Si no se actualiza el presupuesto de las universidades públicas nacionales, peligra su funcionamiento, la infraestructura y los salarios de docentes y nodocentes.
Además de la brutal devaluación, del infame DNU y la caída ley omnibus, el gobierno de Milei congeló el presupuesto 2024 de las Universidades Nacionales a octubre de 2022, fecha en la que se aprobó el presupuesto de 2023, esto es un congelamiento a un monto ya recortado, considerando la tremenda inflación del año pasado. Representa a hoy un déficit presupuestario del 250%, haciendo casi inviable el sistema universitario público nacional.
Se han generado una seguidilla de denuncias sobre el vaciamiento de la universidades. A mediado de febrero, en una situación que no se daba desde el gobierno menemista, se conformó un frente de las federaciones de los trabajadores docentes y nodocentes de las universidades nacionales, el cual emitió un comunicado donde rechazaba el mísero compensatorio del 6% con el salario de febrero, lo que significa de hecho una quita de más del 60% en los salarios considerando la inflación de diciembre, enero y febrero.
A esta situación se suma que la Facultad de Ciencias Sociales, en un documento firmado por la Decana y el Vicedecano, informa a la comunidad toda que la situación presupuestaria es gravísima y hace el funcionamiento de la institución inviable a partir de abril o mayo. Este planteo junto a posiciones similares expresadas por los decanos de Ciencias Exactas y Filosofía y Letras a la cúpula de la UBA, provocaron la resolución del Consejo Superior del 20 de febrero donde se expresa “Que los gastos de funcionamiento de la Universidad han sufrido un impacto de crecimiento al ritmo de la inflación muy por encima del 200% el último año y un 50% acumulado para el bimestre diciembre – enero; sin perjuicio de aquellos gastos vinculados a la función salud que registran incrementos muy por encima de los valores mencionados, llegando en algunos casos a crecimiento interanual del 1000%”.
Además sobre el tema salarial dice la resolución “Que la creciente inflación registrada durante el año 2023 y el inicio de 2024, y el congelamiento salarial, han dejado como consecuencia un fuerte deterioro de los ingresos de los docentes y nodocentes de la Universidad”.
Hace mucho tiempo que la UBA no se expresa en estos términos en cuanto al tema presupuestario. Es una muestra de la crudeza de la situación ya que siempre se caracterizaron por administrar presupuestos recortados y subejecutados sin reclamos públicos. A la resolución de la UBA, siguió la del consejo de Rectores de la Universidades Nacionales, CIN, con una declaración no tan subida de tono pero en la misma dirección. La crisis de la universidad está al rojo vivo.
A esto se le suma el recorte a la investigación. Quieren reventar el Conicet en beneficio de los monopolios. Quieren reventar la CONEA y Arsat. Todos estos organismos son parte de la consolidación de una línea que pretende un país y un pueblo soberano.
La necesidad de generar una fuerte unidad interclaustros es lo que se viene hablando con miras a medidas de fuerza gremiales y de la comunidad universitaria para el comienzo de clases.
La batalla salarial está atada a la presupuestaria, pero tiene otros tiempos. El congelamiento salarial en medio de la explosión de precios y costo de servicios, ponen al rojo la situación. Más allá del aumento brutal de todo menos los salarios y jubilaciones, uno de los que más se está sintiendo a nivel del pueblo trabajador, es el del transporte público, que va a dar otro salto en marzo, y que en el marco de la vida universitaria afecta a estudiantes, docentes y trabajadores no docentes.
Las universidades tienen entre sus trabajadores muchos bajo la línea de pobreza. Hablamos de trabajadores de planta y además algunos con ingresos que no superan los $250 mil (contratados, tercerizados, precarizados). Estos son los que más sienten el costo actual del traslado al trabajo, ni hablar si además tienen hijos en edad escolar (casi 500% de aumento interanual en útiles escolares) y pagan un alquiler.
Los jubilados nodocentes reciben en promedio apenas el 40% de su salario a la hora de jubilarse y además, en el caso de la UBA ya no pueden adherirse a la obra social por resolución del consejo superior. Una situación miserable para tantos años de servicio a la comunidad que también afecta a los jubilados docentes.
Estos también están afectados, con una parte importante con las dedicaciones más bajas y con salarios desactualizados, están en muy malas condiciones para hacerse cargo de su importante trabajo formativo.
La situación es muy difícil. El gobierno sigue ajustando con el objetivo de déficit cero para pagar la deuda ilegal e ilegítima con el FMI. Crea una crisis inédita con las provincias recortando la coparticipación y recorta alimentos, planes y salarios al pueblo empobrecido. Es histórica el alza de 14 puntos en la pobreza en sólo dos meses y pico de gestión. Pobreza que afecta a millones de trabajadores, precarizados o no.
Ante esta realidad es imperioso trabajar para enfrentar urgente e incesantemente en cada lugar y en las calles esta política de destrucción de lo público, con la más amplia unidad.
La Argentina se construyó en los últimos 80 años en base al crecimiento de lo público, le guste o no a la derecha que gobierna. A pesar de la dictadura asesina y del menemismo, el pueblo defendió la salud y la educación públicas siempre y en las calles.
- Triplicación del presupuesto universitario.
- Boleto estudiantil universitario.
- Aumento de salarios conpensando la inflación.
- Abajo el DNU antipopular de Milei.
