En lo que va de este mes, el gobierno se ha encargado de estigmatizar a los mapuches, cuestionar a los organismos de derechos humanos, a la familia Maldonado y hasta ¡acusar al propio Santiago! Todo como cobertura para insistir en que “no está probado” que Santiago haya estado en el lugar de la represión, según aseguró la ministra de Seguridad Patricia Bullrich ante el Senado el 16 de agosto para negar que el caso constituya una desaparición forzosa de persona. Éste es el eje de su estrategia de encubrimiento de la Gendarmería. A partir de allí se da amplia difusión mediática a hipótesis desopilantes (que al menos sirvan para generar confusión).
Desde ya, para seguir afirmando que no estaría probado que Santiago haya estado en el lugar, el gobierno desacredita en primer lugar los testimonios de los mapuches. Una estrategia similar han intentado, sin éxito, las defensas de los represores de la última dictadura para quitar validez a las tremendas descripciones de las víctimas que contaron aquel horror.
Pero además, la ministra desacredita u oculta las pruebas que refuerzan la veracidad de las declaraciones que señalan que Santiago estuvo allí y que constan en la causa. Entre estas pruebas se encuentran: el rastreo que coincidió con los testimonios a partir de una gorra de Santiago encontrada en el lugar (que ya de por sí es prueba de su presencia en el lugar), las huellas del unimog (ver declaración de Nora Cortiñas en contratapa) y los perdigones de plomo enquistados en una de las casillas, entre otros elementos.
Sobre la base de estas pruebas, la fiscal Silvia Ávila solicitó el cambio de carátula de la causa a la de «desaparición forzada», según lo establecido por Ley 26.298. Esto ya de por sí representa un revés para el discurso oficial (que ha desatado la furia de Lanata y otros propagandistas del gobierno). Pero además, implica que la hipótesis central de la causa sea la responsabilidad de la Gendarmería.
Otro revés para el gobierno han sido las revelaciones del comandante mayor de Gendarmería Diego Conrado Héctor Balari, a cargo del operativo, que se conocieron ampliamente luego de la declaración de la ministra ante el Senado. La ministra afirmó que la orden de entrar a la comunidad Lof Cushamen el 1º de agosto tras el desalojo de la ruta provino del juez Otranto. Sin embargo, no sólo el juez negó haber dado esa orden sino que el comandante mayor reconoció haber recibido “órdenes precisas emanadas del Ministerio de Seguridad” para aquel operativo (ver: www.santiagomaldonado.com). De esta manera se cae la coartada ministerial según la cual Pablo Noceti –jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad– simplemente pasaba por casualidad por la zona.
La Gendarmería y el gobierno son responsables. La propaganda oficialista puede confundir a los desprevenidos. Pero la lucha por verdad y justicia continua. El viernes 1º de septiembre nos movilizamos en todo el país.
