El Código Urbanístico será una ley clave en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque regulará cada uno de los principales aspectos de la construcción y vida de la ciudad: servicios públicos, qué y cuánto se puede construir en cada parcela, la distribución de la riqueza, espacios verdes, privatización de la tierra pública, protección del patrimonio, los procesos de reurbanización de villas, mercado inmobiliario y de alquileres, entre otros. El proyecto de ley, que reemplazará al actual Código de Planeamiento, fue elevado el 29 de noviembre de 2016 al Consejo de Plan Urbano Ambiental de la Ciudad (CoPUA), quienes lo aprobaron apenas un día después; un verdadero escándalo teniendo en cuenta que es la normativa que regirá la planificación urbana de cada metro cuadrado de la Ciudad.
El GCBA elaboró el nuevo Código con desarrolladores inmobiliarios y sus técnicos, interesados en lucrar con la ciudad y destrabar obstáculos jurídicos. Eso explica por qué no se atienden los principales problemas de la ciudad: crisis habitacional, mercantilización y privatización de lo público, aumento de familias inquilinas, pérdida de espacios verdes, colapso de los servicios públicos, la sobreconstrucción, etc. Frente a la nula participación planteada a los vecinos, organismos e instituciones públicas, como la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA –cuyas autoridades se encuentran en el CoPUA y son altos funcionarios del GCABA pero no plantearon el debate en la Facultad– la Justicia tuvo que responder al amparo presentado por Jonatan Baldiviezo, abogado y presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC); ordenando nuevas instancias de participación ciudadana, más amplias y mejor informadas.
Desde el ODC y la Carta por el Derecho a la Ciudad, donde participan el Centro de Estudiantes de Arquitectura y Diseño (CEADIG) y el Taller Libre de Proyecto Social, de la FADU-UBA, se vienen realizando reuniones técnicas de información y discusión así como recibiendo propuestas para incorporar al nuevo Código, de modo que sea una herramienta para atender los problemas de la Ciudad: congelamiento del precio del suelo ante construcción de viviendas de interés público y control de precios, porcentaje obligatorio de viviendas de interés social en proyectos de viviendas privadas, incremento del Banco de Tierras Públicas y freno a la venta indiscriminada de suelo de la Ciudad, entre otras. Desde el CEADIG impulsamos la Comisión de Urbanismo y Políticas Públicas, para discutir entre estudiantes, docentes y graduados, y ejercer presión para que sean incorporadas al nuevo Código teniendo en cuenta que la FADU-UBA es un actor de gran peso, misma razón por la que está en disputa con distintos sectores del gobierno de la Ciudad y legisladores, interesados en impulsar un urbanismo inmobiliario y a medida del mercado.
Corresponsal
