El martes 15 de diciembre varias organizaciones populares nos concentramos frente al Congreso de la Nación para escuchar la sentencia emitida por el Juicio Popular a la Deuda Externa y al FMI.
Lxs jueces designadxs del tribunal fueron Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz en 1980), Nora Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo), Nina Brugo Marcó (referente de la Campaña por el Derecho al Aborto), Alejandro Bercovich (economista y periodista, director del documental «Fondo, otra vez la misma receta») y Miguel Julio Rodríguez Villafañe (abogado laboralista, especialista en el derecho a la comunicación).
Este juicio, que comenzó en julio de 2020 por iniciativa de la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda, se desarrolló a lo largo de estos meses a través de los foros de denuncia que se emitieron todas las semanas por el canal de YouTube de la Autoconvocatoria (los #LunesContraLaDeuda). En estos foros temáticos, diversxs referentes del campo popular denunciaban cómo impactan las políticas del FMI y demás organismos internacionales de crédito en cada aspecto de nuestra vida como pueblo y nación.
Los Foros abordaron las temáticas: Salud y Ambiente, Hambre, Territorio y Soberanía, Alimentaria, Trabajo, Mujeres, Feminismos y Disidencias Sexuales, Agua y Extractivismo, Pueblos Originarios, Educación, Hábitat, Niñez y Jóvenes, Violencia Institucional / Represión Estatal, Jubilades, Clima, Pueblos de Nuestra América, Ciencia y Tecnología, Cultura y Comunicaciones, Energía y Modelo Productivo.
A lo largo del juicio se destacó la deuda externa como un mecanismo de dominación política (no solo económica) reflejado en las denuncias desarrolladas en cada foro temático, dado que, como sabemos de sobra en nuestro país, la expectativa del FMI y las potencias imperialistas no es cobrar una deuda impagable, sino someternos a los pueblos y naciones oprimidos, orientando las políticas económicas para ajustarnos y seguir pagando las deudas ilegítimas por su origen. Asimismo, se rechazó la pretendida “sostenibilidad” de la deuda, no solo porque la misma es falsa si se pone en juego la sostenibilidad de la vida, sino también porque este aspecto es independiente de si efectivamente debemos o no lo que estamos «obligadxs» a pagar.
Resoluciones del tribunal
– Declarar como principio que no pueden aceptarse acuerdos económicos que deriven en delitos de lesa humanidad y de lesa naturaleza (como se demostró, durante el juicio, que implica el acuerdo con el FMI). En caso de que esto ocurra, se deberá sancionar a los responsables y asegurar la reparación al pueblo y la naturaleza.
– Declarar la nulidad absoluta de los acuerdos con el FMI y las deudas públicas, de lo cual se deriva el derecho del pueblo y de la nación a rechazar estos pagos. Se exige al Congreso y al Poder Ejecutivo Nacional la realización de una auditoría integral con participación ciudadana. Mientras esta última se lleve a cabo, se debe suspender el pago de la deuda.
– Se le pide al Ministerio de Economía, al BCRA y la AFIP que den los nombres de los tenedores de deuda pública y de los fugadores de fondos al exterior.
– Se le pide al Poder Ejecutivo Nacional la revisión de la permanencia en organismos como el FMI, si nuestra presencia entra en contradicción con las leyes nacionales e internacionales, así como con los derechos humanos del pueblo.
– Se le pide al Congreso Nacional el acceso de la ciudadanía a la información en temas referidos a la deuda pública, contra el habitual secretismo en estas cuestiones.
