El Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) es el organismo aplicador de la Ley para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Si bien los 234.394.881 de pesos asignados para el 2019 significan un aumento nominal del 10,8%, con una inflación calculada por el gobierno de 34,8%, significa una pérdida real de un 17, 8%.
Resulta de extrema gravedad que, a pesar de que durante lo que va del 2018 en Argentina hubo un femicidio cada 30 horas y las denuncias de distintas formas de violencia siguen en aumento, el gobierno reduzca la partida presupuestaria. Mientras que en 2018 representaba el 0,006% del presupuesto nacional total, para 2019 representa un 0,005%. Algunos ejemplos:
• Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres (PNA): Mientras que en el presupuesto de 2018 recibió $50.500.000, el proyecto de presupuesto 2019 prevé $32.099.395 para la implementación del PNA. Esto implica una reducción en términos nominales del 39%, mientras que en términos reales implica una pérdida del 55%.
• Líneas 137 y 0800-222-1717: En el 2018 este programa contaba con $295.060.207 y en el 2019 contará con $301.790.243. En términos nominales es apenas un 2% de aumento, mientras que en términos reales implica una pérdida de 24%.
• Programa Hacemos Futuro Juntas (anteriormente Ellas Hacen): En el 2018 este programa contaba con $4.841.100.000, mientras que en 2019 contará con $3.658.695.500. En términos nominales representa una pérdida de un 25% mientras que en términos reales implica una pérdida del 44%.
En el plano laboral, mientras el gobierno presenta el proyecto de ley denominado de “Igualdad de Género”, poco hace para garantizar el acceso, permanencia y acceso al mercado laboral en igualdad de condiciones y los derechos de las mujeres. El ex ministerio, ahora Secretaría de Trabajo, tiene un presupuesto llamativamente bajo para las funciones de “entender en la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en el acceso al empleo y en el trabajo, así como la protección de la maternidad” (Decreto Nº802/2018): $1.156.183.
A su vez, el proyecto prevé un aumento presupuestario con respecto a los derechos sexuales y reproductivos. Un aumento que es producto del impacto de la lucha por el derecho al aborto y la ESI que llevó adelante la marea verde a pesar de no lograr el derecho al aborto. La partida asignada al programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable, pasó de tener $245.506.635 a $560.344.785 en el proyecto de 2019, lo que constituye en términos reales un aumento del 69%. Sin embargo, la partida destinada a la reproducción médicamente asistida bajó de $13.227.146 a $7.003.830, lo que supone una reducción de casi el 61% en términos reales. En el mismo sentido, el programa de Fortalecimiento de Educación Sexual Integral (ESI) pasó de recibir $21.852.645 en 2018 a $102.906.633 en la propuesta para 2019.
Mas allá de este logro producto de esta lucha histórica, este presupuesto evidencia cómo el ajuste también afecta las políticas públicas hacia las mujeres.
