En Argentina, lxs trabajadorxs han encontrado la manera de recuperar su trabajo y dignidad por medio de la autogestión, decidiendo que ante el cierre de una fuente de trabajo, serán ellxs quienes pondrán a funcionar las empresas.
Para el año 2020, nuestro país registra más de 400 empresas recuperadas que implican alrededor de 18.000 puestos de trabajo en los más diversos rubros, fortaleciendo el desarrollo local y generando nuevos empleos y espacios de cultura, educación, cuidados y formación.
A la crisis y reconfiguración que sufre el trabajo a escala mundial y nacional, se suma ahora la debacle causada por la pandemia COVID-19, una situación que daña con mayor gravedad a los sectores más vulnerables y frente a la cual la experiencia de las empresas recuperadas resulta una alternativa de primer orden.
En este contexto, la Ley Nacional de Recuperación de Unidades Productivas cobra hoy nueva urgencia y relevancia. Por eso apoyamos su tratamiento y sanción, para que se declare de utilidad pública la recuperación de empresas por sus trabajadorxs, se reconozca institucionalmente a esta experiencia y se le brinde herramientas estratégicas de protección y desarrollo.
A más de dos décadas en el desarrollo de esta experiencia que se estudia en el mundo, es tiempo de generar políticas estratégicas de reconocimiento y acompañamiento para un sector que ha demostrado con creces su viabilidad y compromiso social y solidario.
