su mayoría a manos de Acción Democrática (AD), el partido “tradicional” socialdemócrata encabezado por Henry Ramos Allup. Otra parte de la oposición no se había presentado a las elecciones.
En verdad, el resultado es incierto ya que, por un lado, como en las anteriores elecciones de julio a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), las fuerzas opositoras nucleadas en la MUD denunciaron un fraude “sin precedente en nuestra historia” a través de distintos mecanismos antes y durante el proceso electoral. A su vez, la Asamblea Nacional (el poder legislativo de Venezuela) declaró fraudulentas las elecciones y pidió la realización de una auditoría por parte de organismos internacionales y a cargo de “expertos independientes”. Aunque por otro lado participaron de las elecciones en numerosos distritos.
Pero el presidente Maduro tampoco reconoce de hecho a la Asamblea Nacional
–de amplia mayoría opositora desde el 2015–, sino que hace unos meses la Asamblea Nacional Constituyente se había auto-atribuido las funciones legislativas de este Parlamento. La Asamblea Nacional sesiona y sanciona leyes que el Ejecutivo no promulga como por ejemplo la “Ley de Presupuesto y Endeudamiento de la Administración Fiscal de 2018”con fecha el 24 de octubre.
En verdad, las denuncias no sorprenden. No sólo porque las denuncias mutuas de fraude vienen de por lo menos el 2015. Ya las condiciones previas a la elección eran cuestionables: candidatos proscriptos (entre ellos Capriles), cientos de presos políticos y una represión que en el último año dejó más de centenar de muertos, lo que derivó en que el propio CELS argentino caracterizara que en Venezuela hay una “crisis de derechos humanos”. Y tras la elección y la proclamación del arrasador triunfo oficialista, a la postre el gobierno le aclaró a los gobernadores electos que para asumir deberían jurar ante la Asamblea Constituyente –tampoco reconocida hasta el moemnto por la MUD–.
Hacia la elección, la campaña opositora –la parte que sí se presentó a las elecciones– tuvo un eje en evitar el abstencionismo para expresar el rechazo al gobierno en las urnas a contrapunto con la MUD. El gobierno hizo campaña haciendo contrapunto con los exabruptos de Trump contra Venezuela y agitando la bandera de “paz y democracia” por los meses de violencia callejera.
Contexto y perspectivas
El brete en que está Venezuela no es nuevo. Ya en 2015 el gobierno de Maduro había desconocido el quórum propio que la oposición proclamó haber logrado en el Parlamento. Luego vino el intento fallido de plebiscito destituyente por parte de la MUD, el intento fallido de intervención del Parlamento por parte del Tribunal Superior (también oficialista), hasta que el gobierno convocó e impuso la Asamblea Constituyente en julio de este año. Este fue el punto de inflexión, tras el cual relanzó las elecciones de gobernadores.
La fortaleza del gobierno reside principalmente en haber mantenido a las fuerzas armadas unidas en torno suyo. También posee un acuerdo con los sindicatos que controlan principalmente el petróleo y otras ramas claves. Ahora se le suma el control de estados provinciales que antes no tenía, logrando nuevamente una temporaria consolidación. Pero el pueblo sigue dividido. Y la oposición de la MUD, en crisis. El gobernador electo de Zulia, Juan Pablo Guanipa, se negó a jurar ante la Asamblea Constituyente y reclama que sea la legislatura regional quien se lo tome. Los demás gobernadores electos por el partido opositor Acción Democrática ya juraron finalmente ante la Asamblea Constituyente. El gobierno y hasta se dio el gusto de proponer a Allup como candidato a presidente por la oposición.
El jueves 19, Capriles dijo que en Venezuela “ya no existe la posibilidad de una salida electoral”. No está claro si semejante declaración es una admisión de impotencia frente al acto eleccionario, o si se trata de una convocatoria desembozada a llegar al gobierno por “otras vías”, como la del golpe de Estado o una abierta apelación a la intervención “democratizadora” de EEUU escudada en la OEA.
Mientras tanto, la crisis económica sigue profundizándose y l apobreza y el hambre no ceden. Se prevé una inflación anual entre el 200% y 800% (según la fuente) y una caída del 10% en la producción global.
Reafirmamos que “nuestra posición ante la grave situación del pueblo y la nación de Venezuela es en primer lugar el respeto de la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia imperialista de ningún signo, así como el rechazo a cualquier sanción económica que en definitiva sufrirá el pueblo y el repudio a toda intervención militar yanqui. Basta de represión y libertad de los presos políticos del pueblo. Restablecimiento de todas las garantías democráticas.
