El plenario contó con la presencia de más de 50 representantes de las localidades Arroyo Seco, Fighiera, Pueblo Esther, Villa Gdor. Galvez, Alvear y General Lagos; entre los que se destacó una importante participación de jóvenes y mujeres trabajadoras rurales.
Se leyó un documento que enmarcó la actividad como parte de los acuerdos tomados en la CTA Autónoma con el objetivo de constituir regionales provinciales y la Federación Nacional.
Se analizó la realidad que atraviesan pequeños y medianos productorxs y trabajadorxs de la tierra en quintas, que rodean las ciudades y nutren de alimentos los mercados y comercios. Allí sostuvieron que lxs productorxs «son los que más esfuerzo realizan pero son los que menos reciben en la cadena de comercialización».
«La tierra que trabajamos y habitamos no es nuestra y los arriendos son muchas veces usurarios, donde no alcanzan nuestras ganancias para pagar cada mes» denunciaron y subrayaron la ausencia del Estado y el desarrollo de políticas públicas para el sector.
La ausencia de regulación de precios de alquileres de arriendo; la monopolización de las semillas con precios en dólares, al igual que los insumos utilizados; y la utilización de químicos que dañan la salud y el medio ambiente, son algunos puntos abordados en el documento. Advierten que no cuentan con respaldo «cuando perdemos la cosecha por granizo, sequía o inundaciones, pero siempre debemos pagar los arriendos. Lo mismo a la hora de la compra de insumos o herramientas».
Proponen la pesificación del valor de la venta de semillas e insumos, la creación de ferias y mercados frutihortícolas «del productor al consumidor», la construcción de un banco de semillas y fertilizantes sustentables -no contaminantes- construído, administrado y controlado por lxs productores, así como políticas de protección y estímulo de las quintas como parte de un modelo económico para la Provincia, en base al abastecimiento de hospitales, comedores escolares, jardines y merenderos, entre otros.
«Vemos imprescindible que haya una política donde el Estado cree un Banco de Tierras desocupadas y créditos blandos para que los productores puedan acceder a las mismas», sostuvieron en el documento y plantearon en lo inmediato una política de bajo costo para los arriendos y una serie de subsidios para poder impulsar y desarrollar la actividad.
El documento sostiene: «¡Basta de violencia contra la mujer!¡Basta de discriminación a los inmigrantes!¡Basta de trabajo y abuso infantil!». Y concluye llamando a todxs aquellxs que quieran «luchar para que la tierra sea para quien la trabaja, para terminar con las grandes extensiones en manos de muy pocos (latifundio) y la propiedad ociosa de la tierra. Para que los productores tengamos precio mínimo en origen en la comercialización de nuestros productos. Para que haya igual salario por igual trabajo. Para que seamos protagonistas de la construcción de un modelo de desarrollo agrario e industrial, que esté al servicio de nuestro pueblo donde todos y todas podamos vivir dignamente de nuestro trabajo, con buena educación y salud pública, con tiempo libre y vida sana junto a nuestras familias».
Se eligió una mesa promotora con representantes de cada localidad, más un coordinador y representantes de la agrupación de «Mujeres Campesinas».
