Llevan más de 2 semanas acampando nuevamente en la Av. 9 de julio en Capital Federal para hacer pública la lucha por reclamos históricos. Conversamos con Félix Díaz, garasche de la comunidad, acerca de la situación de los pueblos originarios
¿Cuál es el reclamo y porqué vinieron a Buenos Aires para reclamar?
El día 26 de enero la comunidad salió a cortar la ruta 86 en reclamo por 5 puntos que se han planteado ante el Estado provincial que son: información sobre las obras que se están realizando en el territorio de la comunidad, el tema del agua, de la electricidad, de la salud y caminos. La comunidad se movió por la falta de respuestas del gobierno provincial.
Yo vine acá para traer algunos aportes de la causa que está en la Corte Suprema, que estamos esperando la resolución que tiene que ver con el tema territorial. Pero creo que ha hecho mucho ruido que la comunidad se haya movilizado por reclamo social. Al principio vine sólo, pero por suerte me está acompañando mucha gente. Se han ido enterando la mayoría de la población que estamos acá acampando y somos muy conocidos por el acampe del 2011. Yo presenté varias notas al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) sobre estos temas para pedir intervención para que resuelva la situación, poner los recursos para que podamos salir de la ruta. Pero lastimosamente no hemos tenido respuesta y todavía estamos a la espera.
¿EL reclamo es también al Gobierno Nacional?
Claro, nosotros entendemos que el INAI es un ente de aplicación, que puede actuar en cualquier lugar y provincia. Puede intervenir porque es un organismo autónomo. Nosotros pensamos que debemos exigir la aplicación de los derechos indígenas. Lastimosamente ese organismo no responde a los reclamos de los pueblos indígenas sino a la política partidaria.
Y han tenido algún tipo de respuesta del gobierno nacional, los ha recibido alguien, aunque sea un funcionario de segundo o tercer nivel?
No, hasta ahora no hemos tenido respuestas, nadie nos ha recibido. Seguimos esperando
¿Qué intereses están detrás de quienes quieren expulsarlos de sus tierras?
Para nosotros está bastante claro que los gobiernos quieren quitarnos nuestras tierras. Ya en el año 1979, en plena dictadura militar, se instala el parque nacional. Se le dio una importante parte de nuestro territorio al parque nacional, nosotros no sabíamos que ese despojo fue legitimado por el gobierno provincial. Entonces nosotros tenemos conflicto con el parque nacional, es territorio nacional y con el gobierno provincial. Que son dos fuerzas estatales que están contra nosotros. Luego le cedieron a una familia particular 2042 Ha, la familia Celía. Posteriormente a la Universidad de Formosa otras 600 Ha, así de a poco nos han ido despojando. Para que no se note dicen que los indígenas estamos bien, que el título está garantizado. Pero no es así, dentro de ese título que está reconocido por la provincia que son 5187 Ha, estamos ocupando unas 3300 Ha y el resto está ocupada por el parque nacional y por la Universidad. Incluso donde yo estoy viviendo me encuentro como “usurpador” de las mismas tierras que han vivido nuestros padres y abuelos. Y tengo una causa civil que está abierta, que se llevó a juicio por daño y perjuicio a una propiedad privada. Sin embargo esas familias que me acusan, las tierras les fueron entregadas las tierras en el 2007 cuando ya estaba en vigencia la Ley 26160 (promulgada en noviembre del 2006. NdR) que prohíbe cualquier acto procesal o administrativo cuando se trata de tierras indígenas. El Estado no puede tomar decisión sobre las tierras indígenas. Entonces Formosa violó esa Ley y el gobierno nacional hizo nada. El Gobierno Nacional sigue apoyando al Gobierno provincial en el despojo de nuestras tierras.
El objetivo de todo eso es la explotación turística, la ganadería, también la investigación de los recursos naturales mediante la instalación de la Facultad de Tecnología Agropecuaria. Siempre nos han despreciado diciendo que nosotros no sabemos nada, que no sabemos defender nuestra tierra. Pero nosotros nos empezamos a capacitar a partir del 2000 y 2001, comenzamos a conocer nuestros derechos y hemos ido teniendo elementos para reclamar nuestros derechos
¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno desde que se empezaron a movilizar y a exigir por sus derechos?
Desde que hemos empezado esta lucha en el año 2008, el gobierno nos ha perseguido con la policía, nos han armado causas. Pero en el 2010 la situación cambió cuando los hermanos dijeron: ”tenemos que defender nuestras tierras” Porque esas tierras son producto de la lucha de nuestros mayores. Porque fue decretada en el año 40 y ratificada en el año 52, 63, 77 y en 1985. Esos decretos nacionales y provinciales son la garantía que tenemos de que las tierras son de la comunidad. Entonces cuando empezamos a manifestarnos exigiendo explicaciones de porque se tomó esa decisión de despojar el territorio sin consulta. En el año 2008, en una comisaría de Laguna Blanca me hicieron firmar un acta cuando yo todavía no era una autoridad de la comunidad. Yo fui engañado, por desconocimiento firmé el acta. Ninguna persona miembro de la comunidad puede ceder territorio sin la autorización de la comunidad. Entonces esa situación que me quisieron imponer, no tiene valor. La provincia no quiere reconocer mi autoridad, no reconoce que fui elegido a fines del 2008, me negó esa autoridad. Por lo tanto si yo hubiera sido autoridad en ese momento, la firma hubiera sido legal y por desconocimiento le hubiera cedido a la familia Celía la tierra que le disponía el gobierno. Entonces yo estoy contento porque el mismo gobierno que me odia y me persigue, me salvó al no reconocerme como autoridad.
