Cumplido un mes del gigantesco estallido popular chileno iniciado el 18 de octubre, los reclamos democráticos se mantienen pero las manifestaciones declinan, especialmente después del acuerdo −calificado de “histórico”− para una reforma constitucional, firmado el viernes 15 por el gobierno de Piñera y la mayoría de los partidos parlamentarios.
El mismo viernes, a pocas horas de efectivizado el pacto −significativamente bautizado “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”−, miles de personas se concentraron en la Plaza Italia de Santiago bajo la consigna “la lucha sigue”, y otras protestas se llevaron a cabo en Iquique, Valparaíso y Concepción. En Plaza Italia los Carabineros volvieron a reprimir con hidrantes y gases lacrimógenos.
El oportunismo electoralista entrega la lucha democrática
El pacto supuestamente “histórico” firmado por la mayoría de los partidos parlamentarios para establecer una nueva Constitución, por un lado, expresa una reivindicación largamente reclamada por el pueblo chileno y arrancada a Piñera y a la derecha oligárquica por millones de chilenos que ganaron las calles, enfrentando la bestial represión de los Carabineros y el toque de queda que volvió a convertir al Ejército chileno en una fuerza de ocupación contra el pueblo. Pero al mismo tiempo es un pacto que, guiado por el oportunismo electoralista de algunas fuerzas que no participaron o que están dispuestas a traicionar la lucha, no fue consultado en absoluto con los verdaderos protagonistas de la gran rebelión.
Tanto los plebiscitos previstos como la elección de los constituyentes y la realización de la propia Convención serán organizados y controlados por el mismo aparato estatal piñero-pinochetista que le declaró la “guerra” a los reclamos populares. Quienes fiscalizarán cómo debe ser la nueva Constitución y el sistema político serán el mismo régimen fascista de Piñera y una oposición complaciente que durante 30 años se formó en el molde de la Constitución pinochetista, sin cuestionarla ni cuestionar la falsedad de esa “democracia” que el pueblo chileno desenmascaró saltando los molinetes del subte, con su rebelión y con la consigna “No son 30 pesos, son 30 años”.
Por eso varias fuerzas políticas −el Partido Comunista, el Partido Humanista y el Partido Ecologista Verde− se negaron a firmarlo. Se dividió la coalición Frente Amplio, y más de 70 militantes de Convergencia Social, liderados por el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, tomaron distancia de su representante parlamentario Gabriel Boric y decidieron salirse del Frente denunciando que el pacto firmado “es contrario en esencia a las demandas que las diferentes y diversas manifestaciones han enunciado en las calles”.
Una reforma continuista que ignora las demandas populares
El pacto incluye la realización de dos plebiscitos. El primero se realizará el próximo 20 de abril, dando tiempo a que los partidos firmantes ya hayan logrado enfriar la rebelión y absorberla en los cauces del parlamentarismo tradicional. De hecho, el pacto no establece ningún medio para garantizar una verdadera democracia, ni menos el protagonismo popular, en la elección de los convencionales. Los delegados serán electos por el sistema parlamentario vigente hoy, es decir por listas (y no por representatividad o trayectoria personal), con lo que cualquier “figurón” −por ejemplo un personaje del mundo de la farándula− puesto a la cabeza de una lista puede arrastrar la consagración de muchos otros como “delegados”. De modo que la composición de la “Convención” se parecerá mucho a la del Congreso actual.
En la misma dirección va la exigencia de dos tercios (67% de los representantes) para tener quórum en los temas importantes. Es decir que, si algunas fuerzas populares proponen que la nueva Constitución decida la nacionalización de los recursos estratégicos de Chile como el cobre, el litio o el agua (en todas esas áreas predominan intereses monopolistas chilenos o extranjeros privados), bastará para impedirlo que los sectores oligárquicos con apoyo imperialista y de la prensa reúnan o “compren” a un 34% de los representantes.
Ni hablar de otros temas cruciales que el plebiscito inicial ni siquiera menciona, como los sueldos de los parlamentarios, el negocio antipopular de las “administradoras” privadas de los fondos de pensión (AFP), la democratización de la distribución del agua, la privatización pinochetista de la salud y la educación (que motivó tantas luchas estudiantiles contra el “lucro” de las universidades y colegios privados y el tremendo endeudamiento de las familias). Ni mucho menos se exige juzgar las responsabilidades materiales y políticas por la represión piñerista ante la pueblada democrática durante todo este largo mes: por los apaleados, los secuestrados y torturados, las mujeres violadas, los mutilados de sus ojos…
En semejante marco lo que el pacto piñerista-opositor plantea en su primer punto es suscribir un “acuerdo de restablecimiento de paz y orden público”, en lugar de exigir el cese inmediato de la represión, la desmovilización de los Carabineros, la prohibición del toque de queda y la investigación y castigo a los responsables (empezando por Piñera…).
A lo que se ve, los parlamentarios y partidos firmantes entregaron la lucha popular y concedieron la impunidad a los crímenes piñeristas (con la policía ocupando las calles y más de 5.000 personas todavía presas), a cambio de algunas concesiones secundarias como el recién otorgado aumento del 20% a las pensiones. Entregaron los reclamos democráticos fundamentales, principalmente la exigencia de la renuncia de Piñera, que es la primera condición y necesidad para una Constituyente realmente democrática.
Se hace sentir la falta de un polo coordinador de las fuerzas populares que abra paso a una democracia profunda y que ponga los contenidos de la lucha en manos de las mayorías populares.
Y vuelve a plantearse la vieja cuestión -tan debatida entre las fuerzas democráticas en todos nuestros países, especialmente en el contexto dramático de los procesos de Venezuela y ahora de Bolivia- de qué tipo de poder sería capaz de poner en marcha una verdadera Constituyente, en el camino de remover las bases del poder oligárquico-imperialista y de establecer un sistema político y económico verdaderamente democrático y popular.
