Un decreto firmado por la golpista autoproclamada Jeanine Áñez exime a las FFAA bolivianas de responsabilidad penal en caso de “legítima defensa”, dando carta blanca a las FFAA y de seguridad para asesinar como lo vienen haciendo en las brutales represiones en el Alto, Cochabamba y La Paz que ya lleva más de 24 muertos.
«El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones, actúen en legítima defensa o estado de necesidad».
El decreto también pone a disposición de las fuerzas represivas todo el aparato del Estado, “todas las organizaciones e instituciones públicas y privadas del Estado, de acuerdo a las necesidades, deben presar el apoyo requerido a las fuerzas militares y policiales”.
El fue firmado por Áñez y once de sus ministros, entre ellos la minista de Comunicación Rozana Lizarraga, que implementó la figura de “sedición” para la prensa internacional que hable de “golpe de Estado” en Bolivia.
Este decreto fue condenado en diferentes partes del mundo donde organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo ha calificado de «grave», al igual que gobiernos y dirigentes de América Latina.
El silencio de la OEA y gobiernos como el de Macri muestran el grado de compromiso y acuerdo con los golpistas en Bolivia.
Los golpistas con su dictadura fascista pretenden acallar a sangre y fuego a un pueblo digno que no deja que se pisoteen sus conquistas, su historia y orgullo de ser originarios de nuestra Patria Grande.
En las asambleas y movilizaciones masivas en el Alto, epicentro de la resistencia insurrecta, se canta “fusil, metralla…el pueblo no se calla” este canto suena también a una exigencia y una voluntad de paridad frente a las hordas fascistas asesinas.