Desde ahí comenzamos a trabajar y a medir nuestro territorio con nuestro propio esfuerzo y nos encontramos que parque nacional eran dueños de parte de las tierras porque se había creado como área de conservación alrededor de 1500 Ha y adentro está la laguna Blanca, que era nuestro medio de subsistencia. Ahí podíamos pescar, recolectar y también recoger la materia prima para las artesanías. Y hoy no podemos ni siquiera tomar agua de esa laguna. Esas son las dificultades que tenemos en esa zona.
En este último corte, ustedes han recibido agresiones de distintos sectores. Un miembro de una familia usurpadora atropello el corte con su auto, agredieron a un anciano de la comunidad, incluso de algunos hermanos han sido instrumentados por el gobierno en contra de su lucha. ¿Cómo sigue eso?
Sí, es algo bastante habitual, normal el abuso de poder del gobierno hacia nosotros. El sábado pasado (14 de febrero, NdR) me informan que a mi hermana mayor, que tiene 95 años, fue agredida por el grupo que responde al gobierno provincial. Esto no puede seguir así. Nosotros no estamos buscando confrontación. Muchas veces ponen esa palabra: “comunidad qom enfrenta al gobierno” pero nosotros no tenemos la capacidad de enfrentar a nadie, carecemos de recursos. No tenemos recursos económicos, no tenemos abogados, no tenemos medio para resistir una presión de esta naturaleza. Pero lo que sí nos fortalece es la unidad de nuestros mayores eso es lo que nos alienta a seguir. Porque ellos a pesar de las dificultades están pensando en preservar el territorio para la comunidad, para el futuro, que no esté contaminado por el Glifosato que se usa para la soja y por otros tóxicos que pueden perjudicar el desarrollo ambiental. Entonces esa defensa de los recursos naturales al gobierno le molesta, porque nosotros queremos que se mantenga el medio ambiente como está por los recursos naturales. Nosotros estamos seguros que al defender el territorio estamos defendiendo el futuro de nuestras generaciones.
¿Cómo está la situación de la comunidad con respecto al acceso a la salud?
Está muy lejos de que tengamos acceso a la salud. No tenemos médico permanente, no tenemos remedios, no tenemos especialistas por ejemplo no hay pediatra, ni oftalmólogo. No hay insumos. Entonces es difícil que el indígena se pueda tratar. Sería necesario que haya un agente sanitario indígena que sea un interlocutor entre el indígena y el médico.
¿Hay un hospital cerca?
Sí, está el Hospital de cabecera en la ciudad de donde es el gobernador Insfran, pero está muy desbordado. Cuando hay un problema grave tenemos que ir a Formosa, que son 170 Km y muchas veces los indígenas mueren y no sabemos qué es lo que pasó. Nunca nos explican de que se mueren los hermanos. Nosotros vemos que se los hermanos se mueren por desnutrición, neumonía. Pero como certificarlo? No tenemos un aliado médico que pueda decir eso.
¿Tienen la posibilidad de estudiar, por ejemplo formarse como agentes sanitarios?
Se está armando un grupo de unos 15 jóvenes que están estudiando pero es difícil porque el gobierno no los reconoce. Dice que no están dentro de la legalidad y los amenazan con que los va a meter presos. Su estudio no está oficializado porque no tenemos contacto con las universidades que podrían extender un certificado de estudio. Es una situación difícil porque hasta nuestros aliados que van a la comunidad están amenazados de que les van a sacar la matrícula porque invaden un territorio donde no están autorizados a ejercer. Y eso usa la justicia para poder amedrentar a los médicos que vienen de buenos aires porque no tienen la matrícula de Formosa. Esto también pasa con los abogados.
¿Qué mensaje quieren dar para el conjunto del pueblo?
Lo que más queremos es que nos acompañen y nos apoyen en lo que puedan. Y además que puedan ir a trabajar en el territorio para capacitar a nuestros jóvenes. Que puedan tener más conocimiento para poder seguir ayudando a los demás.
La idea nuestra es la búsqueda de la autonomía. Esa autonomía está costando mucho pero una vez que lo logremos vamos a ser actores directos de nuestra propia política interna de la comunidad y podremos hacer lo que queremos con nuestros propios recursos y podremos tener la posibilidad de decidir qué es lo que tenemos que hacer.