El pueblo hizo retroceder el aumento del boleto. Piñera mata y militariza con estado de sitio ¡La lucha contra el ajuste continúa!
“¡Estamos en guerra!”, sentenció en cadena nacional el Presidente Piñera el día domingo luego de que debiera dar marcha atrás y suspender el aumento del boleto del subte de la capital, que había sido llevado al equivalente de más de un dólar.
El gran triunfo popular fue el resultado de la gigantesca pueblada que primero llenó las redes sociales con la consigna de evadir los molinetes pero que después, ante la represión, se volcó a las calles con cacerolazos, enfrentamientos con los carabineros y quema de buses, edificios del gobierno y estaciones del subterráneo en las comunas de Santiago y en ciudades como Valparaíso, Rancagua, La Serena y Concepción.
El presidente tuvo que retroceder al estilo Macri, lloriqueando «los entendí» y paró el aumento, pero en un Chile militarizado con estado de emergencia y varios días de toque de queda, 11 muertos por la represión oficial, y tanques y soldados ocupando calles y estaciones por primera vez en los más de 30 años transcurridos desde el fin de la dictadura pinochetista.
Ahora utiliza el mismo argumento que la dictadura fascista en nuestro país “estamos en una guerra” y agregó que atrás de esta lucha está un “enemigo poderosísimo que lo destruye todo a su paso”, ubicando así la figura del terrorismo en los sectores populares que enfrentan en las calles las medidas de ajuste.
El aumento de la tarifa del metro fue sólo la gota que desbordó el vaso. «Nos cansamos, ya fue suficiente», dijo una joven de Santiago. «No me gusta la violencia ni que rompan todo, pero de repente tienen que pasar estas cosas para que dejen de burlarse de nosotros y meternos el dedo en la boca, subiendo sin freno todo menos los sueldos, y todo para que los ricos de ese país sean más ricos», expresó otra vecina. Efectivamente, el pueblo chileno se hartó de las políticas oligárquicas y entreguistas del pinochetismo que Piñera revivió pero que antes no habían sido revertidas por los gobiernos de la Concertación ni por la socialdemócrata Bachelet.
Chile: una olla a presión
Al igual que el estallido popular en Ecuador contra el ajustazo proimperialista de Lenin Moreno la semana anterior, la pueblada chilena volvió a desnudar el contenido profundamente antipopular y antinacional de las políticas que las oligarquías latinoamericanas y todos los imperialismos (en este caso alineada políticamente con Trump) levantan como «modelos» de «desarrollo» y «estabilidad». Lo que estalló ahora en Chile es un cóctel de atraso, desindustrialización, endeudamiento y empobrecimiento que sólo se sostiene si las clases dominantes pueden seguir esquilmando «pacíficamente» a los sectores populares.
En un Chile que sigue viviendo de las exportaciones de cobre, salmón, madera y frutas e importando todo lo industrial, la gran burguesía proclama tener el ingreso per cápita más alto de América Latina (arriba de 20.000 dólares); lo que no dice es que los beneficiarios son una veintena de familias, mientras el resto de la población tiene bajísimos salarios, tarifas altísimas, y sólo puede acceder al consumo, y a la educación secundaria y universitaria y a la salud privadas endeudándose hasta el cuello con los bancos, las tiendas y las escuelas convertidas en negocio de minorías.
Igual que en la Argentina, la suba del boleto del «metro» fue parte de una seguidilla de tarifazos descargados sin piedad sobre los sectores populares. A principios de octubre el gobierno de Piñera aumentó la luz en un 10,5%; los medicamentos tienen los precios más altos de la región; el sistema de salud privado cubre solo el 60% del valor de las prestaciones, deja afuera a los ancianos y es tres veces más caro para las mujeres.
Las jubilaciones son parte de un sistema heredado del pinochetismo, basado en la capitalización privada individual de los trabajadores: el «modelo» perfecto para los neoliberales e inspirador de la reforma previsional que inició aquí el macrismo, destruyendo la jubilación pública, con jubilaciones por debajo del salario mínimo y AFJP’s privadas que acumulan millonarias ganancias año tras año a costa de los trabajadores.
La rebelión popular también desnudó la pretendida «transparencia» neoliberal. Las cúpulas del Ejército y de los Carabineros están procesadas por gigantescos robos de dinero público: la Policía de Carabineros está acusada de desviar casi 40 millones de dólares desde 2006, y por casos similares están enjuiciados dos de los últimos comandantes en jefe del Ejército.
Todo este verdadero sistema de saqueo a los trabajadores y al Estado se sostiene cada vez más sobre métodos represivos convertidos en ley con la complicidad de las bancadas parlamentarias. Una reciente norma del Congreso busca aplastar al heroico movimiento estudiantil secundario chileno (el mismo que bajo Piñera y Bachelet embistió contra la privatización de las escuelas al grito de «No al lucro!») permitiendo expulsar de los colegios a los estudiantes involucrados en lo que esa ley oligárquica llama «desórdenes graves».
Las elecciones presidenciales -sobre la base de una amplia unidad popular como la que despuntó aquí en estos meses con el Frente de Todos- son una vía posible para que el pueblo avance en su lucha por políticas populares. Pero, como volvieron a mostrar las calles de Chile y en Ecuador el camino de las puebladas está vigente y donde habrá que sumarle escalones mucho más altos de unidad popular para derrotar definitivamente los proyectos pro-imperialistas y oligárquicos en la región.
